Manuel Marraco.- El informe final señala a ‘Iñaki de Rentería’, ‘Anboto’, ‘Mikel Antza’ y ‘Kantauri’ como responsables del secuestro y muerte del concejal del PP.
La Policía Nacional ha entregado el informe que la Audiencia Nacional esperaba para decidir sobre el procesamiento de la cúpula etarra por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. El documento, de 160 páginas, señala directamente a los cuatro dirigentes imputados como máximos responsables. Se trata de Ignacio Gracia Arregui, Iñaki de Rentería; Mikel Albisu, Mikel Antza; José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri; y Soledad Iparraguirre, Anboto.
El magistrado Manuel García Castellón estaba aguardando el informe para resolver si propone juzgar a los cuatro máximos dirigentes del Comité Ejecutivo de la banda terrorista en el momento del asesinato. Las conclusiones a las que llega la Policía Nacional conducen a que así sea: «Los miembros del Comité Ejecutivo tenían la capacidad para decidir la concreta ejecución de una acción terrorista. Es más, en el caso de pretender atentar contra objetivos especiales, la Dirección de ETA tenía que dar su autorización. En cuanto al asesinato de políticos/concejales del PP, existió orden expresa a una generalidad de comandos, entre ellos el Donosti, que fue responsable directo en el caso concreto de Miguel Ángel Blanco».
En la línea del informe que ya presentó en el juzgado la Guardia Civil, la Policía indica que los cuatro investigados sobre los que el juez instructor ha requerido el informe eran «los máximos responsables» de los tres aparatos que en julio de 1997 formaban la cúpula terrorista: el militar (Iñaki de Rentería, Anboto y Kantauri), el político (Mikel Antza) y el logístico (Iñaki de Rentería).
Según los investigadores, el Comité Ejecutivo «funcionaba de forma colegiada» y en él se adoptaban «por unanimidad las decisiones estratégicas y en ocasiones operativas y tácticas». Esa función incluía no solo «la determinación de la línea estratégica política y militar, sino también el diseño, la planificación, la coordinación, dirección y en ocasiones también la orden o autorización de realizar los atentados terroristas que eran materializados por los comandos operativos», añade el documento.
«OBJETIVO PRIORITARIO»
Los investigadores remontan la decisión del asesinato de Blanco a 1992, cuando la caída de la cúpula etarra en Bidart (Francia) llevó a ETA a imponer «una nueva estrategia ofensiva dirigida a conseguir una confrontación mucho más intensa con el Estado». El Comité Ejecutivo, a través del Aparato Militar, «ordenó a sus comandos que tuvieran como objetivo prioritario atentar contra representantes políticos, especialmente del PP».
Así pues, Miguel Ángel Blanco devino en objetivo de la organización ETA en su totalidad, y no solamente del comando Donosti, por ser miembro del Partido Popular». En sus conclusiones, la Policía resalta que durante los tres días de secuestro la cúpula etarra tuvo en su mano impedir el asesinato.
El informe llega a pocas semanas de que la Audiencia tomara una decisión relevante para la causa. El tribunal que revisa la investigación del caso rechazó considerar prescritos los hechos respecto a Iñaki de Rentería, pese a que la querella contra él se presentó 24 años después de la muerte de Blanco, rebasado por tanto el plazo de 20 años de prescripción entonces vigente. El tribunal sostuvo que hay otras interpretaciones posibles sobre cómo debe computarse ese plazo y consideró que el asunto de la prescripción debía quedar en manos del tribunal encargado de celebrar el eventual juicio.
La causa por el asesinato de Blanco se reactivó a raíz de una querella presentada por Dignidad y Justicia. Se trata de una de las diversas causas que se han abierto en los últimos años en las que las víctimas del terrorismo buscan que los jefes de ETA sean también condenados por atentados que perpetraban los comandos. En el caso del concejal de Ermua, los autores materiales, entre ellos Javier García Gaztelu, ‘Txapote’, ya fueron condenados por la Audiencia Nacional.
