El relator de Naciones Unidas sobre libertad de expresión, David Kaye, ha instado a los países y a las grandes empresas a reforzar y revisar sus políticas para combatir el discurso del odio en Internet, ya que ha advertido de que pueden provocar «grandes daños» en la vida real
EUROPA PRESS. LA VANGUARDIA- El relator de Naciones Unidas sobre libertad de expresión, David Kaye, ha instado a los países y a las grandes empresas a reforzar y revisar sus políticas para combatir el discurso del odio en Internet, ya que ha advertido de que pueden provocar «grandes daños» en la vida real. «El odio en Internet no es menos dañino porque esté en línea. Por el contrario, este tipo de odio, con la velocidad y el alcance de su difusión puede provocar graves daños en la vida real y casi siempre tiene como objetivo silenciar a los demás», ha indicado Kaye. «La pregunta no es si abordar ese abuso, es cómo hacerlo de una manera que respete los derechos de todos», ha afirmado. Asimismo, Kaye ha detallado que las personas marginadas son los principales objetivos de este flagelo la mayoría de las veces y ha subrayado que las nuevas leyes, cuya responsabilidad recae en las empresas, «incumplen los estándares básicos» y aumentan el poder de «actores privados sobre las normas públicas», lo que hace que se corra el riesgo de «socavar la libre expresión y responsabilidad pública. El relator especial ha señalado que las empresas no se toman en serio su responsabilidad a la hora de respetar los Derechos Humanos y ha recalcado que «es en sus plataformas donde se propaga el contenido de odio, impulsado por un modelo comercial y herramientas algorítmicas que valoran la atención y la viralidad». «Esto tiene un impacto masivo en los Derechos Humanos y, sin embargo, todos fracasan al articular políticas arraigadas en las leyes de Derechos Humanos como los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos les exigen que hagan», ha añadido. En un informe, Paye ha ofrecido a las empresas una hoja de ruta para abordar el odio en Internet según los principios básicos de las leyes de las garantías fundamentales, destacando especialmente la ausencia de estudios de impacto en estos derechos en todas las etapas del desarrollo del producto. «Las empresas siguen obstinadamente comprometidas con políticas que van en contra de la libertad de expresión y privacidad, así como con prohibiciones de discriminación, incitación a la violencia y promoción de la participación pública», ha manifestado. «Este informe brida a las empresas las herramientas para cambiar el rumbo», ha agregado.
