Las víctimas, de diversas nacionalidades, entre las que se encontraban dos bebés de menos de un año, habitaban en un espacio de apenas un metro y medio por 400 euros al mes. Si no pagaban eran sometidos a coacciones y se les impedía utilizar el aseo
LUIS F. DURÁN. EL MUNDO.- La Policía Nacional ha liberado a 20 personas que vivían confinadas en condiciones infrahumanas en un restaurante del madrileño barrio de San Blas. Las víctimas, de diversas nacionalidades, entre las que se encontraban dos bebés de menos de un año, habitaban en un espacio de apenas un metro y medio de largo por 400 euros al mes. Cuando no podían hacer frente al pago exigido eran sometidas a coacciones: les impedían ir al aseo, beber agua o les amenazaban con contagiarles el Covid. Se ha detenido a dos personas, la propietaria del restaurante, un mujer boliviana de 54 años, y el dueño del inmueble, español de 53.
La investigación se inició cuando los agentes de lla Comisaría de San Blas sospecharon que en el interior de un restaurante, que había cesado su actividad comercial, podrían estar alojadas varías personas sin hogar en condiciones de hacinamiento e insalubridad. Por este motivo se puso en marcha las pesquisas por parte de la Brigada de Extranjería y Documentacion y se elaboraró un dispositivo para realizar una inspección en el interior del establecimiento. Al entrar en el local se encontraron a 20 personas de distintas nacionalidades -España, Bangaldesh, Colombia, Filipinas, Honduras, Perú, Portugal y Venezuela- entre las que había dos bebés de menos de un año de edad.
COLCHONES SOBRE LA BARRA DEL BAR
Las víctimas vivían en el interior del establecimiento en condiciones insalubres, hacinadas en espacios muy reducidos y no aptos para la habitabilidad. Los responsables habían instalado colchones en la barra del bar, en la cocina bajo la campana extractora o en el patio trasero, separando cada «estancia» por cartones o plásticos. Había insectos y cucarachas por el suelo y un olor nauseabundo. Además, estaban retenidos en el interior ya que alguno no habían podido pagar los 400 euros mensuales por la estancia.
Las investigaciones permitieron averiguar que la propietaria del negocio, una vez cesada su actividad comercial, arrendó pequeños espacios a personas con dificultades económicas por 400 euros al mes. También averiguaron que en el caso de que alguna de las víctimas no pudiera efectuar el pago íntegro del alquiler, les impedía el acceso a los suministros básicos y les trasladaba a espacios aún más reducidos como pequeños aseos o incluso a una cámara frigorífica. Además, para amedrentar aún más a las víctimas, manifestaba ser portadora del Covid-19 y tosía y estornudaba sobre los platos y otros enseres cuando se encontraban en la hora de la comida.
Tras identificar y localizar a la propietaria del restaurante, los agentes la arrestaron como presunta responsable de los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, coacciones y un delito contra la salud pública. Así mismo, gestiones posteriores permitieron detectar que el propietario del inmueble era conocedor de las prácticas de la arrestada, por lo que también fue detenido como presunto autor de un delito de favorecimiento de la inmigración irregular. Las investigaciones continúan abiertas ya que no se descarta la existencia de otras personas implicadas debido a que alguna de las víctimas se encontraba empadronada en el local del negocio de hostelería.
Todos los afectados han sido atendidos por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid y trasladados a centros municipales.
