11/04/2018 Diario de Tarragona.- Se trata de una figura penal poco frecuente, al menos hasta el momento, pero que va ‘in crescendo’. Buena parte del incremento se debe al Procés y a todas sus derivadas, que han hecho que el delito de odio, residual hasta entonces, se disparara tanto en Catalunya como en Tarragona durante el año pasado.En ese incremento fueron claves los últimos meses de 2017 y la situación convulsa, tanto política como socialmente. En la provincia, el delito de odio se disparó un 72% entre 2016 y 2017. De los 43 se pasó a los 74, según los datos ofrecidos por los Mossos d’Esquadra. Es una media de uno cada cinco días.
Son cifras escasas, sin gran peso cuantitativo, pero que arrojan una tendencia al alza significativa, porque también se reproducen a nivel catalán y en todas las demarcaciones. Esta tipología de delitos subió, en conjunto, de 369 a 589, un crecimiento de más del 59% en Catalunya.
Todavía más acentuada fue la evolución de uno de los tipos de delito, el que más en boga está en estos días de manifestaciones y protestas y que tiene que ver con la orientación política. La discriminación por este tipo de infracción creció un espectacular un 111,1%, pasando de los 72 casos a los 152. La mayoría de estos hechos se concentraron en los tres últimos meses de 2017 con 89 casos y un total de 106 víctimas, según el balance catalán.
En la provincia, de 15 se pasó a 27. En el Camp de Tarragona, las infracciones de esta índole crecieron de nueve a 19 y en Terres de l’Ebre de seis a ocho.
De Carles Pellicer al mecánico
Aumentos, todos ellos, para una casuística que ya ha llevado ante el juez a numerosos ciudadanos e incluso a cargos públicos. El mismo alcalde de Reus, Carles Pellicer, tuvo que declarar ante los tribunales por una presunta incitación al odio. En concreto, el edil fue interrogado por su responsabilidad en la redacción de un manifiesto que criticaba la presencia de agentes de refuerzo de la Policía Nacional en la capital del Baix Camp, en torno al 1-O.
Algo similar sucedió con los concejales reusenses de la CUP. Estos supuestos delitos de odio acabaron incluso con el arresto para una posterior declaración, ya que no comparecieron ante el juez cuando se les reclamó.
Quizás el caso más célebre, también en Reus, es el de Jordi Perelló, el mecánico denunciado por incitación al odio por negarse a reparar el coche particular de una agente de la Policía Nacional. El goteo de situaciones de este tipo ha sido constante y ha generado indignación y protestas por considerarse inoportunas e injustas y por emplearse para ir contra el independentismo.
También han pasado delante del juez varios bomberos del Parque de Reus acusados de un delito de odio. Fueron citados por las manifestaciones de los días después del referéndum, en el que algunos de los bomberos tomaron parte vestidos de uniforme.
El contexto político en Catalunya, con todos sus extremos, parece clave para entender la deriva. En los meses previos y posteriores al referéndum del 1-O, el clima de tensión política se disparó, incluso en la calle, y se sucedieron actos considerados de acoso, algunos a través de las redes sociales.
En Catalunya los ejemplos también son abundantes: la expulsión de los agentes de la Policía la Guardia Civil de los hoteles de Calella y Pineda donde estuvieron alojados durante el dispositivo para impedir el 1-O.
Los insultos de un profesor de la Universidad de Barcelona contra el líder del PSC, Miquel Iceta, en la campaña para las autonómicas del 21-D: a través de Twitter, le acusó de tener «los esfínteres dilatados». La alegría expresada por un joven de 20 años, también a través de esa red social, tras conocer la muerte del ex fiscal general del Estado José Manuel Maza.
O los comentarios de algunos profesores del instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca, que recriminaron a alumnos hijos de guardias civiles la actuación de sus padres al reprimir el referéndum.
El delito por orientación política es el mayoritario en cuanto al odio tanto en el Camp de Tarragona –supone el 32% del total– como en las Terres de l’Ebre –el 62%–. En territorio ebrense supera con creces las otras tipologías de estas infracciones, que quedan reducidas al mínimo.
Sin embargo, no sólo de política vive la tipificación del delito de odio y discriminación. Otras tipologías que crecieron en Catalunya son las infracciones de odio y discriminación por etnia, origen nacional o racial con un 41,2% –de 153 en 2016 a 216 en 2017–; un 75% cuando son por motivo religioso –de 32 a 56–, y un 57,3% los relacionados con la LGTBI fobia –de 89 a 140–.
Esta última etiqueta sustituyó en el pasado balance de Mossos al ámbito de la homofobia, más restrictivo. En este cajón de sastre se incluyen los delitos contra la orientación o identidad sexual.
Aumenta el odio por la etnia
En el Camp de Tarragona, los delitos de odio por cuestiones religiosas subieron de tres a 12 en un año. También se dispararon los que tienen que ver con el ámbito sexual, pasando de cuatro a 13 casos. El tercer gran grupo que aumenta son los delitos de odio étnicos o raciales, que pasan de nueve casos a 13.
Estas tres categorías descienden en las Terres de l’Ebre, donde sí crecieron los delitos por orientación política.
Los fiscales especializados en delitos de odio llevan tiempo advirtiendo de que se está produciendo un aumento de estas infracciones, algo que ofrece dos lecturas diferenciadas.
Por un lado, las muestras de intolerancia y discriminación se extienden en diferentes ámbitos. Por el otro, se ha perdido el miedo a denunciar este tipo de comportamientos sancionables, que a veces afectan a minorías y que hasta hace poco permanecían más en la sombra.
Las víctimas del conjunto de estos hechos ligados al odio y a la discriminación representaron el 0,12% del total de afectados de Catalunya –589 sobre 478.224–.
En el Camp de Tarragona fueron el 0,15% sobre el total mientras que en las Terres de l’Ebre fueron el 0,17%, porcentajes númericamente pequeños aunque por encima de la media catalana.
