La mayoría de las comunidades aceptan la recomendación del Gobierno para evitar exponer a jóvenes sin recursos a una situación de mayor vulnerabilidad
JESÚS A. CAÑAS. EL PAÍS.- Mohamed cumplió los 18 años en el centro de menores La Purísima de Melilla el pasado 5 de marzo. La mayoría de edad habría habría dejado a este joven marroquí sin alojamiento en el que vivir de un día para otro, pero la emergencia sanitaria está alterando la rigidez de algunas normas. “Por el coronavirus no me dejan en la calle”, resume el chico con normalidad en un audio de WhatsApp. Como él, decenas de adolescentes migrantes viven estos días una situación similar. La pandemia ha paralizado la expulsión de extranjeros de los centros de menores una vez que cumplen 18 años, una situación inédita en la mayoría de las comunidades autónomas.
Mohamed es uno de esos jóvenes que, tras verse sin tener dónde ir recién cumplidos los 18 años, suelen llamar a la puerta de Voluntarios por Otro Mundo, una asociación que acoge a inmigrantes extutelados en pisos de Jerez de la Frontera (Cádiz). Hace unos días que el responsable de la entidad, Michel Bustillo, dejó de recibir llamadas y mensajes de chavales que piden ayuda. “Les dijeron [a los chicos] que mientras que durase ese estado que estuviesen tranquilos, que no iban a salir del centro. No les dieron una respuesta sobre qué ocurriría después. Imagino que ni lo saben”, explica el voluntario, que acoge actualmente en cinco pisos a 42 jóvenes, la mayoría procedentes de centros de menores de la Junta de Andalucía.
Desde que el pasado 14 de marzo se decretó en España el estado de alarma por la crisis del coronavirus, 84 chicos migrantes que viven en centros públicos y concertados de Andalucía han llegado a la mayoría de edad. Todos “permanecerán en ellos hasta que se restablezca una situación de normalidad”, aseguran fuentes de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta. No es un criterio exclusivo de esta comunidad. También en Madrid, Cataluña, País Vasco, Ceuta y Melilla —los territorios que más menores inmigrantes acogen— han adoptado esta medida temporal, según han confirmado fuentes de sus respectivos departamentos de infancia a EL PAÍS.
Aunque algunas de las regiones ya habían tomado la decisión de forma autónoma, otras han seguido la recomendación aportada por la Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. La institución envió, el pasado 27 de marzo, un documento de 15 páginas en el que detallan medidas de confinamiento para los niños que viven en centros, pisos tutelados o acogidos en familias. Uno de estos puntos señala que “los riesgos implícitos en los procesos de emancipación que tienen lugar cuando se cumple la mayoría de edad se multiplican en la actual situación de emergencia” y aconseja mantenerlos en los centros de acogida pese a cumplir los 18. Y también solicita esta extensión para los chicos que estén inmersos en los cuestionados procedimientos de determinación de la edad y que acaben siendo reconocidos como mayores de 18 años.
“La medida atiende tanto a niños nacionales como a extranjeros (…) Los inmigrantes son más vulnerables, porque con los nacionales las redes de ayuda suelen ser más amplias”, explica Gabriel González-Bueno, director de Derechos de la Infancia del ministerio. En Voluntarios por Otro Mundo conocen esa situación de fragilidad con la que llegan los jóvenes extutelados, recién cumplidos los 18 años sin recursos y, en ocasiones, sin ni siquiera haber terminado la obligación legal de tramitar sus permisos de residencia.
Las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas del país han atendido a 11.385 menores extranjeros hasta el pasado 31 de marzo, según la estadística aportada por el Ministerio del Interior que recoge una cifra acumulada de reseñas policiales y que suele diferir de los números que manejan las diferentes regiones. Cada territorio asume tratos bien diferentes a los chicos que cumplen los 18 años. Desde las salidas inmediatas al llegar a la mayoría de edad, denunciadas por Unicef, que imponen en la mayoría de los casos Andalucía, Ceuta o Melilla, a los programas de acompañamiento social a extutelados que incluyen hasta prestaciones económicas condicionadas en el caso del País Vasco y Cataluña.
Con la pandemia, todas las comunidades consultadas han extendido la cobertura, aunque el panorama se vuelve incierto una vez acabe el estado de alarma. “¿Qué va a pasar con toda esa acumulación de jóvenes extutelados? Esperamos que no los dejen porque va a ser imposible asumirlo si no es de forma escalonada y gradual”, se pregunta Bustillo. A Mohamed, aún acogido bajo el paraguas de los recursos de Melilla, lo único que le preocupa ahora es poder seguir el curso que había empezado y que la crisis sanitaria ha paralizado. “He venido a España a buscar mejores oportunidades”, asegura el joven.
El colapso de Ceuta y Melilla
La pandemia ha agudizado la, ya de por sí, delicada situación de colapso que viven los recursos para menores extranjeros en Ceuta y Melilla. Ambas ciudades autónomas comenzaron a enviar a los jóvenes que cumplían los 18 años a alojamientos de emergencia habilitados para acoger a adultos sin hogar, pero cambiaron de proceder al recibir las recomendaciones del Gobierno central. En Melilla, la Consejería de Distritos, Familia y Menor ha devuelto a los centros de menores a un grupo de entre 15 y 20 jóvenes, informa Laura J. Varo. Entre ellos estaba un chico con insuficiencia renal, cuya reubicación había sido denunciada por el Defensor del Pueblo. Según el consejero, Mohamed Ahmed, serán acogidos “mientras dure el confinamiento” en el centro asistencial Gota de Leche, el centro de menores La Purísima y el recurso temporal del Fuerte de Rostrogordo.
En Ceuta, son cuatro los extutelados que regresarán a recursos para menores y otros 12 cumplirán la mayoría de edad a lo largo del vigente estado de alarma, según confirma la vicepresidenta Mabel Deu. “Estamos soportando una presión enorme”, asegura la también responsable del área de Menores. La ciudad tiene ahora bajo su tutela a 404 menores en La Esperanza, un centro con una capacidad para 150 niños. Además ha habilitado el pabellón Santa Amelia para albergar a los 116 adultos y menores que suelen malvivir en las inmediaciones del puerto y ultima preparativos en un solar habilitado con instalaciones prefabricadas para aliviar la presión en La Esperanza.
