Bogotá, 1 mar (EFE).– El Gobierno colombiano mantiene un delicado equilibrio con la comunidad internacional que por un lado le pide más compromiso con la paz y más acciones contra la violencia que se ha cobrado la vida de numerosos líderes sociales y exguerrilleros de las FARC, al tiempo que elogia la acogida que le brinda a millones de migrantes venezolanos.
La Unión Europea, la ONU, Estados Unidos y España, entre otros, han manifestado a la administración del presidente Iván Duque su preocupación por la violencia contra los líderes sociales y por los ataques verbales a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en su trabajo para ofrecer verdad, justicia y reparación a las víctimas del conflicto armado.
«Nos parece que hay que seguir impulsando la JEP y ese es el mensaje que yo he transmitido aquí, un mensaje que es muy claro», manifestó la ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, al concluir el fin de semana una visita de tres días a Colombia.
Los ataques contra la JEP, incluso con propuestas de que sea eliminada, se han intensificado desde que hace dos semanas ese tribunal de justicia transicional reveló que el número de jóvenes ejecutados por militares para presentarlos como guerrilleros muertos en combate, política conocida como de «falsos positivos», es el triple de los casos investigados por la Fiscalía.
Según la JEP, la cifra real de víctimas de los «falsos positivos», uno de los capítulos más infames del conflicto armado colombiano, es de 6.402 y la mayoría de esos crímenes fueron perpetrados entre 2002 y 2008, periodo que coincide con el Gobierno de Álvaro Uribe.
A la defensa de la JEP se sumó el embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, quien el viernes se reunió con el presidente de ese tribunal, el magistrado Eduardo Cifuentes, «para discutir el valor que nuestras dos democracias otorgan a la importancia de respetar la independencia judicial».
CRÍMENES SIN FIN
En cuanto a los asesinatos de líderes sociales, son unos crímenes que parecen no tener fin y que se convirtieron hace tiempo en una piedra en el zapato para el Gobierno por las denuncias internas que ya trascendieron las fronteras, especialmente después de un informe de Human Rights Watch (HRW) que el mes pasado acusó al Estado de tener una reacción «lenta y deficiente» ante esa ola de violencia.
Según ese informe, más de 400 defensores de derechos humanos fueron asesinados en el país desde noviembre de 2016 cuando el Gobierno y la entonces guerrilla de las FARC firmaron el acuerdo de paz para poner fin a un conflicto armado de más de medio siglo.
La Defensoría del Pueblo, por su parte, asegura que la orgía de sangre es más aún grande, pues entre 2016 y 2020 fueron asesinados en Colombia 753 líderes sociales y que el año pasado fue el más violento contra los defensores de derechos humanos con 182 crímenes.
De inmediato, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, expresó la preocupación de Washington «por la violencia en curso contra los defensores de los derechos humanos, quienes desempeñan un papel vital en la construcción de una paz justa y duradera en Colombia».
«Tuve ocasión de hablar con el presidente del acuerdo de paz, de las instituciones del proceso de paz y del progreso en la labor de esas instituciones (…) porque para nosotros como Gobierno de España esta es una prioridad», dijo por su parte a Efe González Laya, quien también se reunió en Bogotá con los presidentes de la JEP, de la Comisión de la Verdad y de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).
Una posición similar expresó la UE que tras la publicación, la semana pasada, de otro informe sobre la violencia en Colombia, elaborado por la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, volvió a llamar la atención sobre la situación en el país.
El Gobierno colombiano atribuye la violencia desbordada al narcotráfico en su propósito de acumular la mayor cantidad de tierras para los cultivos ilícitos y a la disputa por esos territorios con otras organizaciones armadas ilegales, como las disidencias de las FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Para responder a las críticas, el Gobierno cita datos de la Fiscalía según las cuales en el último año se esclareció el 63,52 % de los homicidios de defensores de derechos humanos, y el 52,71 % en casos de exguerrilleros y sus familiares, resultados que si bien son un avance, no atacan la raíz del problema, que es la violencia contra esos dos grupos, ni evita que se cometan los crímenes.
APLAUSOS POR ACOGIDA A LA MIGRACIÓN
Pero si el Gobierno recibe una de arena de la comunidad internacional por el incremento de la violencia, la de cal le llega por el trato que está dando a la migración venezolana.
En ese sentido, Duque ha cosechado aplausos por el Estatuto de Protección Temporal para migrantes venezolanos, que tendrá una vigencia de 10 años y con el cual Colombia busca acoger legalmente a unos dos millones de personas que emigraron del país petrolero por la crisis que allí se vive.
«Esto es un hecho de paz, de humanidad y de fraternidad», expresó Duque hoy al firmar el documento.
Esta iniciativa ha sido reconocida por líderes de organismos internacionales, por el papa Francisco e incluso por el presidente estadounidense, Joe Biden, en una carta que dirigió a Duque.
Más allá de las felicitaciones por el manejo de la migración, el tiempo juega en contra del Gobierno, al que quedan 18 meses, con la gestión de la pandemia y la vacunación contra la covid-19 de por medio, para tratar de mostrar al mundo otra cara de Colombia en lo que a protección de los derechos humanos se refiere.
