Ocho acusados van a juicio por la agresión sexual. La menor quedó embarazada y se le negó un aborto
JOSEFINA LOPEZ MAC KENZIE. EL PAÍS.- Hace casi cuatro años, ocho hombres violaron a una niña indígena en un paraje rural de la provincia de Salta, en el norte de Argentina. La víctima, de la etnia wichí, tenía entonces 12 años, un retraso madurativo evidente y vivía en la indigencia. El ataque pasó inadvertido hasta seis meses después, cuando la menor, embarazada de un feto sin esperanza de vida, atravesó una cesárea en condiciones críticas. El caso se convirtió en un icono de la lucha por el aborto legal, en momentos en que el tema no estaba aún en la agenda política del país sudamericano. Este martes, los acusados se sentaron frente al tribunal que deberá juzgarlos.
El 28 de noviembre de 2015, A.M.S. –iniciales de la niña–, no volvió a su casa. Sus familiares la encontraron un día después en una cancha de fútbol de pueblo, inconsciente. Según testigos, fue atrapada cuando estaba con unas amigas y arrastrada hacia una zona de arbustos, donde fue violada por un grupo de varones. Todo ocurrió en Alto de la Sierra, una localidad perdida en el monte, cerca de la frontera con Bolivia y Paraguay, donde viven unos dos mil habitantes, el 60% de ellos de origen wichí y chorote. Todos se las arreglan como pueden con lo poco que hay, entre la hostilidad del clima y la indiferencia de Estado. Recorrer los 480 kilómetros que separan Alto de la Sierra de la capital de la provincia lleva más de diez horas, si no llueve. Sus habitantes soportan temperaturas de hasta 50 grados y muchos viven en ranchos de barro, a 70 kilómetros del primer asfalto. Y en otro tiempo.
Monte adentro no siempre hay médico o ambulancia. Mucho menos kits para emergencias, tests de embarazo o información en los idiomas de las comunidades originarias que pueblan la región. Para los wichís fue un verdadero calvario constatar la violación, lograr que la justicia escuche a la niña en su lengua materna y “hacer bajar al territorio”, como dicen ellos, a algunos diputados. El desafío fue interesar a la política en el caso.
En Alto de la Sierra se vive de la cría de animales y se hacen artesanías con palo santo y fibra de chaguar. El pueblo sólo tiene señal de Internet en la escuela –llegó a través de una fundación– y en el destacamento policial. En 2017, los baños del hospital pasaron un año sin agua. Fue allí donde un periodista registró que un adolescente wichí pasaba los días encerrado en una jaula casera, sin atención para una discapacidad mental. La difusión del vídeo llegó a los medios nacionales.
El inicio del juicio tensó a una comunidad en la que todos se conocen. Nicasio y Francisca, padres de la niña, fueron los primeros citados por los jueces de Tartagal, la ciudad donde se realizan las audiencias. Viajaron 300 kilómetros para testimoniar a través de un intérprete. En esa misma ciudad esperan presos los ocho imputados por “abuso sexual con acceso carnal calificado por el número de autores”. Los fiscales a cargo de la investigación consideraron probado que los acusados se valieron de la violencia y de las condiciones psíquicas y físicas de la niña para atacarla en grupo. El 28 de febrero estará la sentencia, que puede alcanzar hasta los 20 años de cárcel para cada detenido.
Julio Díaz es el presidente de la comunidad Chofway, a la que pertenece la familia de la niña. “Nosotros acá tenemos un conocimiento total de que fue una violación y esperamos justicia. Queremos confiar en la justicia”, dice por teléfono. El juicio suma tensiones. Sandra Pisco, intérprete de wichí-español dijo que fue amenazada por “por la gente de los detenidos”. “Saben dónde vivo. Siento miedo por mí y por mi familia. Me siento sola en esto”, denuncia.
#Justicia por Juana
A medida que los jueces escuchen las versiones de casi 70 testigos, volverá a oírse en la sala la historia del embarazo de una niña. Tras la violación, sus días continuaron en el mayor de los desamparos. En las redes sociales, la campaña “#Justicia por Juana”, por el nombre que pusieron a la menor, denunció que el caso estaba amparado por ley por uno de los supuestos del aborto no punible. Pero en junio de 2016, una junta médica resolvió practicar a la niña una cesárea en el hospital Materno Infantil de Salta. El feto tenía una patología terminal y murió enseguida.
En Salta, además, regía entonces uno de los protocolos para la atención de víctimas de violencia sexual más restrictivos del país. Según esa guía local, ordenada por el gobernador Juan Manuel Urtubey en contra de leyes nacionales, el aborto podía solicitarse sólo hasta la semana 12 de gestación. En Salta, una fortísima impronta católica (recién el año pasado dejó de regir allí la formación religiosa curricular para la escuela primaria) va de la mano con la objeción de conciencia de muchos médicos.
Junto al caso de “Belén”, una joven tucumana encarcelada luego de atravesar un aborto espontáneo, el de “Juana” llegó al Congreso durante la discusión por la legalización del aborto el año pasado. En ese contexto, Urtubey decidió derogar su protocolo y adherir al que rige en todo el país, que no pone límites temporales.
Según cifras de Unicef, los hogares indígenas tienen los peores indicadores educativos, sanitarios y sociales del país, y de ellos, los de Salta están entre los más postergados. A.M.S. creció en un hogar precario, mal alimentada y sin educación. Y cuando fue abusada, falló todo el sistema de protección a una víctima “sumida en un estado paupérrimo de indigencia”, como describió el juez de la Corte provincial Abel Cornejo, autor de un pedido de jury contra los primeros instructores de esta causa, que no prosperó.
