ABC.- La Policía de Rusia, en colaboración con el Servicio Federal de Seguridad (FSB), han llevado a cabo redadas nocturnas en locales de la capital, Moscú, en los que se «promovía la ideología LGTB«, todo ello en el marco de la legislación aprobada en noviembre de 2022 y que endurece y amplía los castigos para quienes difundan contenidos LGTB, una comunidad perseguida y prohibida en el país.
Además de «combatir la propaganda LGTB», los agentes de la Policía han registrado para averiguar si en el lugar se hacía apología de «relaciones sexuales no tradicionales» y comprobar las condiciones laborales de los trabajadores, según ha detallado el servicio de prensa del Ministerio del Interior de Moscú a la agencia de noticias TASS.
El dispositivo de seguridad se ha centrado en concreto en un local nocturno del norte de Moscú, donde se han incautado teléfonos móviles, ordenadores portátiles, cámaras de video y «otros elementos importantes para tomar una decisión procesal». También se ha detectado la venta ilegal de alcohol y se han incautado armas.
Así las cosas, la Policía ha extendido el despliegue a otros dos locales de ocio nocturno de la capital en los que se ha identificado a los asistentes. Las fuerzas de seguridad han justificado estas otras operaciones en las quejas de los vecinos.
La Duma del Estado de Rusia aprobó a mediados de noviembre de 2022 una reforma que endurece y amplía los castigos contra quienes difundan contenidos LGTB, con medidas que ya no se extienden únicamente al ámbito de los menores de edad. El oficialismo ruso justificó la reforma en la necesidad de combatir lacras como la pedofilia, pero organizaciones internacionales de Derechos Humanos alertaron del retroceso democrático que suponía esta medida.
Así pues, en virtud de esta medida está prohibida la difusión de contenido sobre orientaciones sexuales consideradas como no tradicionales, con un apartado específico para evitar que se pueda hacer «propaganda» de terapias de reasignación de género. Las multas pueden llegar a los 400.000 rublos (unos 6.500 euros) en el caso de los ciudadanos de a pie, o incluso el doble para los funcionarios.
