Los comunitarios residentes en UK no tienen tan cubiertos sus derechos como se les prometió. Entre otros, los europeos no están recibiendo ayudas para paliar la crisis del covid
CELIA MAZA. EL CONFIDENCIAL.- Durante las complejas negociaciones de divorcio entre Londres y Bruselas, siempre hubo tres pilares: evitar frontera dura entre norte y sur de la isla de Irlanda, asegurar un periodo de transición para dar tiempo (sobre todo a los negocios) a adaptarse a la nueva situación y, ante todo, garantizar los derechos de los ciudadanos, tanto de los británicos repartidos por el bloque como de los comunitarios residentes en el Reino Unido. El acuerdo llegó ‘in extremis’. Y ante la tranquilidad de evitar el temido Brexit caótico, nadie reparó en los grandes huecos que existen en las piezas del puzle. Pero están ahí. La pandemia del coronavirus ha comenzado a sacarlos a la luz y la realidad es que los europeos que viven en suelo británico no tienen tan cubiertos sus derechos como se les prometió.
Aquellos que no llevan aún cinco años en el país y tienen solo el ‘pre EU settlement scheme’ (estatus de preasentado) se están encontrando con “obstáculos significativos” o con que directamente sus solicitudes están siendo rechazadas a la hora de pedir las ayudas que Downing Street ha puesto a disposición de los ciudadanos afectados por la crisis del covid-19.
Todos los comunitarios residentes en el Reino Unido, excepto los irlandeses, deben solicitar lo que se conoce como el ‘EU settlement scheme’ (estatus de asentamiento) para conservar sus derechos. La norma se aplica también a los casados con británicos y a los no comunitarios cuya residencia en el país depende ahora de ser cónyuge de un europeo. Todo aquel que no realice los trámites antes del 30 de junio de 2021 quedará en situación ilegal.
“Con la pandemia del coronavirus, muchos comunitarios han perdido sus trabajos y se enfrentan a la indigencia porque el estatus de preasentado no les garantiza ahora acceso a las ayudas. Esto parece contradecir una lectura directa del acuerdo de retirada. No está en línea con los términos que se negociaron. Hay abogados investigando litigios sobre este asunto”, asegura Maike Bohn, cofundadora de The 3 Million a El Confidencial. La organización vela por los derechos de los comunitarios, entre ellos, el acceso al Sistema Nacional de Salud Pública.
Con la pandemia del coronavirus, muchos comunitarios han perdido sus trabajos y se enfrentan a la indigencia
Aunque el Reino Unido dejó oficialmente de ser miembro de la UE el pasado 31 de enero, a efectos prácticos, todo sigue igual hasta el 31 de diciembre. Durante estos meses, Londres y Bruselas deben negociar las futuras relaciones y cerrar (o al menos intentarlo) un acuerdo comercial. Cuando finalice el periodo de transición, acabará la libertad de movimiento, pero los comunitarios residentes no deberían sufrir ningún tipo de discriminación.
En este sentido, coincidiendo con la primera reunión del comité conjunto de Londres y Bruselas establecido para implementar el pacto de divorcio, The 3 Million ha escrito una carta dirigida al Ejecutivo británico y a la Comisión Europea manifestándoles sus preocupaciones.
Y no ha sido el único toque de atención. Un grupo de eurodiputados de varios partidos, liderado por Nathalie Loiseau, quien en su día fue ministra de Asuntos Europeos del Gobierno del francés Emmanuel Macron, denuncia que las autoridades británicas están violando el espíritu del acuerdo de retirada.
En una carta al ministro del Gabinete, Michael Gove, que forma parte de dicho comité, los eurodiputados señalan que actualmente hay más de 1,2 millones de personas con el estatus de preasentamiento y muchos de ellos “se enfrentan a una discriminación indebida en el peor momento posible”.
Luke Piper, abogado del The 3 Million, asegura que el Número 10 debería reconsiderar las implicaciones de las políticas que está ejecutando durante la crisis del covid-19. “Por un lado, el Reino Unido les está diciendo a los ciudadanos de la UE que pueden vivir aquí, que se les valora, pero por otro lado no les facilita el acceso a las ayudas. Esto no es solo un problema político, es un problema legal. Pero nadie quiere seguir una ruta legal y debería resolverse políticamente”, apunta.
Un portavoz del Ministerio de Trabajo y Pensiones asegura por su parte que el Gobierno británico “está protegiendo los derechos de los ciudadanos de la UE que residen en el Reino Unido”. “Todos aquellos que regularicen su situación podrán trabajar, estudiar y acceder a las ayudas sociales y servicios en el Reino Unido de la misma manera que lo hacen ahora”, afirma.
Bohn, la cofundadora de The 3 Million, señala que con la pandemia tan solo estamos en el inicio de un largo y complejo camino. “El acuerdo de retirada no es una guía de usuario completa sobre cómo cumplir con los derechos de las personas”, explica. “Cada país debe ahora implementarlo e interpretarlo a través de políticas, leyes escritas y decisiones cotidianas. Por lo tanto, van a surgir muchas grietas a medida que avancemos en el transcurso de los próximos años. Estamos advirtiendo de los conflictos que se plantean. Si entre ambas partes no pueden solucionarlos, necesitaremos un arbitraje. Ahí es cuando entrarán en juego los tribunales”, añade.
Sus datos personales, en riesgo
Entre los problemas actuales que Bohn enumera, se encuentra el de la privacidad de datos. Cuando los comunitarios realizan ahora los trámites para regularizar su situación, no tienen otra opción que aceptar un ‘aviso’ que les informa de que sus datos se podrán compartir con cualquier organización pública, privada u ONG tanto del Reino Unido como del extranjero. Esto vendría a violar la Ley de Protección de Datos de 2018, que incluye una “exención de inmigración”. “En una de las encuestas que realizamos, más del 35% de los comunitarios asegura que aún no había solicitado el estatus de asentamiento por esta razón”, sostiene.
Asimismo, a día de hoy, Downing Street se sigue negando a otorgar una prueba física para demostrar el derecho a residencia, lo que podría generar problemas a los comunitarios en entrevistas de trabajo, solicitudes de alquiler o si son parados por las fuerzas del orden. A día de hoy, los que han regularizado su situación tan solo reciben un ‘e-mail’ de confirmación.
A principios de este año, la Cámara de los Lores aprobó una importante enmienda a la Ley del Brexit (con la que se quiere materializar el divorcio) para que el Ejecutivo conceda algún tipo de carné. Pero, cuando la normativa volvió a los Comunes, donde Boris Johnson tiene una aplastante mayoría absoluta, la enmienda fue eliminada.
Por si la situación no fuera ya de por sí lo suficientemente compleja, Bohn asegura que la nueva Ley de Inmigración que se tramita actualmente en Westminster —con la que el Gobierno quiere poner fin a la libertad de movimiento y permitir la entrada al país solo a los extranjeros «más brillantes» con un sistema de puntos similar al australiano— va a crear aún un ambiente más hostil.
“A día de hoy, por ejemplo, solo el 11% de los menores a cargo de comunitarios residentes tiene regularizada su situación. El resto de familias podría tener problemas si no completan los trámites antes de la fecha límite. The 3 Million quiere ver enmiendas al proyecto de Ley de Inmigración para que estas personas queden protegidas. Actualmente, es probable que miles de ciudadanos caigan por las grietas que ha dejado el acuerdo de retirada. Necesitan protección y esta ley no se la está dando”, añade.
Toque de atención de la Comisión
A mitad de mayo, la Comisión Europea ya abrió un procedimiento de infracción contra el Reino Unido por no estar cumpliendo durante el periodo de transición con las leyes comunitarias sobre libertad de movimiento de los ciudadanos europeos y sus familias. Londres tiene ahora cuatro meses para tomar las medidas necesarias para abordar las deficiencias identificadas. De lo contrario, la Comisión pasaría a un dictamen motivado.
Downing Street remitió una carta a la comisión reiterando que se toma “muy en serio” la cuestión de los derechos de los ciudadanos y defiende que el proceso que existe ahora en el Reino Unido para regularizar la situación de los europeos residentes es “sencillo, gratuito y ‘online”. En este sentido, Londres se queja de las deficiencias y carencias en la aplicación recíproca en diferentes países europeos para regularizar la situación de sus compatriotas repartidos por el bloque.
Un total de 214.800 españoles residentes en el Reino Unido han solicitado el estatus de asentamiento, según las últimas cifras facilitadas por las autoridades británicas. Desde que se puso en marcha el 30 de marzo de 2019 hasta el 20 de abril, se han recibido 3,536 millones de peticiones, de las que se han concluido 3,22 millones y el resto está pendiente de proceso. De los 3,2 millones de solicitudes procesadas, el 58% ha recibido el estatus de asentado (concedido a todo aquel que lleve cinco años viviendo en el país), y el 41%, el de preasentado (que se da a los que llevan menos de cinco años, periodo tras el cual pueden pedir el estatus de asentado). Los españoles son la quinta nacionalidad por solicitantes después de los polacos (con 681.400), los rumanos (575.800), los italianos (357.300) y los portugueses (276.900).
