El secretario general adjunto para los Derechos Humanos, Andrew Gilmour, denuncia una tendencia al alza de la utilización de “barreras legales, políticas y administrativas” para intimidar
13/09/2018 Abogacía Española.– La ONU ha detectado casos de persecución e intimidación de activistas y defensores de los Derechos Humanos en al menos 38 países, según un informe del secretario general de la organización, António Guterres, que recoge casos de asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias o “estigmatización”.
El secretario general adjunto para los Derechos Humanos, Andrew Gilmour, ha advertido de que los casos recogidos en el informe representan “la punta del iceberg”, en la medida en que hay “muchos más” que no han podido ser verificados. Además, hay “personas demasiado asustadas para hablar” de lo que han vivido”, según un comunicado de la ONU.
Gilmour ha denunciado una tendencia al alza de la utilización de “barreras legales, políticas y administrativas” para intimidar y, por extensión, “silenciar” a la sociedad civil. La presión termina traduciéndose en “autocensura” de quienes no quieren arriesgarse a ser perseguidos.
El informe ve “preocupante” que los distintos gobiernos apelen a “argumentos de seguridad nacional y a estrategias de lucha contra el terrorismo” para bloquear la labor de organizaciones de la sociedad civil, hasta el punto de que ONG y activistas pueden llegar a ser catalogados como “terroristas” solo por ejercer su trabajo.
“Los países han aludido frecuentemente a la lucha contra el terrorismo como razón para que una organización o individuo no pueda tener acceso a Naciones Unidas”, reza la investigación, que será presentada ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el próximo 19 de septiembre.
El informe también insta a la organización a recoger más información sobre los actos de intimidación y represalias, con un enfoque específico en los abusos sufridos por los defensores de los derechos de la comunidad LGTBI o por activistas mujeres.
Gilmour ha instado a traducir “el impacto y la ira” de los datos en “acciones reales”. En este sentido, ha considerado que “los gobiernos pueden hacer más para frenar las represalias, asegurar que no se repiten y hacer que sus responsables rindan cuentas”.
En la lista de países elaborada por la ONU figuran nuevos casos en Camerún, China, Colombia, Cuba, República Democrática del Congo, Yibuti, Egipto, Guatemala, Honduras, Hungría, India, Israel, Kirguistán, Malí, Marruecos, Birmania, Filipinas, Rusia, Ruanda, Arabia Saudí, Sudán del Sur, Tailandia, Trinidad y Tobago, Turquía, Turkmenistán y Venezuela.
Además, la organización internacional da seguimiento a casos en Argelia, Bahréin, Burundi, China, Egipto, India, Irán, Irak, Japón, México, Marruecos, Birmania, Pakistán, Ruanda, Arabia Saudí, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán y Venezuela.
