Los casos denunciados por orientación política superaron por primera vez el año pasado a los de racismo, según la memoria de la Fiscalía contra los delitos de odio. El fiscal Miguel Ángel Aguilar propone que la discriminación por ser de una región española se incluya como agravante en el Código Penal
ORIOL SOLÉ ALTIMIRA. ELDIARIO.ES.- La compleja situación que vive Catalunya provocó el año pasado un nuevo aumento de las denuncias por discriminación política. Si en 2017 el incremento fue del 124%, el año pasado las denuncias que los distintos cuerpos policiales recibieron por discriminación política en Barcelona crecieron un 144%, pasando de 83 a 203. Así lo constata la memoria de 2018 del fiscal coordinador del servicio contra los delitos de odio de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar.
Este crecimiento se explica, a criterio de Aguilar, por el «contexto de tensiones sociales y políticas con una elevada polarización que está sufriendo la sociedad catalana especialmente a partir del mes de septiembre de 2017». De ahí que la orientación ideológica sea el primer motivo de discriminación en los atestados y en los procedimientos judiciales abiertos el año pasado (55,5%), superando por primera vez al racismo (18,6% del total de atestados de 2018). La tercera causa es la LGTBIfobia (16,1%), seguida de la discriminación religiosa (5,2%).
La memoria de la Fiscalía no concreta qué porcentaje de las denuncias por discriminación política se ha presentado por partidarios de la independencia o de la unidad de España, aunque resalta que el año pasado se abrieron «diferentes procedimientos judiciales por agresiones cometidas por motivos ideológicos a veces contra personas independentistas y en otras contrarias a dichas ideas». También se investigan actos vandálicos contra sedes o carpas de partidos políticos.
Una de las propuestas de Aguilar para combatir estos ataques y que ha sido acogida por la Fiscalía General del Estado es la reforma del Código Penal para incluir el origen nacional como nuevo motivo de discriminación. Se conseguiría así, razona el fiscal, «abarcar casos de discriminación cometidos contra españoles de origen extranjero, el origen territorial dentro de España o el uso de lenguas oficiales».
En el apartado de diligencias de investigación más relevantes abiertas en 2018 por el servicio de odio y discriminación del ministerio público destacan las pesquisas sobre los escraches y agresiones de grupos independentistas a actos de Sociedad Civil Catalana en la Universidad de Barcelona. Asimismo, la Fiscalía también investiga denuncias de personas en cuyas casas aparecieron carteles que los identificaban acompañados de mensajes en catalán como «fuera fascistas de nuestras calles», «señalemosles» y «muerte al fascismo».
Respecto a denuncias que ya están judicializadas, destacan las que se siguen en sendos juzgados de Barcelona contra miembros del denominado Moviment Identitari Català (MIC), un grupo de extrema derecha independentista. Uno de los casos versa sobre una paliza que una veintena de miembros de este grupo habría propinado a miembros del colectivo antiindependentista Tabarnia, mientras que algunos miembros del MIC también están investigados por delito de odio y asociación ilícita.
El fiscal Aguilar también expone que el ministerio público está tramitando «diferentes investigaciones» por denuncias presentadas por los abogados del expresident Carles Puigdemont por amenazas cometidas a través de Instagram. Y también apunta que un juzgado de Barcelona investiga una denuncia de dos diputados de ERC contra un policía nacional por, según su versión, insultarles y escupirles.
Más allá de lo relacionado con el procés, el fiscal advierte en su memoria de las trabas que encuentran las investigaciones por delitos de odio cometidos a través de las redes sociales e Internet, que suponen el 14% del total. Aguilar explica que varias de la denuncias tuvieron que ser archivadas al no lograrse identificar a sus autores, ya que ello dependía de comisiones rogatorias enviadas a EE. UU. –país donde están las sedes de la mayoría de redes sociales– y la justicia estadounidense no facilitó los datos personales de los usuarios amparándose en la libertad de expresión consagrada en la primera enmienda de su Constitución.
Del total de 412 procedimientos judiciales, 106 se tramitaron por delitos leves y 299 por diligencias previas y urgentes, y la mayoría abarcaron delitos de lesiones, amenazas, humillaciones, e incitación al odio. En conjunto, en 2018 se registraron en Barcelona 366 denuncias por delitos de odio o discriminación, el 31% más que el año anterior y el máximo desde que hay registros. La tendencia sigue al alza, frente a las 198 de 2016 y las 232 de 2015. La mayor parte de los hechos denunciados (86%) se cometieron de manera presencial, por solo un 14% en Internet y redes sociales.
Las denuncias por discriminación relacionada con la ideología o la orientación política fueron las únicas que aumentaron el año pasado en Barcelona. Los atestados relacionados con la LGTBIfobia cayeron un 12%, pasando de 67 a 59. Los referentes a actos racistas sufrieron un importante descenso –de 94 el 2017 a 68 el año pasado. Y las denuncias por discriminación religiosa pasaron de 24 a 19.
Este descenso, remarca Aguilar, «no debe restar importancia y atención a este tipo de discriminación que afectan seriamente a la convivencia, a la dignidad y a las condiciones de libertad y seguridad de muchas víctimas». Algunas de las investigaciones en estos ámbitos versan sobre actos vandálicos gratuitos contra la sinagoga mayor de Barcelona o al monumento en el parque de la Ciutadella a la transexual asesinada Sonia.
Propuestas contra aporofobia y racismo
El servicio contra los delitos de odio que lidera el fiscal Aguilar fue pionero en España. De nuevo en la memoria de 2018 el fiscal incluye propuestas que viene lanzando desde hace años para reformar el Código Penal para luchar contra las discriminaciones.
En este sentido, el fiscal vuelve a proponer reformar la ley de extranjería para que los migrantes en situación irregular que hayan sido víctimas de delitos de odio obtengan un permiso de residencia temporal «para sentirse más seguros» y que adquieran una mayor confianza en jueces, fiscales y policías y les sea más fácil denunciar. Asimismo, otra de las propuestas de Aguilar es incluir la aporofobia, esto es, el odio al pobre, como motivo de discriminación.
