23/07/2018 La Vanguardia.- La intención del Ministerio del Interior de retirar las cuatro medallas pensionadas al exinspector de policía Antonio González Pacheco, ‘Billy el Niño‘, famoso por sus palizas y malos tratos a detenidos en la Transición, está llena de escollos. El principal es la sentencia del 16 de diciembre de 2010 en la que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le dio el derecho a la pensión por una de las condecoraciones, la que recibió en 1982. Esa sentencia estuvo sin ser ejecutada durante un año, hasta que en enero de 2012, menos de un mes después de que Jorge Fernández Díaz tomara posesión como ministro del Interior, mandó acatar el fallo y pagar la pensión. Ahora, fuentes conocedoras del caso ven prácticamente imposible revertirla salvo que el Gobierno indemnice a ‘Billy el Niño’. Fuentes jurídicas señalan que en este caso difícilmente serviría ni una nueva ley, como la que el Ejecutivo planea para sacar a Franco del Valle de los Caídos.
El 30 de marzo de 1982, Interior concedió la medalla de plata al mérito policial a la Brigada Central de Información del entonces llamado Cuerpo Superior de Policía. Uno de los beneficiados fue González Pacheco, que antes había sido número dos del famoso comisario Conesa en la Brigada Político Social. Aquella era una medalla colectiva que no conllevaba pensión. Al menos fue así durante casi 20 años. Pero en 2000, el Supremo interpretó que esas medallas sí tenían pensión. Cambiaba la interpretación sobre la ley de medallas de 1964 que regían el asunto. En 2007, ‘Billy el Niño’ pidió su pensión al ministerio y el 16 de abril de ese año, con el PSOE en el poder, Interior se la denegó. No fue un caso único. Muchos policías reclamaron la misma pensión y obtuvieron idéntica respuesta.
González Pacheco acudió a los tribunales para reclamar su pensión. Su caso cayó en la sección séptima de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La sentencia, a la que ha tenido acceso El Confidencial, recuerda el cambio de criterio del Supremo cuando decidió que «las distinciones y recompensas constituyen una manifestación de la actividad administrativa de fomento, ya que van dirigidas a estimular comportamientos que se estiman beneficiosos para los intereses generales». Ante la confusa redacción de la Ley, el Alto Tribunal decidió inclinarse «a favor del carácter pensionado de la condecoración que a lo contrario, puesto que lo primero supone adicionar el estímulo económico al inicial acicate que comporta toda mención honorífica».
En conclusión, que toda la Brigada Central de Información, a la que pertenecía ‘Billy el Niño’, se podía acoger a la nueva interpretación. Según esta, «la concesión a título colectivo de la medalla de referencia llevará consigo no solamente el efecto honorífico sino también económico, pues, como decíamos, su otorgamiento al grupo mencionado en consideración a los méritos de sus integrantes se deberá entender que lleva aneja la pensión correspondiente al no disponer lo contrario el texto legal». ‘Billy el Niño’ reclamaba cobrar la pensión, que supone un 10% de aumento, desde 2002, pero la sentencia rebaja el plazo a 2003 con intereses. La sentencia es del 16 de diciembre de 2010.
Entonces era ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba. La Abogacía del Estado no recurrió la sentencia porque la sentencia del Supremo daba poco margen. Pero el ministerio fue dando largas a la ejecución del fallo hasta que el Tribunal ordenó hacerlo. Un año después, en diciembre de 2011, Jorge Fernández Díaz sustituyó a Antonio Camacho, que a su vez había remplazado a Rubalcaba, en la cartera del Interior. El 2 de enero de 2012, Ignacio Cosidó tomó posesión como secretario de Estado de Interior y en solo unos días, el 11 de enero de ese año, firmó la ejecución de la sentencia y ‘Billy el Niño’ comenzó a cobrar su medalla pensionada.
Poco después, el pasado alcanzó a Billy el Niño, que había dejado la policía en los 80 para pasar al sector privado… y al anonimato. En 2013, la justicia argentina comenzó a perseguirlo por toruturas cometidas en los 70 en España. La Audiencia Nacional rechazó extraditarlo pero ya no volvería a pasar desapercibido. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica pidió hace unos meses al exministro Juan Ignacio Zoido (PP) que le retirase la medalla que recibió en 1977 (casi nadie sabía que tenía cuatro medallas, no una). El Gobierno del PP se negó a retirarle la condecoración y el PSOE se comprometió a hacerlo al llegar al poder.
El hecho de que haya una sentencia que obliga a Interior a pagarle la condecoración hace aún más complicado jurídicamente la intención del ministro Fernando Grande-Marlaska de retirar las condecoraciones al expolicía. Las cuatro medallas aumentan su pensión en un 50% y el policía recurriría cualquier intento de retirarle el complemento.
Fuentes jurídicas señalan que solo una vía legal muy novedosa puede retirarle las medallas, pero que en la que tiene sentencia firme es prácticamente imposible. Básicamente, hay dos formas por las que la Administración puede revisar sus actos. El primero es plantear un procedimiento de lesividad, en el que la Administración abre un contencioso contra su propia decisión. Pero el plazo son cuatro años que aquí está ampliamente superado. Se podría interpretar que el acto de pagar la pensión es continuado, que se produce cada mes, pero fuentes jurídicas lo consideran demasiado imaginativo. La otra forma es la revisión de oficio pero exige supuestos muy tasados como revisar que el órgano que concedió la medalla fue manifiestamente ilegal, algo que además afectaría a todo el grupo condecorado junto a González Pacheco.
Para exhumar a Franco del Valle de los Caídos el Gobierno se inclina por un decreto ley. Se trata de una fórmula jurídica que no solo le refuerza políticamente porque implica al Congreso y además dificulta enormemente que los Franco puedan parar la operación en un tribunal ordinario. Si eso es así con Franco, los expertos consultados consideran que es mucho más complicado con ‘Billy el Niño’.
