03/05/2018 Diario Vasco.- Este jueves se ha llevado a cabo la constitución de seguimiento de la Estrategia Vasca para Personas sin Hogar que persigue reducir al menos en un 20 % el número de personas que duermen en la calle en los grandes municipios de Euskadi para 2020
Las principales instituciones vascas han condenado las agresiones y las muestras de intolerancia y odio hacia las personas sin hogar, y se han comprometido a perseguir y castigar de forma «ejemplar» a los responsables de estas conductas, así como a prestar el apoyo necesario a las víctimas de este tipo de violencia o discriminación. Reclaman asimismo que la Fiscalía se «implique» en la persecución de estos hechos.
El Gobierno Vasco, las diputaciones forales, la Asociación de Municipios Vascos-Eudel, los ayuntamientos de los principales municipios de Euskadi y entidades del tercer sector han constituido este jueves en Vitoria la ‘Comisión de Seguimiento de la Estrategia Vasca para Personas sin Hogar 2018-2021’. Persigue reducir al menos en un 20 % el número de personas que duermen en la calle en los grandes municipios de Euskadi para 2020.
En la reunión las instituciones firmantes (la adhesión al documento es voluntaria) han aprobado una declaración en la que expresan su «más enérgica condena y rechazo a las agresiones, intolerancia y el odio contra las personas sin hogar».
«Aunque este tipo de episodios son infrecuentes en nuestro entorno, no se trata de casos aislados», ha explicado en Amilibia, que ha precisado que el 40 % de las personas sin techo han sido víctimas de robos y el 20 % de las mujeres han sufrido agresiones sexuales.
Según los datos del recuento de personas en situación de exclusión residencial grave realizado en 2016 en 24 municipios de Euskadi, ha detallado la viceconsejera, «apenas un tercio de las personas sin hogar señalan no haber sido víctimas de agresiones físicas, violencia sexual, timos, robos o insultos».
Ante esta situación la citada comisión de seguimiento ha decidido aprobar una declaración en la que recalca que «los delitos de odio contra las personas sin hogar constituyen una vulneración flagrante de los derechos humanos» y constata que «visibilizar y condenar estas agresiones es el primer paso para combatirlas».
Por ello, es «imprescindible sensibilizar al conjunto de la población y de las instituciones públicas» y también «reforzar el trabajo preventivo de las entidades sociales, los recursos asistenciales y los cuerpos policiales».
