Médicos y enfermeras advierten que, con la pandemia, se ha desatado la violencia contra el personal sanitario sin que la administración adopte medidas
JOSEP MARÍA CASAS. ECONOMÍA DIGITAL.- Médicos y enfermeras constatan que, año tras año, aumentan las agresiones contra los profesionales sanitarios y que, durante la pandemia de coronavirus, se han disparado. Aunque el Ministerio de Sanidad todavía no dispone de datos oficiales, los profesionales insisten en que la violencia contra sanitarios alcanza dimensiones de “lacra”. Denuncian que partir el brazo a un sanitario “sale muy barato” y que las administraciones no están tomando medidas para protegerles.
La doctora María José Campillo indica que la “saturación” del sistema sanitario (las interminables listas de espera, las demoras en urgencias, la masificación, …) es uno de los motivos del aumento de la violencia contra sanitarios pero no el único. Apunta directamente a las administraciones y, concretamente, a quienes las gobiernan.
Campillo es médica en Murcia y secretaria de finanzas de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). Reprocha a los políticos que animen a los ciudadanos a reclamar sus derechos y que, luego, no les pongan los medios para ejercerlos. Que hablen de sanidad universal sin disponer de las plantillas sanitarias para hacer que sea una realidad. O que publiciten “una sanidad del primer mundo cuando los presupuestos son del tercero”.
Esta doctora murciana recalca que los políticos no están asumiendo sus decisiones. Recuerda que las grandes decisiones en sanidad no las toman los médicos, sino las administraciones, aunque son los profesionales los que “pagan el pato”. A menudo, el nerviosismo de los pacientes por la saturación sanitaria se traduce en agresiones hacia los médicos, aunque ellos no son los responsables de la situación.
Indica que es evidente que el sistema sanitario está saturado. Recuerda que, con la pandemia, incluso hay dificultades para acceder al médico de familia: “Se están dando citas para diez, doce o catorce días. ¿Y quién ha decidido que esto sea así? Pues nosotros no. Son los políticos los que no ponen los medios”.
Atentado contra autoridad pública
Una modificación del Código Penal en 2015 equiparó las agresiones a los médicos a un delito de atentado contra autoridad pública. Sin embargo, esta medida solo amparó a los profesionales de la sanidad pública, no a los de la privada.
Aunque se aplique el Código Penal, Campillo indica que la mayoría de las condenas impuestas por agresiones a médicos son irrisorias. “Pegar a un médico sale barato”, lamenta. Las sanciones son de poca monta y, en muchos casos, los agresores se declaran insolventes.
Eso no significa que, en algunas ocasiones, se hayan impuesto penas de prisión, aunque leves. Recientemente, un juzgado penal de Palma de Mallorca condenó a seis meses de cárcel, 90 euros de multa y 940 euros de indemnización por lesiones a una paciente golpeó la cara de la doctora de guardia con el teclado de un ordenador. Exigía la prescripción de psicofármacos. El juez la condenó por atentado contra la autoridad.
Los sanitarios reciben más amenazas, incluso de muerte, que agresiones. Pero las amenazas también afectan anímicamente.
Muchas agresiones, pocas denuncias
María Labrador es enfermera de urgencias. Ha trabajado en diversos centros de Extremadura y Andalucía. Confiesa que, en ocasiones, ha pasado miedo. “No sabes si al salir te va a esperar alguien que te amenazó durante el turno porque entendía que se había tardado en atender a un familiar”, relata.
También es adjunta a la secretaria de organización y portavoz nacional de Satse, el sindicato mayoritario de la enfermería. Hace unos años lanzaron la campaña “Stop agresiones”, para informar, sensibilizar y visibilizar este problema. Labrador subraya que no se trata de son casos aislados: “es una lacra”.
Con motivo de la campaña, Satse realizó una encuesta que apuntó que ocho de cada diez enfermeras sufrieron un episodio de agresión grave, verbal o física, a lo largo de su carrera profesional. Pero lo más grave es que solo una de cada diez lo denunció.
Este sindicato reclama al Ministerio de Sanidad y a las consejerías autonómicas del ramo que acuerden un proyecto de ley contra las agresiones en el ámbito sanitario. Labrador indica que es “muy importante” que la futura ley incluya un plan de prevención de los servicios de salud de las diversas comunidades. También proponen la creación de un “observatorio autonómico” contra la violencia de la que son víctimas los profesionales sanitarios.
Indica que la norma debería contemplar la colaboración con el Ministerio de Interior para que los profesionales “se sientan protegidos desde el primer momento”.
Las conversaciones con las administraciones sobre el proyecto de ley contra las agresiones se pararon cuando se declaró la pandemia. Las enfermeras urgen a reanudar las negociaciones cuanto antes.
Datos oficiales
Labrador apunta que se han cansado de pedir al Ministerio de Sanidad datos actualizados sobre agresiones que sufren los profesionales. Los últimos datos oficiales son de octubre de 2019, cuando el ministerio de Salvador Illa presentó al Consejo Interterritorial del Servicio Nacional de Salud (SNS) un avance de un informe, pero sobre datos del 2018, año en el que se notificaron 9.741 agresiones. Este número equivale a 15,89 por cada 1.000 profesionales del SNS, pero debe tenerse en cuenta que muy pocas incidencias acaban denunciándose.
El 30% de las agresiones notificadas son de personal de enfermería y otro 33% son médicos. El 78% de las denunciantes son mujeres.
Se produce una agresión física por cada 4,4 agresiones verbales. La principal causa alegada es la percepción del paciente sobre la atención recibida.
