El Confidencial.- Las fuerzas de seguridad analizan la estructura interna de estos grupos tan activos que controlan la ‘kale borroka’ pero éstos aún están lejos de ser considerados terroristas
Los disturbios en Cataluña y en Madrid a cuenta de las manifestaciones organizadas por jóvenes antifascistas para protestar por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, condenado por enaltecimiento del terrorismo, han ido yendo a menos a lo largo de la semana. Durante la noche del sábado, sin embargo, se vivió uno de los episodios más trágicos cuando los manifestantes quemaron un furgón policial con agentes aún dentro, si bien pudieron salir. La evolución de los altercados ha llevado a los Mossos d’Esquadra y a la Policía Nacional a emplearse a fondo. Cientos de agentes antidisturbios salieron a la calle perpetrados con sus más completos equipos para luchar cuerpo a cuerpo contra manifestantes cuya organización interna llamó la atención de los observadores y de los propios funcionarios de las dos corporaciones armadas.
Los Servicios de Información de la Policía Nacional siguieron desde el primer momento los movimientos de los líderes de estos movimientos en las redes sociales con el fin de analizar cómo se organizaban, qué poder de convocatoria tenían, a quién movilizaban o qué tipos de apoyos generaban y hasta si de ahí podía concluirse la existencia de algún tipo de estructura en su funcionamiento. Los responsables de estos grupos radicales hacían su propia ‘guerra’ de información a estos departamentos de las fuerzas de seguridad dedicados a seguirles. Las convocatorias del Movimiento Antirrepresivo de Madrid, uno de los más activos, ponían fecha y lugar a todas sus convocatorias menos a la que tenía lugar en la capital de España, que se anunciaba en el último momento con el fin de evitar que la Policía Nacional pudiera desplegarse con tiempo de sobra para desplegarse adecuadamente.
Para algunos esta planificación ya denota algunos elementos que llevan a pensar que existe una estructura detrás de estos movimientos y unos líderes que deciden desde la sombra. «Obedecen a una jerarquía en la que los líderes son los que llevan el material, la gasolina para prender fuego, por ejemplo», explica el experto en terrorismo y vicepresidente de la asociación especializada en la lucha contra ETA en los tribunales Dignidad y Justicia Víctor Valentín, que considera que ese reparto de funciones evidencia ya la existencia de jerarquía.
Tanto Policía Nacional como Guardia Civil disponen en sus Servicios de Información de especialistas en analizar estos grupos emergentes con el fin de determinar en qué consiste ese reparto de funciones y quiénes son esos cabecillas que ordenan las acciones e imponen una cierta metodología dentro del caos que parece existir en el seno de los diferentes movimientos, que sin duda se basan también en el seguimiento que lealmente realizan elementos externos a la estructura que se suman a la causa. «Los que han protagonizado los saqueos que hemos visto estos días evidentemente pertenece a estos últimos», reflexiona Valentín.
Durante los violentos actos que siguieron a la detención de Pablo Hasél, decenas de agentes resultaron heridos de algún tipo de consideración y algunos sindicatos no tardaron en denominar «terrorismo callejero» a los ataques perpetrados por estos «jóvenes antifascistas», como les denominó el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, en el tuit con el que salió a defenderles. «Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles; ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol», dijo Echenique antes de que esos mismos sindicatos policiales anunciaran que estudiarían medidas legales contra el dirigente político por esas palabras.
Vox también anunció una querella contra Podemos por alentar e inducir las protestas con declaraciones como las del portavoz de la formación. Según alegó el partido presidido por Santiago Abascal, la doctrina constitucional podría considerar que estos actos son considerados «terroristas» al tener como objetivo la generación de alarma y perturbación social grave, dado que en un momento dado se tornaron «sistemáticos, reiterados e indiscriminados».
Fuentes de los Servicios Antiterroristas de la Policía también hablaron internamente de «terrorismo callejero«, aunque matizaron a El Confidencial que no se atrevían aún a denominar a quienes estaban detrás de los disturbios como organización terrorista. El resultado, por lo tanto, similar al que utilizaban estructuras como la banda terrorista ETA con la ‘kale borroka’, podía asimilarse a estos altercados callejeros, pero sin el esqueleto interno de la organización de pistoleros que asesinó a más de 800 personas, elemento que se torna fundamental, según las fuentes policiales consultadas, para hablar de terrorismo.
Una estructura jerarquizada
No es tan tajante en este rechazo del terrorismo la abogada experta en defender a víctimas de ETA Vanesa Santiago, quien sí que sitúa las manifestaciones iniciales en torno a un «movimiento de reacción» al encarcelamiento del rapero que generó «un falso debate sobre la vulneración del derecho a la libertad de expresión» del cantante y que posteriormente «devino en actos vandálicos» que provocaron «grandes destrozos de material urbano y ataques a las fuerzas de seguridad que fueron incardinados en el delito de desórdenes públicos». «Actuando en grupo o individualmente, ejecutaron actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas que alteraron la paz pública», explica la letrada, quien sin embargo considera que la bola se hizo cada vez más grande hasta adentrarse, a su juicio, en una nebulosa judicial más cercana al terrorismo.
«Tras diez días de violencia callejera, en Barcelona, detrás de esa violencia callejera pudo haber organizaciones con una estructura jerarquizada destinada a alcanzar sus fines por cualquier vía y con capacidad suficiente para planificar y llevar a cabo todas estas acciones vandálicas según las indicaciones de manuales de guerrilla urbana que podrían dar lugar a que estos hechos pudieran ser investigados como delitos de terrorismo», sostiene Santiago en línea con la información publicada por El Confidencial el pasado 20 de febrero que mencionaba la existencia de «material didáctico» para provocar altercados, fabricar «elementos de autodefensa» o «material de autoprotección» en casa que fue repartido por plataformas independentistas como Desobediència Civil.
Santiago sostiene que en el caso de que la justicia pudiera demostrar que «estas acciones violentas se han cometido por parte de una pluralidad de personas con vínculos entre sí y relaciones de cierta estructura, jerarquía y subordinación» con el fin de «pervertir el orden democrático constitucional» estaríamos ante otro nivel de vandalismo que podría ser considerado terrorismo. «Pasaríamos de perseguir acciones violentas que buscan una mera alteración de la paz social (desórdenes públicos) a luchar contra una subversión del orden constitucional establecido (terrorismo)«, afirma la letrada que ha participado en decenas de procedimientos judiciales contra la banda ETA.
La forma de abordar uno y otro fenómeno es muy diferente, como explica Valentín, que recuerda que los desórdenes públicos son enmarcados en el ámbito competencial de la seguridad ciudadana y, por lo tanto, en Cataluña son afrontados por los Mossos d’Esquadra, que tiene las competencias, y no por servicio antiterrorista alguno de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, que dispone de más medios para analizar la información, la organización interna y la planificación de estos movimientos radicales que han puesto en un brete a los poderes públicos. Los Mossos han vivido unos días de falta de apoyo de sus dirigentes políticos y han llovido las críticas internas de miembros del cuerpo que han censurado que no se pidiera apoyo a la Policía Nacional para apagar las revueltas.
La consideración de terrorismo a estas acciones conllevará la implicación de la Audiencia Nacional, lo que automáticamente significa más medios, más fuerzas de seguridad implicadas, un paraguas legal más amplio de actuación y más determinación en los procesos judiciales. Valentín critica que, tras el fin de ETA, ha habido un intento político de «enmascarar el terrorismo de baja intensidad bajo la denominación de disturbios callejeros«. «Políticamente la ‘kale borroka’ debía desaparecer y ha pasado a denominarse disturbios», censura el experto, que pone de manifiesto que «cuando la Policía se enfrenta a los violentos como disturbios en ningún caso ataca sus estructuras, sus jerarquías, porque en el marco de la seguridad ciudadana no se hace inteligencia al nivel que se hace en los Servicios de Información».
La era digital, añade, hace aún más complejo de identificar el modelo organizativo de quienes promueven estas revueltas. «Esta es la principal diferencia», entiende Valentín. «Antes los terroristas se reunían en una herriko taberna o donde fuera y trasladaban órdenes a sus grupos operativos, que dedicaban los días siguientes a cumplir esos mandatos; ahora quedan en grupos de redes, donde además pueden entrar otros, y dan unas órdenes que no son fijas, que pueden ser modificadas al momento en función de las estrategias que imperen, con el partido en juego; todos ellos son nativos digitales», resume el especialista.
Una sentencia del Tribunal Supremo (5338/2011) de hace una década ya delimitaba las diferencias entre el artículo 557 del Código Penal, referido al desorden público, y el 577, que define el delito de terrorismo. La resolución estableció que la alteración del orden público es propia del delito de desorden (557) y que la alteración de la paz pública es propia del terrorismo (577), pero explicó también que pueden confluir los dos ilícitos penales, dado que cuando se intenta alterar el orden constitucional también se desestabiliza la paz pública.
