El País.- La situación de los refugiados en los campos de Bangladés empeora cada año, y está provocando un gran daño en su salud mental. Human Rights Watch denuncia que el último abuso sobre ellos es que están siendo coaccionados para que acepten ser trasladados a una isla remota del país asiático.
Zaifur Hussein, refugiado de etnia rohinyá de 50 años, consiguió escapar del fuego que arrasó en marzo de 2021 los campamentos informales de Cox´s Bazar, en Bangladés, donde vivía como desplazado. Sin embargo, perdió su hogar, fue testigo de la muerte de decenas de personas y de cómo las cercas que rodean las carpas dificultaron la huida a sus vecinos.
La historia de este hombrefue compartida por la agencia Reuters en su cobertura del desastre, que fue devastador en estos asentamientos del sur del país habitados por más de un millón de refugiados. El fuego quemó miles de tiendas mientras los afectados se apresuraban para intentar recuperar sus pertenencias.
Antes de abandonar su tierra natal, estos desplazados soportaron una feroz campaña militar que amenazó a su supervivencia como pueblo.En 2017, el Ejército birmano invadió sus aldeas, destruyó sus viviendas y disparó contra quienes huían.El incendio del año pasado fue un nuevo golpe, porque perdieron lo poco que les quedaba de sus antiguas vidas o lo que desde entonces habían podido construir. “Cuando estábamos en Myanmar nos enfrentamos a muchos problemas… Destruyeron todo”, expresó Hussein a los periodistas. “Ahora ha vuelto a pasar”. Este cúmulo de sinsabores ha causado un impacto negativo en el estado psicológico y emocional de estos pobladores, tal y como han alertado recientemente distintas organizaciones humanitarias presentes en la zona.
“Con la llegada del fuego, los rohinyás comenzaron a hablar de nuevo sobre acontecimientos en Myanmar que habían tratado de olvidar”, explica en un correo electrónico Vinila Cattamichi, una de las responsables de los proyectos de salud mental de la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) en Cox’s Bazar. “Muchos de los refugiados tuvieron pesadillas y expresaron preocupaciones por su futuro”. Y mientras, en enero de este año se han quemado otra vez los campamentos. Al menos 300 refugios quedaron consumidos y otros 500, parcialmente dañados, así como diversos centros educativos apoyados por Unicef, 200 instalaciones de agua y saneamiento. En esta ocasión, no se registraron víctimas.
Los rohinyás son el grupo étnico minoritario musulmán más grande de Myanmar y también el más perseguido. En las últimas décadas, la discriminación y la opresión hacia esta comunidad no ha dejado de aumentar, y casi un millón de ellos ha tenido que marchar, detalla la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Bangladés en otro correo electrónico.
Esta minoría vive en un entorno de violaciones sistemáticas de sus derechos, incluida la eliminación de la ciudadanía: Tras la independencia de Myanmar en 1948 y la llegada de los uniformados al poder, el país asiático aprobó una la Ley de Ciudadanía que reconoció 135 etnias del territorio, pero dejó la rohinyá al margen. Estos afirman que ellos son indígenas del estado de Rakhine. Sin embargo, las autoridades de este país, mayoritariamente budista, señalan que son migrantes musulmanes que se originaron en Bangladés y emigraron a Myanmar durante la ocupación británica. El Gobierno birmano se refiere a ellos como “bengalíes” pese a que muchos de ellos pueden trazar varias generaciones de su árbol genealógico en el país que reclaman como su hogar.
Alrededor de 895.000 afectados han huido a países vecinos y se ha instalado en campamentos improvisados como el de Cox’s Bazar, que se encuentra al otro lado de la frontera con Rakhine, indica el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Sobre todo, desde que en 2017 comenzasen los ataques violentos en su lugar de origen. Solo entre agosto y noviembre de ese año, escaparon más de 600.000 rohinyás hacia tierras bangladesíes, según la ONG Save the Children.
En 2020, la pandemia de covid-19 complicó la situación en los campos, donde los refugiados viven hacinados y la higiene es inapropiada. Después,en noviembre de 2021, Bangladés comenzó el traslado de cien mil rohinyás a la isla remota Bhasan Char, a 60 kilómetros de la costa, en un plan anunciado cuatro años antes y muy criticado por las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Según Acnur, unos 17.000 refugiados residen actualmente en esta isla propensa a las inundaciones, alegando que es una medida necesaria para aliviar la aglomeración de Cox’s Bazar.
Las autoridades bangladesíes afirman quelas personas trasladadas aceptan de manera voluntaria. Mientras, la ONG Human Rights Watch (HRW) sostiene que se les está coaccionando y que algunos de ellos han sido enviados allí sin su consentimiento y se les impide regresar al continente.
A la difícil situación de los rohinyás se han sumado otros eventos climáticos estacionales extremos, como las inundaciones de julio de 2021, que dejaron a miles de personas sin hogar.
Este cúmulo de problemas, según explicó el pasado septiembre en una videollamada Sandra Zanotti, responsable de salud mental de MSF en uno de los proyectos de Cox’s Bazar hasta finales de 2021, “está agravando los problemas de salud mental que ya padecían los refugiados”, porque se han sumado nuevos duelos por las pérdidas de familiares y amigos. Por ejemplo, el fuego del que huyó Hussein mató, al menos, a 15 personas. Otras 400 desaparecieron y decenas de miles fueron evacuadas.
Los pacientes que visitaron al equipo de Zanotti habín dejado de relatar los traumas que vivían en Myanmar. “Sus preocupaciones se centran ahora en sus condiciones de vida, en su día a día”, aseguraba entonces la especialista. De hecho, de las consultas que recibió, el 35% fuede tipo psiquiátrico, un porcentaje que incluye la epilepsia, ya que estos pacientes eran atendidos por el mismo equipo de MSF.
Desde enero a noviembre de 2021 MSF atendió en Cox’s Bazar más de 26.500 consultas de salud mental individuales y 29.000 en grupo, según la oficina de esta organización. Casi todos los pacientes atendidos por Zanotti compartían el mismo sentimiento de desesperación. “Sienten que sus vidas no dependen de ellos mismos: no pueden regresar a su lugar de origen ni mejorar aquel donde viven. El hecho de querer tener el control sobre este tipo de situaciones, pero no tener la posibilidad, afecta su salud mental”, ejemplificó.
MSF también trabaja con un gran número de jóvenes. Este grupo no es mayoritario y presenta una vulnerabilidad propia “con preocupaciones de un fuerte tipo depresivo”, aseguró Zanotti. Sus problemas son similares a los de los adultos. Sin embargo, han perdido la posibilidad de escolarizarse, ya que, como denuncia en una llamada telefónica la doctora Ambia Perveen, presidenta del Consejo Europeo Rohinyá (ERC por sus siglas en inglés), “Bangladés no permite a los niños rohinyás ir a clase por temor a que esto anime a los refugiados a integrarse en la sociedad”.
Ahora algunos de estos adolescentes han cumplido 18 años, una edad en la que, de acuerdo a su cultura,deberían estar armando sus vidas. En cambio, ven que su futuro está truncado. “Roto”, según expresó la psicóloga Zanotti.
A medida que la escala de la crisis ha aumentado en los últimos años, también lo ha hecho la presión para encontrar soluciones. La experta explica que estos refugiados no buscan vivir mejor en los campos, sino volver a su hogar, un sentimiento que se ha hecho más fuerte con las restricciones pandémicas o cada vez que ocurre cualquier acontecimiento que les impacta directamente.
Como señala en un correo electrónico Phil Robertson, subdirector para Asia de HRW, “cada encuesta e investigación ha demostrado que esta minoría considera que Myanmar es su patria y está lista para regresar”.
Sin embargo, expone que estas personas han sufrido mucho e insistenen que sus derechosdeben ser reconocidos y protegidos si vuelven, algo en lo que Robertson se muestra de acuerdo. Ellosreclaman ser ciudadanos de pleno derecho, recuperar su libertad de movimiento y obtener algún tipo de supervisión internacional que garantice su protección, agrega el experto.
Ahora algunos de estos adolescentes han cumplido 18 años, una edad en la que, de acuerdo a su cultura,deberían estar armando sus vidas. En cambio, ven que su futuro está truncado. “Roto”, según expresó la psicóloga Zanotti.
A medida que la escala de la crisis ha aumentado en los últimos años, también lo ha hecho la presión para encontrar soluciones. La experta explica que estos refugiados no buscan vivir mejor en los campos, sino volver a su hogar, un sentimiento que se ha hecho más fuerte con las restricciones pandémicas o cada vez que ocurre cualquier acontecimiento que les impacta directamente.
Como señala en un correo electrónico Phil Robertson, subdirector para Asia de HRW, “cada encuesta e investigación ha demostrado que esta minoría considera que Myanmar es su patria y está lista para regresar”.
Sin embargo, expone que estas personas han sufrido mucho e insistenen que sus derechosdeben ser reconocidos y protegidos si vuelven, algo en lo que Robertson se muestra de acuerdo. Ellosreclaman ser ciudadanos de pleno derecho, recuperar su libertad de movimiento y obtener algún tipo de supervisión internacional que garantice su protección, agrega el experto.
El problema es que todas estas demandas están “cada vez más lejos de la realidad”, en opinión de Robertson. Sobre todo desde que la Junta militar birmana tomara el poder en un golpe de Estado el 1 de febrero de 2021.El activista señala que los mismos altos comandantesque dirigieron las atrocidades de 2017, “ahora disfrutan de poderes dictatoriales en el país”. Por lo tanto, con el ejército al mando, “los rohinyás reconocen que regresar ahora los sometería a más abusos de derechos y esoles obligaría a huir nuevamente”.
Robertson expresa que Bangladés no ve ninguna luz al final del túnel y, mientras tanto, la situación es cada vez más grave. Entre un pasado traumático y un futuro con pocas esperanzas, la salud mental de la minoría se está deteriorando
