El Comité de Derechos del Niño considera que el procedimiento de determinación de la edad de estos jóvenes viola sus derechos humanos
OSCAR ESTAIRE. EL PAÍS.- El Comité de Derechos del Niño, el órgano de la ONU que vela por el cumplimiento de los derechos de la infancia, ha determinado este martes que el procedimiento de determinación de la edad de los menores migrantes no acompañados en España viola sus derechos humanos. En concreto, el dictamen se refiere a las decisiones de las autoridades españolas sobre jóvenes inmigrantes que, a pesar de haber comunicado su minoría de edad a su llegada a España, fueron registrados como adultos e internados en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). El organismo ha adoptado 14 decisiones contra España desde 2019 por violaciones del derecho a la identidad, el derecho a ser escuchado y el derecho a la especial protección de los niños privados de su entorno familiar.
Entre los casos citados, el dictamen destaca el del joven guineano M.B., de 17 años, que llegó a Almería en junio de 2017, tras ser interceptada por la Cruz Roja la patera en la que viajaba. A pesar de comunicar a la Policía Nacional que era menor de edad, fue registrado como adulto de 21 años, se denegó su solicitud de asilo y fue internado en un centro para extranjeros adultos en Madrid. Aunque la ONG Fundación Raíces obtuvo una copia de su certificado de nacimiento, que acreditaba su minoría de edad, no se le reconoció esta condición, no se le asignó un tutor que velara por sus intereses ni se le ofreció la protección a la que los menores tienen derecho según el derecho internacional.
Lourdes Reyzábal, presidenta de la Fundación, se muestra conforme con la decisión del Comité. “Llevamos más de 10 años denunciando que el procedimiento de determinación de la edad de los niños y niñas que llegan solos y solas a España vulnera sus derechos fundamentales”, comenta. Para Reyzábal, es una buena noticia la decisión del Ministerio de Justicia de crear un grupo de trabajo para modificar el proceso de determinación de la edad, pero alberga cierto escepticismo. “Nos preocupa enormemente que se vaya a diseñar un procedimiento que nuevamente no sea absolutamente garantista con los derechos de los niños y niñas que llegan solos a España”, señala.
En otro de los casos citados por el organismo, el joven A.L. fue arrestado por las fuerzas de seguridad cuando llegó a Almería de manera irregular en abril de 2017. El adolescente informó a la policía que tenía 17 años. Tras hacérsele un examen el hospital, que determinó que su edad ósea era de más de 19 años, se determinó que era adulto y se le trasladó también a un CIE. De nuevo, la Fundación Raíces le proporcionó apoyo y logró presentar su certificado de nacimiento al Juzgado de Almería, aunque nunca recibió respuesta del mismo.
Según el Comité, en ninguno de los 14 casos estudiados España realizó un procedimiento correcto de determinación de la edad de estos menores migrantes. Además, en su dictamen señalan que los documentos de identidad, cuando se encuentren disponibles, deben considerarse siempre válidos, salvo prueba en contra, según lo reconocido por el Tribunal Supremo. El Comité hace también un llamamiento al Estado español para asegurar que “el mejor interés del niño” se tome como “consideración primordial” en el procedimiento de determinación de la edad.
Estas pruebas afectan a la vida de miles de jóvenes. Según datos de la Memoria de la Fiscalía de 2020 las Fiscalías territoriales abrieron 7.745 expedientes de determinación de edad en España a lo largo de 2019. A 2.477 de los interesados se les declaró adultos y, por lo tanto, sin protección.
