La Policía Nacional propuso tomar declaración a varios implicados en el escrache a Ciudadanos en la marcha del Orgullo, pero la Fiscalía no ordenó ninguna medida para localizarlos
JOSÉ MARÍA OLMO. EL CONFIDENCIAL.- La sombra de la sospecha gravita sobre la respuesta del Ministerio del Interior y la Fiscalía a las agresiones que sufrieron los políticos de Ciudadanos en la manifestación del Orgullo LGTBI en Madrid. El Ministerio Público ha pedido el archivo de la denuncia de la formación naranja por los supuestos delitos de amenazas, injurias o contra los derechos fundamentales que, a su juicio, padeció aquella tarde en el Paseo del Prado. Admite que los dirigentes y simpatizantes de Ciudadanos habrían sido objeto de ataques que encuadra en un delito de coacciones, pero defiende el sobreseimiento de la denuncia alegando que no se ha podido identificar a ninguno de los presuntos autores de los hechos. Pero los documentos incorporados a la causa dibujan una realidad muy distinta.
Fuentes jurídicas han confirmado a El Confidencial que la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional, que se encargó de la protección de los miembros de Ciudadanos en aquel episodio, remitió un informe a la Fiscalía solo una semana después que incluía un relato pormenorizado de los ataques e identificaba a tres presuntos responsables que perfectamente podrían haber sido citados a declarar en calidad de investigados. Se trata de un particular y dos colectivos.
Manifestantes en el Orgullo abuchean a dirigentes de Cs.
El militante del PSOE que enseñó el culo
El individuo mencionado en el informe es el varón de 34 años que se bajó los pantalones frente a los dirigentes de Ciudadanos para enseñarles su trasero. Se llama Sergio Álvarez, vive en Asturias y es militante del PSOE. Llegó a ser responsable de Cooperación y Relaciones Internacionales de la Juventudes Socialistas del Principado. Varios medios de comunicación lo identificaron rápidamente tras su desnudo y la Policía lo incluyó en el informe como uno de los supuestos autores de las coacciones.
La Brigada Provincial de Información también apuntó en sus pesquisas a dos plataformas que emitieron comunicados en las horas siguientes a la marcha del Orgullo para reivindicar el escrache. Una de esas entidades es la autodenominada Plataforma de Encuentros Bolleros, que reconoció haber participado en una performance inspirada en la serie de televisión ‘El cuento de la criada‘ para criticar al partido naranja por defender los vientres de alquiler. El montaje, en el que intervinieron una quincena de personas ataviadas con túnicas naranjas y cofias blancas, bloqueó el paso a la formación y provocó que otros manifestantes se sumaran a la protesta contra ella.
La reivindicación del Frente Anti-Cuñados
Al día siguiente del Orgullo, la Plataforma de Encuentros Bolleros publicó en su perfil oficial en Twitter, @encuentrosbollo, un mensaje que dejaba poco espacio para la duda: «Ayer, diversos colectivos LGTBQI+ nos organizamos para enturbiar la participación en la manifestación del Orgullo 2019 del partido naranja, que hemos rebautizado como CiudadaVox«. La misma cuenta anunció luego en otro mensaje que el grupo continuaría protagonizando acciones contra Ciudadanos: «Seguiremos señalando y denunciando. Seguiremos saliendo en todas las ciudades para recordarles q no nos tragamos su cuento. Q nuestros derechos y libertades no son mercancía en manos de políticos y empresarios, y el orgullo tampoco» [sic].
La tercera y última entidad identificada por la Brigada Provincial de Información fue el autodenominado Frente Anti-Cuñados, una supuesta asociación que emitió otro comunicado en el que se anticipaba la performance de ‘El cuento de la criada’. «Hoy, queridos asistentes al Orgullo 2019, queremos contaros un cuento, es ‘El cuento de la ciudadane’. Ampliamente recordado por otras obras maestras como ‘8 apellidos españoles’, ‘Cocaína mon amour’ o el taquillazo ‘Orange is the new Vox’ (…) Este es el cuentazo de un partido que se autoidentifica de centro y performa derecha, que se etiqueta liberal y sale del armario con los fachas», podía leerse en el comunicado. «Ciudadanos miente y España lo sabe. Seguiremos señalando y denunciando (…) ¡¡¡Que se subroguen ellos!!! ¡¡¡Viva la lucha transmaribibollera!!! ¡¡¡Fuck cuñados!!!», terminaba el texto.
El informe de la Policía Nacional era un punto de partida para el procedimiento. Dejaba en manos de la Fiscalía la práctica de diligencias de averiguación para citar al militante asturiano del PSOE y tratar de conocer qué personas dirigían la Plataforma de Encuentros Bolleros y el Frente Anti-Cuñados, presuntos promotores del escrache contra Ciudadanos. Pero el Ministerio Público optó por no tomar ni una sola medida. Jamás citó a declarar a Sergio Álvarez ni a los supuestos dirigentes de las entidades convocantes.
Según fuentes jurídicas, el motivo por el que la Fiscalía no ordenó que se localizara al militante del PSOE para tomarle declaración fue que concluyó, extrañamente, que su actitud impidiendo el avance de la marcha y tratando de defecar frente a la pancarta de la cabecera no podía considerarse propia de ningún tipo de delito. En lo que respecta a las plataformas, el Ministerio Público sostiene que tampoco habrían tenido nada que ver con los hechos porque sus respectivos comunicados se difundieron a posteriori, a pesar de que al menos uno de ellos, por el tiempo verbal de la redacción, demuestra que fue claramente previo. En todo caso, el procedimiento habitual es que las reivindicaciones se produzcan después de la acción. Pero la Fiscalía ni siquiera se molestó en conocer qué personas se encontraban tras las cuentas de Twitter —un trámite sencillo, por otro lado— ni quiénes eran los responsables de las dos entidades.
Sin embargo, solo unas semanas después, el Ministerio Público pareció contradecirse. Decidió entonces pedir a la Policía Nacional que intentara identificar a la quincena de manifestantes que escenificó de ‘El cuento de la criada’, a pesar de que ya había exculpado a los presuntos promotores de la representación. Los agentes no pudieron dar cumplimiento a esa petición porque se trataba de personas anónimas que aparecen en las imágenes de la marcha sin mostrar ningún tipo de filiación. Ninguno de ellos era conocido por hechos delictivos previos. Pese a los intentos de los agentes, ninguno fue localizado.
Fin de las diligencias
La Fiscalía dio finalmente por terminadas sus pesquisas la semana pasada apoyando el sobreseimiento de la denuncia, aunque aprecia que Ciudadanos fue víctima de un delito de coacciones. El Ministerio Público admite en la nota que difundió para informar de la petición de archivo que uno de los momentos cumbre de la supuesta agresión contra el partido fue la escena de ‘El cuento de la criada’, en la que se produjeron «insultos y amenazas».
También reconoce que la Policía mencionó en sus diligencias los comunicados de reivindicación de ese escrache. Pero el Ministerio Público se escuda en que no se pudo localizar a la quincena de participantes en ese acto para dar por finalizadas las pesquisas. La nota no hace ninguna referencia al militante del PSOE ni tampoco explica por qué se consideró oportuno dejarlo al margen del caso sin escuchar siquiera su versión.
Con todo, fuentes jurídicas aseguran que, si aparecen nuevos datos que permitan dirigir la causa contra alguien concreto, la Fiscalía ejercerá la acusación en el procedimiento por un delito de coacciones. Por lo pronto, Ciudadanos ya ha anunciado que se personará en cuanto las actuaciones de la Fiscalía lleguen a un juzgado. El reparto del expediente aún no se ha producido, pero será cuestión de días.
El informe ‘fake’ de Interior
El Ministerio Público no es la única institución que ha tenido un comportamiento errático en este caso. La mañana previa a la manifestación del Orgullo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pidió a Ciudadanos que asumiera el rechazo de los organizadores de la marcha por los acuerdos que había alcanzado con Vox en algunas autonomías y ayuntamientos. «Si alguien no entiende que eso debe tener alguna consecuencia en un sentido o en otro podría calificarse de irresponsable», dijo Marlaska. Ciudadanos lo interpretó como una incitación a la violencia que sufrieron sus dirigentes y militantes aquella tarde y exigió la dimisión del ministro culpándolo de «alimentar el odio».
La actuación de Interior quedó aún más en duda cuando desde el Ministerio se difundió un informe fantasma, sin autor conocido, que negaba que el partido de Arrimadas hubiera sufrido coacciones e incluso acusaba a la formación de haber sido la única responsable de los episodios aislados de baja intensidad que se registraron, justo los argumentos que manejó en bloque el Gobierno del PSOE después de la manifestación. La semana pasada, la agencia Colpisa reveló que Interior se ha negado a facilitar ese informe ‘fake’ con la excusa de que ha sido clasificado como secreto de Estado por contener supuestamente información que afectaría a la seguridad ciudadana.
