JULIO CÉSAR RIVAS. LA VANGUARDIA.– Aunque la Policía canadiense es considerada un modelo a seguir por muchos países, ahora se enfrenta a graves acusaciones de racismo, discriminación, sexismo y violaciones de derechos humanos.
En Toronto, la mayor ciudad de Canadá y considerada por la ONU como la ciudad más multicultural del mundo, una persona de color tiene 20 veces más posibilidades de ser tiroteada por la Policía y morir que una persona blanca, según un informe de la Comisión de Derechos Humanos de la provincia canadiense de Ontario (OHRC).
Y ello a pesar que la población negra de Toronto es sólo un 8,8 % del total de la ciudad en la que viven 6,5 millones de personas en el área metropolitana, se indica en el documento.
La OHRC señala que las personas afroamericanas están implicadas en el 28,8 % de los casos donde los agentes utilizan la fuerza, el 36 % de las veces que disparan, el 61,5 % de encuentros que terminan con la muerte de un individuo y el 70 % de los tiroteos protagonizados por la Policía que terminan con muertos.
Uno de los ejemplos es la muerte en 2015 de Andrew Loku, un hombre negro con problemas mentales que fue tiroteado por un policía segundos después de que el agente llegase a su vivienda y le viese sosteniendo un martillo.
Desde hace años, la comunidad negra de Toronto ha denunciado que los agentes de policía detienen a personas de color en la calle sin razón aparente, los interrogan y anotan sus datos, una práctica considerada por expertos como «caracterización racial».
En 2017, un grupo de la ONU concluyó que la población negra en Canadá sufre una constante y permanente discriminación racial por parte de las fuerzas de seguridad.
Dos días después de la publicación del informe de OHRC sobre el racismo de la Policía de Toronto, la organización civil que vigila las acciones de las fuerzas de policía de Ontario (OIPRD) emitió otro estudio sobre la situación en la ciudad de Thunder Bay, la decimoquinta ciudad en tamaño de la provincia.
El informe de OIPRD es tan crítico con el cuerpo de Policía de Thunder Bay como lo es el de OHRC sobre Toronto.
El documento concluye que «existe un racismo sistemático en la Policía de Thunder Bay a nivel institucional» contra los indígenas que viven en la ciudad.
Entre las 44 recomendaciones de OIPRD destaca la reapertura de nueve casos de muertes de personas indígenas porque no fueron investigados de forma apropiada por la Policía.
El documento recoge el caso de una mujer de 30 años de edad, identificada por las iniciales E.F.
Su cuerpo fue localizado en 2016 en una zona boscosa, con las manos agarrando la hierba del suelo, marcas de quemaduras de cigarrillos en las palmas de las manos y sus pantalones bajados.
A pesar de que la autopsia señaló que E.F. -indígena- tenía diversas fracturas, la Policía de Thunder Bay determinó que la muerte no era sospechosa y nunca la investigó.
Así, el informe concluyó que la Policía de Thunder Bay investiga «a menudo de forma diferente las muertes de los indígenas».
Similares acusaciones de racismo, discriminación y abusos contra grupos minoritarios son generalizadas en otras ciudades canadienses como Montreal o Saskatoon.
Asimismo, la prestigiosa Policía Montada de Canadá, el cuerpo federal, también recibe acusaciones parecidas.
Centenares de agentes femeninos de la Policía Montada han denunciado que durante décadas la institución permitió una cultura de discriminación y abusos sexuales por parte de sus compañeros hombres.
Aunque durante años el cuerpo intentó acallar las denuncias, en 2016 el entonces director de la Policía Montada, Bob Paulson, se vio forzado a ofrecer una disculpa pública después de que las agentes iniciasen acciones judiciales.
Además, la institución ha destinado decenas de millones de dólares a indemnizar a las agentes que sufrieron los acosos y abusos sexuales, una cantidad que todavía no está determinada porque cada vez más mujeres están denunciando sus experiencias.
De momento, se estima que más de 3.000 mujeres han denunciado los abusos que han sufrido durante su etapa en la Policía Montada, tres veces más que la cifra inicialmente prevista por la propia organización policial.
