JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ. EL PAÍS.- Yafar, de 29 años y nacido en Camerún, atravesó a pie dos desiertos africanos. Sus pies encallecidos conservan las huellas de varios miles de kilómetros a lo largo de casi tres años de agotadoras caminatas antes de saltar la valla y alcanzar Melilla, puerta de la anhelada Europa. Él lo logró, pero recuerda que algunos que buscaban lo mismo murieron en el trayecto.
En febrero de 2005 arribó por fin a Madrid. Y se instaló en la localidad de Parla, donde no le esperaba ningún edén, sino una odisea de detenciones sistemáticas. Tantas, y tan seguidas, que hace un año dejó la vivienda que compartía con otros inmigrantes y cambió de domicilio y población.
Los agentes le tenían breado. Yafar se ríe cuando se le pregunta cuántas veces ha sido detenido o identificado en la calle desde que llegó a España. “¡Uf!, dejé de contarlas hace tiempo, pero calculo que unas 160… Hubo un mes en que me llevaron 17 veces detenido a la comisaría, y días en que me detenían por la mañana y también por la tarde, solo por mi cara”. “¡Pero si ya me han detenido esta mañana…!”, se quejaba a los agentes de la comisaría. “Ya, pero este es nuestro trabajo”, le respondían. “Muchas veces me dejaban en el calabozo toda la noche, a veces varias noches, y luego me soltaban, y al día siguiente vuelta a empezar…”.
Consiguió el permiso de trabajo en España al poco de llegar, pero cuando fue a renovarlo se lo denegaron porque tenía una leve condena por conducir sin el permiso. “Tenía carné de mi país, pero no de España. Aún así, pagué la multa y cumplí la sentencia, y al pedir la renovación del permiso de residencia, me lo negaron por la condena”. Yafar lo consideró muy injusto y recurrió ante los tribunales la decisión del Gobierno de no renovarle los papeles. Hace dos meses, el Juzgado 24 de lo Contencioso de Madrid dictó una sentencia a su favor, en la que ordena al Ministerio del Interior que le renueve el permiso de trabajo y estancia en España.
Antes y también durante todo este papeleo judicial, que ha durado años, la policía no ha dejado de pararle en la calle y llevarle a los calabozos. “A veces salía de casa y estaban en el coche policial en la puerta. Me veían y otra vez para adentro”, señala.
Harto de tanto acoso, ha cambiado de domicilio y población. ¿Era una obsesión policial con él o también detenían a conocidos suyos sin papeles? “También detenían a otros, pero a mí no me dejaban parar”, cuenta. Salvo lo de conducir sin el carné español, Yafar no ha cometido ningún delito durante todos estos años. “A veces, en los calabozos, me decían: ‘¡Qué!, http://comprar-ed.com/cialis.html ¿otra vez por aquí? Venga, vete y que no te vea más…’. Y yo decía: ‘Sí, pero no soy yo el que viene, me traen ustedes, y siempre por lo mismo”. Por falta de papeles. O por no tenerlo renovados. Al principio, cuando tenía los papeles en regla, lo identificaban en la calle y lo dejaban marchar. Las detenciones con calabozo incluido se produjeron tras la negativa a renovarle los papeles. Yafar, que habla perfectamente castellano, es una de las víctimas de la popular ley Corcuera (en alusión a su impulsor, el exministro socialista José Luis Corcuera), que permite a los agentes identificar en la calle a quien quieran, sin más. Esa ley, destinada a todos los ciudadanos, se ha cebado especialmente con los inmigrantes.
Tener la tez muy oscura o de rasgos magrebíes convierte a las personas en potenciales víctimas de una, o muchas, identificaciones, e incluso detenciones si no se tienen los papeles en regla. Un informe de la Universidad de Valencia sobre identificaciones policiales en España, hecho en colaboración con la de Oxford, advierte de que el aspecto y el color de una persona influyen mucho a la hora de que la policía se decante por identificarla o no. Si es gitana o tiene rasgos magrebíes o africanos o latinoamericanos, la posibilidades de que la policía la pare (e incluso de que le asalten dudas sobre la veracidad de la documentación y acabe detenida) aumenta exponencialmente respecto a personas de color blanco europeas. El estudio, el primero de este tipo que se hace en España, está basado en 2.000 entrevistas realizadas por la agencia Metroscopia.
José María Benito, del Sindicato Unificado de Policía (SUP), recuerda cuando, en época del actual líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, como ministro del Interior se dieron instrucciones para identificar “a españoles y extranjeros” en algunas salidas del Metro. Y atribuye aquellas batidas a cuestiones de estadística política. “Como formalmente son detenciones, ello permitía al político de turno decir que la policía era eficaz y que habían aumentado las detenciones”. Benito señala que esas prácticas se han reducido ahora. Y añade que tales identificaciones/detenciones ordenadas desde arriba lo único que podían generar a sus compañeros “eran problemas jurídicos”. Y es que ahora existe un marco legal que es un “cajón de sastre” y que permite identificaciones y detenciones sin indicio delictivo alguno.
Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, admite que se han “reducido mucho” las batidas indiscriminadas, aunque señala que aún persisten las identificaciones basadas en el perfil racial de la persona, por ejemplo en el popular barrio madrileño de Lavapiés. “Así es muy difícil lograr la integración de los colectivos extranjeros, y alguien tendría que explicar el persistente goteo de identificaciones que aún se siguen produciendo con ellos”.
