Cada siete días hay una denuncia por delito de odio en la provincia. El procés y los atentados de Barcelona y Cambrils, claves en la subida
RAÚL COSANO. DIARI DE TARRAGONA.- Bomberos, mecánicos, dueños de gimnasio, concejales y hasta alcaldes.Y, por supuesto, ciudadanos en calidad de tuiteros. Todos ellos han pasado por sede judicial en la provincia investigados por un presunto delito de odio, una figura penal hasta ahora poco frecuente y minoritaria pero ‘in crescendo’.
En 2017 hubo 48 denuncias por delitos de odio y discriminación en la provincia, un 65% más que en el ejercicio anterior (29). Son cifras escasas, sin gran peso cuantitativo, pero que arrojan una tendencia al alza significativa, porque también se reproducen a nivel catalán y en todas las demarcaciones. La mayor parte (21) son delitos de odio por orientación política. En resumen, hay un delito de odio en la provincia cada siete días. Así lo reflejan las Memorias tanto de la Fiscalía de Catalunya como la de Tarragona.
Pero no sólo las convulsas situaciones políticas y sociales derivadas del Procés justifican el aumento registrado sobre todo en los últimos meses del pasado año. «Mossos d’Esquadra pone de manifiesto el aumento de los ámbitos de ideología y religión, debido a la situación vivida en Catalunya durante los meses de agosto a octubre de 2017. A raíz de los atentados terroristas del mes de agosto acaecidos en Barcelona y Cambrils los hechos relativos a los ámbitos étnicos, origen nacional o racial y el ámbito religioso aumentaron», sostiene la memoria de la Fiscalía de Catalunya.
El documento incide también en que «debido a la situación política en Catalunya, a partir del mes de octubre se produjo un incremento en el número de hechos recogidos en el ámbito de la orientación política».
Aumentos, todos ellos, para una casuística que ya ha llevado ante el juez a numerosos ciudadanos e incluso a cargos públicos. El mismo alcalde de Reus, Carles Pellicer, tuvo que declarar ante los tribunales por una presunta incitación al odio. En concreto, el edil fue interrogado por su responsabilidad en la redacción de un manifiesto que criticaba la presencia de agentes de refuerzo de la Policía Nacional en la capital del Baix Camp, en torno al 1-O.
Algo similar sucedió con los concejales reusenses de la CUP. Estos supuestos delitos de odio acabaron incluso con el arresto para una posterior declaración, ya que no comparecieron ante el juez cuando se les reclamó.
Bomberos señalados
Quizás el caso más célebre, también ocurrido en Reus, es el de Jordi Perelló, el mecánico denunciado por incitación al odio por negarse a reparar el coche particular de una agente de la Policía Nacional. El goteo de situaciones de este tipo ha sido constante y ha generado indignación y protestas por considerarse inoportunas e injustas y por emplearse para ir contra el independentismo.
También han pasado delante del juez varios bomberos del Parque de Reus acusados de un delito de odio. Fueron citados por las manifestaciones de los días después del referéndum, en el que algunos de los bomberos tomaron parte vestidos de uniforme.
El contexto político en Catalunya, con todos sus extremos, parece fundamental para entender la deriva. En los meses previos y posteriores al caldeado referéndum del 1-O, el clima de tensión política se disparó, incluso en la calle, y se sucedieron actos considerados de acoso, algunos a través de las redes sociales.
‘Police go home’
Olga Ricomà, vecina de Tarragona e hija del concejal de ERC en el Ayuntamiento, Pau Ricomà, declaró el pasado mes de abril en el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, por colgar en su balcón de la avenida Roma una pancarta con el lema ‘Police go home’ (policía, marcharos a casa) y por compartir la foto en Twitter. Fue la Policía Nacional quien denunció el caso y acusó a la joven de 33 años de un delito de odio.
En Catalunya los ejemplos recientes e instruidos judicialmente son abundantes. Entre ellos, figuran diez diligencias de investigación por comentarios xenófobos y discriminatorios contra los gitanos; tuits de contenido penalmente relevante a raíz de los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils; hechos delictivos contra sedes y cargos electos de varios partidos políticos por negarse a colaborar con el referéndum ilegal del 1-O; o expulsión de guardias civiles alojados en hoteles.
También ha habido procedimientos judiciales por publicación de vídeos cuyo contenido consistía en actos vejatorios contra personas sin hogar o por difusión de comentarios vejatorios contra los gitanos en Facebook.
Otros ejemplos más o menos recientes en Catalunya: la expulsión de los agentes de la Policía la Guardia Civil de los hoteles de Calella y Pineda donde estuvieron alojados durante el dispositivo para impedir el 1-O. Los insultos de un profesor de la Universidad de Barcelona contra el líder del PSC, Miquel Iceta, en la campaña para las autonómicas del 21-D: a través de Twitter, le acusó de tener «los esfínteres dilatados».
El papel de las redes sociales
Otra muestra vinculada también a los vaivenes políticos derivados del procés y también a la expresión y difusión en redes sociales: la alegría expresada por un joven de 20 años, vía Twitter, tras conocer la muerte del ex fiscal general del Estado José Manuel Maza. O los comentarios de algunos profesores del instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca, que recriminaron a alumnos hijos de guardias civiles la actuación de sus padres al reprimir el referéndum.
En Catalunya el incremento de esta tipología de hechos fue del 44%: de los 272 a los 393. Barcelona, con 279 casos, es la provincia con más denuncias al respecto. Tarragona aparece en la segunda posición, con esos citados 48 casos, por delante de los 33 de Girona y de los 29 de Lleida.
A pesar del incremento, en realidad sólo una pequeña parte de los delitos de odio producidos acaban transcendiendo. El informe Raxen de Movimiento Contra la Intolerancia asegura que el índice de delitos de odio que no son denunciados es muy elevado. Por ello, la cantidad de hechos de esta tipología que se producen suele ser mucho más alta, en comparación con los que llegan a manos de la autoridad judicial.
