P. Mayi lleva más de 25 años viviendo en la calle, pero su situación ha empeorado con la emergencia sanitaria. Lleva un mes sin ducharse y, pese a que el Samur Social le ha dado un papel que reconoce su situación de emergencia, no puede acudir a ningún recurso porque están saturados
BEATRIZ ASUAR. PÚBLICO.- P. Mayi (58) vive en la calle desde hace más de 25 años y tiene una discapacidad de un 68% consecuencia de un accidente laboral que sufrió trabajando en Telepizza. Su situación ha empeorado desde que empezó la emergencia sanitaria. Lleva casi un mes sin poder ducharse. Antes iba a la Casa de Baños de Embajadores a asearse, pero ahora está cerrada. No tiene donde ir. Los recursos están saturados. El Samur Social le ha dado un papel en el que se reconoce que se encuentra en situación de emergencia social pero no hay sitios libres. Y, pese a esto, la Policía le multó el pasado 1 de abril por estar en la calle.
Un paseo por Madrid basta para comprobar que su situación no es única. La capital ha habilitado distintos recursos para las personas sin hogar, pero no son suficientes. Son los verdaderos olvidados de esta emergencia. Personas que siguen durmiendo en cartones en las calles pese al riesgo. «No hay plazas suficientes para todas las personas que carecen de alojamiento», explica Azucena Pérez, trabjadora y portavoz del Samur Social y del Sindicato comisiones de base (COBAS).
El Ayuntamiento de Madrid ha hablado durante estos días de un «efecto llamada» en la capital. «Hay personas que han venido de fuera de Madrid», aseguró el lunes el alcalde José Luis Martínez-Almeida durante una entrevista en la Cadena Ser. La vicealcaldesa, Begoña Villacís, apoyó este planteamiento. Sin embargo, Mayi lleva más de 25 años sin hogar en Madrid. No llega de otras provincias, como muchas otras personas.
«Utilizan este falso efecto llamada para justificar la falta de recursos. La intención fue buena, pero realmente no hay sitio para acoger a todas las personas. En los albergues no sobra ni una cama. Viven hacinados y no hay condiciones de salubridad«, asegura una trabajadora del Centro de Acogida de Emergencia para personas sin hogar de Vallecas. En la capital se estima que hay 2.772 personas sin hogar, de las que al menos 650 duermen en la calle, según el último recuento de personas sin hogar efectuado en la capital antes de que comenzara la emergencia social.
Para Mayi lo peor es que no tiene acceso a un servicio: «Necesito ducharme desesperadamente», repite constantemente durante una conversación con Público. «¿Qué mínimo que ducharme? Si sigo en estas condiciones me voy a morir. Y si me muero por lo menos que esté aseado», insiste para explicar lo que siente tras treinta días buscando una solución que no llega. Duerme en un pequeño parque que hay por Ronda de Segovia y antes de la emergencia iba a ducharse a la Casa de los Baños de Embajadores. Pagaba 50 céntimos y podía asearse allí, pero desde que empezó la emergencia estos baños están cerrados y no tiene donde ir.
El Samur Social le ha dado un papel en el que se reconoce su situación de emergencia. El 12 de abril tiene que volver, pero no tiene ninguna esperanza de que la situación cambie. Aunque lo más irracional en su historia es que la Policía le multó el pasado 1 de abril por estar en la calle. Una denuncia en la que no se detalla la cantidad que le pedirán que pague, pero que sí reconoce que el motivo es estar en la calle, tal y como ha comprobado este medio.
Mayi explica que estaba andando por la calle cuando la Policía le paró. En la denuncia, que ha podido ver este medio, viene que no está firmada por él, aunque Mayi dice que la Policía se lo dio directamente y ni siquiera le preguntaron si quería firmar. Tampoco le dieron más explicaciones. La multa le llegará a la casa de un amigo, la dirección que él indicó. Un amigo que tiene un piso en Madrid y que le está ayudando a buscar sitio, aunque ya no vive en España.
Esto no solo le ha ocurrido a Mayi. «La Policía les está denunciando. Lo hemos comunicado a los mandos del Ayuntamiento para que transmitan a las direcciones que no hay plazas. Es cierto que hay personas que han venido de otras ciudades, pero la red ya estaba saturada antes de la emergencia. Se han creado unas 300 plazas así que es imposible que todos tengan un sitio porque hay muchas más personas», explica Pérez.
Desde el Samur Social dan unas tarjetas o unos papeles a las personas sin hogar para que la Policía conozca su situación, pero no hay un protocolo claro de actuación que sigan. Algunos agentes les indican que vayan a Ifema, pero Pérez alega que allí ya hay aglomeraciones y que no todos tienen cómo ir. Si no se encuentran cerca tienen que ir en transporte público y si no tienen dinero se cuelan, arriesgándose por obligación a otra multa que no pueden pagar.
De hecho, Mayi relata que fue al Ifema cuando abrieron sus puertas a las personas sin hogar, pero se dio la vuelta tras ver la situación allí. Dice que ya vio que estaba lleno y decidió irse. Desde entonces no ha encontrado otro sitio.
La situación también le supera. «Esto es lo nunca visto. Qué te voy a contar… ya no veo a mis amigos, a los vecinos. Antes veía a gente que te aprecia por lo que eres, no por lo que tienes. Ahora ya no les veo porque no hay nadie por el coronavirus… Voy a por comida todos los días a la iglesia, pero lo que necesito desesperadamente es ducharme», insiste.
En todas las crisis, los más perjudicados son los más vulnerables. Las personas que ni siquiera tienen un hogar son los que se ven ahora más olvidados. Como recuerda Pérez, ahora son muchos más de los que había antes por todas las personas precarias que han perdido los pocos ingresos que tenían antes de la emergencia.
Aunque la situación para los trabajadores de estos servicios también está siendo de lo más complicada:»Nosotros ya estábamos saturados. Somos un servicio que no tiene trabajadores suficientes. Esta situación ha llevado al colapso y a unos daños psicoemocionales en las plantillas brutales. No podemos dar respuesta a las personas sin hogar ni al resto de personas que necesitan ayuda porque estamos muy limitados. No nos hacen pruebas. No tenemos el material de protección que se necesita para intervenir a posibles casos y nosotros estamos teniendo contacto directo con personas muy vulnerables. Los anuncios del Ayuntamiento de aperturas como la del Ifema quedan muy bien, pero luego no se dan más plazas. Al final los perjudicados son siempre los mismos».
