El Diario.es. Estaba previsto que a partir del pasado viernes la inmigración clandestina dejara de ser constitutiva de delito en Italia, aunque finalmente desapareció de los puntos del día en el Consejo de Ministros. No les será impuesta una sanción penal a quienes conduzcan sin carné o a quienes cultiven marihuana en sus casas con fines terapéuticos, pero sí a los que entren en el país sin papeles.
El primer ministro, Matteo Renzi, reconoció que “según los expertos, el delito como tal no sirve e incluso crea problemas en los tribunales”. “Pero existe una percepción de inseguridad entre los ciudadanos, por lo que el cambio de reglamento lo haremos con calma, todos juntos y sin prisas”, agregó después.
Angelino Alfano, entonces delfín de Berlusconi, era en aquel momento ministro de Justicia. Hoy es el titular de Interior en el Gobierno de Matteo Renzi. Y atendiendo a sus palabras, queda claro que ha sido Alfano quien ha logrado imponer su tesis en el seno del Ejecutivo. “El momento es muy particular y no debemos dar a entender a los ciudadanos que descuidamos la seguridad”, afirmó el ministro a La Repubblica, poco después de las agresiones sexuales cometidas en Colonia.
Según una encuesta, difundida estos días en los medios más conservadores, un 67% de los italianos teme que se produzca un atentando en su país. El decreto para la despenalización de la clandestinidad lo tenía listo desde hace semanas el ministro de Justicia, Andrea Orlando. A su favor juega la opinión de la Iglesia, la magistratura y el fiscal nacional antimafia, Franco Roberti.
Según los jueces, la disposición ha colapsado en medio de la maraña del sistema jurídico italiano y en realidad nunca se ha podido llevar a cabo. Y además, añade Roberti, su vigencia ha impedido luchar eficazmente contra los traficantes, ya que los inmigrantes sin papeles se niegan a dar su testimonio ante la posibilidad de ser sancionados. La ley ha provocado que supervivientes de desembarcos fueran incluidos, antes de ser identificados, en la lista de investigados.
Una ley que atenta contra los derechos fundamentales
Pese a que otros países europeos como Reino Unido, Francia o Alemania contemplan legislaciones similares, la ley ya recibió fuertes críticas en el momento de su aprobación. Entre ellas, de la Corte de Derechos Humanos de Estrasburgo, que en 2011 dictaminó que la norma puede atentar contra los derechos fundamentales.
El ministro del Interior, quien no oculta que la ley ha sido un fiasco, reconoce que su aprobación tenía la intención de “disuadir” a los inmigrantes que querían llegar a Italia. Y en esos términos se siguen manejando sus impulsores. El actual secretario federal de la Liga Norte, Matteo Salvini, amenazó con promover un referéndum –pese a la falta de apoyos en el Parlamento- en caso de que se materializara lo que considera “el enésimo regalo a los delincuentes”.
Mientras, su compañero de partido, Roberto Maroni, presidente de la región de Lombardía y ministro del Interior cuando se aprobó la penalización de la clandestinidad, sostuvo que acabar con su obra supondría “abrir las puertas a todos”.
Línea conservadora en migración y seguridad
Aunque el flujo migratorio no ha cesado precisamente desde 2009. El año pasado llegaron a las costas italianas 153.000 personas que intentaban buscar refugio. Una cifra algo menor a la registrada en 2014, debido a las rutas alternativas elegidas por los refugiados. Para aliviar esta presión, la Comisión Europea aprobó el pasado año la reubicación de 160.000 inmigrantes, de los cuales 40.000 deberían partir cuanto antes de Italia.
Sin embargo, tres meses más tarde, este país sólo ha conseguido dar salida a 190. En el caso de Grecia han sido 82 los refugiados que han sido recolocados. La solución acordada por Bruselas no funciona. También dispuso que ambos países deberían contar en noviembre de 2015 con 11 centros de identificación para registrar a los recién llegados y hasta el momento sólo funcionan dos, uno en Lampedusa y otro en la isla griega de Lesbos.
Quienes saben que tienen menos posibilidades de recibir asilo en Europa evitan ser fichados, mientras que otros muchos también escapan ante el temor de tener que permanecer en el país en el que han desembarcado. Si lo hacen en Italia deberían saber que aún cuentan con el pecado original de ser considerados “ilegales”.
El Gobierno de Matteo Renzi aprobó en los presupuestos generales para este año una partida de 3.400 millones en materia de inmigración, que espera que no sea incluida en el cómputo del déficit. Son sólo 300 millones menos que los destinados de forma adicional a reforzar la seguridad tras los atentados de París. Inmigración y seguridad juegan para el Ejecutivo una disyuntiva de igual a igual, en la que de momento se impone la línea más conservadora.
