Belén Rubido, juez decana de Pontevedra, destaca que aunque en su juzgado se mantiene la media habitual de denuncias por violencia machista, este delito supera a los demás
CRISITNA HUETE. EL PAÍS.- Belén Rubido De la Torre atraviesa las calles fantasmales de Pontevedra y accede al antiguo edificio judicial de A Parda. Es la juez decana y titular del Juzgado de lo Penal 4, especializado en violencia machista. Antes de acceder al inmueble judicial, la magistrada se enfunda los guantes. “Estamos razonablemente protegidos, con desinfecciones constantes, especialmente en las zonas más transitadas. La Xunta y el Estado nos han enviado una partida con guantes, geles y mascarillas. Yo uso los guantes, me preocupa el ascensor, los picaportes de las puertas… La mía la tengo abierta y mantengo en todo caso la distancia social”, explica en las primeras semanas de la crisis sanitaria.
Desde que se decretó el estado de alarma, los jueces (5.191 con plaza en España de los que 2.845 son mujeres y 2.346, hombres, según datos del Consejo General del Poder Judicial) trabajan en turnos presenciales y de disponibilidad. De esta forma, en cada jurisdicción hay un magistrado en contacto telefónico con los que están en el turno de disponibilidad y si surge algo, les llaman para pedirles su criterio.
“Hay poca actividad, pero los juzgados no están cerrados y aunque los funcionarios no estén físicamente aquí, están igualmente disponibles”, sostiene Rubido en conversación telefónica. Y explica que durante este periodo excepcional se celebran solo los juicios de un listado de 12 prototipos, considerados servicios esenciales, que incluyen causas con preso preventivo, servicio de guardia (protección de menores y violencia machista entre otros), internamientos psiquiátricos, Registro Civil (fundamentalmente fallecimientos porque es necesaria la licencia de enterramiento), causas relacionadas con los ERTE en el juzgado de lo social y en el contencioso, causas por incumplimientos del confinamiento obligatorio.
No obstante, la disminución de la actividad judicial no afecta al Juzgado de violencia de género, al menos en Pontevedra. “Lo que más ha habido hasta el momento han sido denuncias por violencia de género. Es el juzgado de mayor actividad y el delito que más se produce en estos momentos del estado de alarma”, afirma Rubido, si bien puntualiza que se mantiene la media habitual de denuncias. “No es que haya más casos de los habituales, pero sí más que de otros delitos”, precisa.
Los casos se gestionan “con los mismos dispositivos telemáticos”. Los técnicos del Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento (Cometa) “siguen realizando su función y las incidencias se resuelven igual que antes”, afirma la magistrada.
Además, mientras que los juzgados de guardia atienden las causas con preso de los otros juzgados de instrucción o mixtos de su partido judicial, por lo que no es necesaria la presencia de funcionarios en esos órganos, los juzgados especializados en violencia sobre la mujer sí mantienen un funcionario “por la urgencia y singularidad de su función”.
Si los delitos de violencia machista son los que más se producen en Pontevedra durante el estado de alarma, lo que más repuntan son las detenciones por requisitorias, las órdenes judiciales de búsqueda y captura de sospechosos.
“Como se está realizando mucha identificación y hay mucha presencia policial en las calles, hay también más detenidos, personas que son reclamadas por juzgados de otras provincias”, sostiene la decana.
En lo que respecta a los juicios que se celebran, se utilizan medios telemáticos. Y sin togas: El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha levantado la obligación del uso de las togas para evitar riesgo de contagios.
Durante las tres primeras semanas del estado de alarma, Rubido ha tenido dos causas con presos. “Hemos tomado las declaraciones por videoconferencia, no hemos permitido los traslados: no tienen sentido asumir el riesgo de traer a los presos desde la cárcel de A Lama y con ellos a los guardias que los trasladan”, explica. Los abogados han podido participar también desde una sala virtual. Estas medidas tomadas desde el inicio se complementarán ahora con las incluidas en el plan de desescalada.
La magistrada afirma, de otra parte, que ha detectado “al menos en Pontevedra” que hay “mucha precaución y mucho civismo en la población, que ahí es muy envejecida». “Todos tenemos padres y yo tengo miedo de ir a ver al mío. No quiero contagiarlo. Estamos haciendo todos un gran esfuerzo”, apunta, matizando que no tiene constancia de que en Pontevedra haya pasado nadie a disposición judicial por incumplir el decreto de alarma, a diferencia de otras provincias gallegas.
Tampoco ha detectado problemas en el colectivo judicial. “Aquí nadie ha cogido bajas coincidiendo con esta crisis; la gente está dispuesta a venir a trabajar, quieren colaborar. Nadie pone excusas. Creo que los jueces estamos dando la talla”, sostiene.
