ABC.- La escalada violenta de las bandas juveniles crece en los últimos años a la par que su arsenal. Los bolomachetes, cuchillos de grandes dimensiones empleados para cortar caña, siguen siendo los reyes del fenómeno en número, pero las armas de fuego preocupan cada vez más: al extendido uso de las pistolas de fogueo y de ‘airsoft’ manipuladas y las escopetas con los cañones recortadas se suma un notable incremento de las armas cortas reales y la presencia, por primera vez, de fusiles de asalto, más propios de un contexto de guerra.
Fue el pasado martes cuando la Policía Nacional dio cuenta de una de las operaciones más singulares contra este tipo de grupos: el desmantelamiento de una facción de los Dominican Don’t Play (DDP) dedicada al tráfico de armas y a cometer ‘vuelcos’ con ellas simulando ser policías. Los agentes de la Comisaría General de Información y la Brigada Provincial de Información de Madrid trazaron una compleja investigación, que el Juzgado de Instrucción número 32 llevó a buen puerto con la orden de entrada y registro en cuatro inmuebles de Valdebebas: dos viviendas, un trastero y un local.
Dos pandilleros del ‘coro’ de Campamento, uno de los más voraces de la capital, fueron detenidos por su presunta participación en los delitos de tenencia y tráfico ilícito de armas de fuego prohibidas y municiones, tráfico de sustancias estupefacientes, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Aunque lo más llamativo llegaría desde el punto de vista material, dos pistolas (una con los números de referencia borrados), una escopeta con los cañones recortados y un arma larga tipo fusil de asalto; algunas simuladas y el resto operativas, listas todas para ser vendidas a otros miembros de la banda.
Los investigadores estiman que los arrestados sustraían bienes pertenecientes a otros grupos o bandas simulando ser agentes de la autoridad
Los agentes localizaron, además, gran cantidad de munición y diversos efectos que vinculaban a los arrestados con la comisión de ‘vuelcos’ o ‘caídas’ contra otras bandas rivales como chalecos balísticos, ropa táctica, copias metálicas de placas y emblemas, dispositivos luminosos prioritarios o sistemas de radio y telecomunicación, similares a los que emplean habitualmente las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Un arsenal, en definitiva, que evidencia la capacidad para rearmarse de las bandas.
Hace cuatro años, la Policía Nacional puso el foco en los locutorios al considerarlos el mayor punto de conexión entre los grupos asentados en España y los que actúan al otro lado del Atlántico. Las pesquisas se dirigían entonces al tráfico de dinero, de información y en menor medida de armas cortas, si bien los investigadores no consideraban alarmante el suministro de pistolas y fusiles y apuntaban a la utilización de escopetas como la amenaza principal de esta peligrosa situación. Ahora, a tenor de lo incautado, la consideración parece haber cambiado.
Adulteración letal
Los expertos cifran entre 500 y 1.000 euros el precio de una pistola, de un calibre pequeño como el 22 (usado por los sicarios colombianos), o del 9 parabellum, el más extendido y popular del mundo. Algunos clanes de la Cañada Real Galiana y la ‘dark web’, la red oculta de internet donde casi todo se puede comprar, son los dos mercados a los que suelen acudir. Las adquisiciones, en su mayoría, provienen de Europa del Este.
Con todo, las armas de fuego manipuladas, las conocidas ‘chilenas’, representan aún el grueso de las incautadas, cuya misma adulteración deja a veces consecuencias funestas. Prueba de ello es lo ocurrido hace años en un piso okupado de la avenida de Abrantes (Carabanchel), donde un DDP mató a su hermano cuando preparaba una escopeta recortada. La víctima, de apenas 19 años, murió por un disparo fortuito en el hemitórax derecho, efectuado en el interior del domicilio.
Dentro de las armas blancas, son los llamados bolomachetes, con hojas de hasta 45 centímetros, los que más abundan en las calles. El hecho de que se puedan adquirir sin permiso en cualquier armería, siempre que no estén afilados, obliga a los expertos policiales a probar que sus portadores pertenecen a una banda. Solo así se les puede acusar de tenencia ilícita de armas.
