EFE. LA VANGUARDIA.- La pandemia de COVID-19 ha hecho crecer la xenofobia contra los rohinyás en Malasia, donde viven en torno a 100.000 refugiados de esta oprimida minoría musulmana procedente de Birmania, mientras el Gobierno empuja de vuelta al mar a barcos con centenares de personas que intentan llegar a sus costas.
La semana pasada, al menos 350.000 personas firmaron en varias campañas online en la plataforma Change.org, que fueron borradas posteriormente, pidiendo al Gobierno malasio que expulsara a todos los rohinyás del país, y se han producido varios incidentes de hostigamiento, entre ellos un vídeo que se hizo viral de un malasio insultando a un jardinero rohinyá.
«La campaña está muy organizada, con la producción de una gran cantidad de material que incita deliberadamente al odio y la xenofobia. Ha generado muchos bulos, como que los rohinyás exigen la ciudadanía o son terroristas en potencia. Estos no son asuntos que surgen de forma espontánea», señala a Efe Lilianne Fan, directora de la ONG Yayasan Geutanyoe, dedicada a trabajar con refugiados.
ANSIEDAD ANTE LA COVID-19
Fan considera que uno de los factores del repunte de xenofobia contra los rohinyás es la «ansiedad ante la COVID-19», de la cual se han detectado casi 6.000 casos en Malasia y han fallecido 100 pacientes, además de causar el cierre de las fronteras y férreas medidas de contención, que, según Fan, además han llevado a que la mayoría de los rohinyá pierda sus trabajos.
La relativamente próspera Malasia es, desde hace años, uno de los destinos preferentes de los rohinyás que huyen de la opresión que sufren en Birmania, donde la inmensa mayoría carecen de ciudadanía al ser considerados «inmigrantes ilegales» procedentes de Bangladés y han sufrido oleadas de violencia desde hace decenios.
En Malasia, país de mayoría musulmana, los rohinyás han encontrado un refugio seguro en comparación con su país de origen y pueden encontrar trabajo en sectores como la construcción, pero su posición es extremadamente precaria, ya que la mayoría no son reconocidos oficialmente como refugiados y han de vivir como inmigrantes ilegales en una sociedad que a menudo los mira con desconfianza.
Según Fan, la reciente oleada de racismo delata «la necesidad urgente de que el Gobierno trabaje en desarrollar un marco legal y las políticas apropiadas sobre los refugiados (…) y de trabajar para mejorar las relaciones entre los refugiados y la comunidad de acogida, que han sido desatendidas durante demasiado tiempo».
BARCOS A LA DERIVA
La reciente campañas de odio contra los refugiados comenzó después de que la Marina malasia interceptaran el pasado 16 de abril un barco con unos 200 rohinyás acercándose a su costa y, alegando que los «inmigrantes indocumentados» podrían «traer la COVID-19», lo empujaran de vuelta a alta mar donde continúa varado con otros barcos, que también son rechazados por otros países de la zona.
Ese mismo día, otro barco rechazado anteriormente por las autoridades malasias llegó a Bangladesh con 396 rohinyás gravemente desnutridos tras dos meses en el mar en los que murieron al menos 28 personas por falta de comida y agua, según los guardacostas bangladesíes.
«No estamos seguros de cuantos barcos hay actualmente abandonados en el mar. Sabemos que hay dos, pero creemos que puede haber un tercero y posiblemente más. Por lo que sabemos, todos ellos partieron de Bangladés», señala a Efe Chris Lewa, fundadora de la ONG Arakan Project, que lleva años estudiando los flujos migratorios de los rohinyás.
Según Lewa, no hay indicios de que la pandemia de COVID-19 haya hecho que aumente el tráfico de personas rohinyás en el Golfo de Bengala, pero ha servido de excusa a los gobiernos para rechazarlos y, según Amnistía Internacional (AI), hay unos 500 rohinyás, incluidos niños, en barcos varados en la Bahía de Bengala después de que Malasia y Bangladés les impidieran la entrada.
ECOS DE LA CRISIS DE 2015
La presencia de barcos con refugiados rohinyás abandonados en el mar trae ecos de una crisis similar acaecida en 2015, cuando varios barcos con al menos 10.000 rohinyás vagaron en el Golfo de Bengala durante semanas, algunos de los cuales murieron en alta mar hasta que los gobiernos de Malasia y Tailandia decidieron permitirles desembarcar.
Hasta entonces, y según cifras de la ONU, entre 2012 y mayo de 2015, unos 170.000 rohinyás procedentes del estado de Arakan (en el oeste de Birmania) se pusieron en manos de redes de tráfico de personas para huir a Malasia o Tailandia, pero las autoridades de esos países lograron a mediados de 2015 desmantelar dichas redes, por lo que el uso de esas rutas se vio reducido al mínimo.
En aquel momento, se calculaba que vivían en Arakan algo más de un millón de rohinyás, pero en agosto de 2017, el ejército birmano lanzó una campaña militar contra ellos, tras varios ataques de insurgentes del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán (ARSA) contra puestos policiales y militares.
El operativo militar, por el que Birmania ha de defenderse de la acusación de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, causó el éxodo de unos 725.000 rohinyás a la vecina Bangladesh, que continúan viviendo en el mayor complejo de campos de refugiados del mundo.
