As.- Los insultos racistas vertidos desde la grada de Mestalla a Vinicius Júnior el pasado 21 de mayo durante el Valencia-Real Madrid han sentado precedente y han llevado a actuar al Ministerio del Interior. El gobierno ha decidido mover ficha en la lucha frente al racismo y ha dado nuevas herramientas a las Fuerzas de Seguridad del Estado en estos eventos según publica El País.
El Ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska ha presentado una instrucción en la que da la capacidad a los mandos policiales a cargo de la seguridad del encuentro de instar a los árbitros a no dar inicio, parar o suspender un encuentro deportivo parcial o definitivamente cuando consideren que los incidentes racistas sean graves. También tendrán capacidad para decidir el desalojo del estadio al completo o una parte de este ”en supuestos urgentes de alteración de la seguridad pública o grave riesgo para la misma”, tal y como informa El País.
Esta nueva instrucción ministerial llegará a los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del estado para entrar en vigor, de facto, ya de cara a la próxima temporada. Esta marcará las pautas a seguir en encuentros “de la máxima categoría de competición profesional de fútbol y baloncesto”. Basada en la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte de 2007, esta instrucción tratará de evitar un nuevo caso Vinicius. Estas competencias para suspender el encuentro serán compartidas entre la Policía y el árbitro y la decisión
siempre debe ser tomada “en común acuerdo” además de evaluar riesgos que van desde la gravedad de lo sucedido, la posible evolución de los hechos tras anunciar la suspensión o el desalojo y hasta el propio desarrollo de la competición. En caso de que tras los llamamientos no se restablezca el orden, según destaca El País, el mando policial si tendrá la capacidad sin necesidad de acuerdo con el árbitro de tomar la decisión que considere solo informándole de ella.
Este documento también informa de posibles sanciones al club organizaror del evento si estos son permisivos con “peñas, asociaciones, agrupaciones o grupos de aficionados” que no cumplan la ley contra la violencia y el racismo en el deporte. Para el club que preste el estadio también podría haber sanciones si no colabora para resolver este tipo de situaciones. Además de un aumento de las capacidades de la Policía, esta tendrá que, cuando haya un incidente, reportar en un informe la gravedad de lo sucedido en busca de depurar responsabilidades en todos los ámbitos: “penal, administrativo o disciplinario”, según recoge el archivo sobre le que informa El País.
En esta instrucción también destaca que el radio de aplicación de la misma son las gradas pero también sancionará las conductas racistas en los aledaños del estadio, en los medios de transporte que lleven a las distintas aficiones hacia un encuentro de sus equipos e incluso en las redes sociales, poniendo como ejemplo los vídeos subidos a estas en los que se escuchaban insultos a Vinicius en la entrada de Mestalla o los improperios racistas hacia el jugador del Barcelona James Nnaji mientras entraba al Wizink Center madrileño.
