La Voz de Galicia.- El organismo insiste en el grave déficit democrático del país.
Con dos demoledores informes que suman 300 páginas, la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre la República Bolivariana de Venezuela volvió a poner el dedo en la llaga del grave déficit democrático del régimen de Nicolás Maduro, que usó a sus policías políticas «como parte de una maquinaria diseñada y desplegada para ejecutar el plan del Gobierno para reprimir la disidencia y cimentar su propio control del poder […] orquestado al más alto nivel político encabezado por el presidente, y apoyado por otras altas autoridades», señaló, en su presentación, la presidenta de la misión, Marta Valiñas.Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del díaREGISTRARME
El primer informe especifica la cadena de mando de la represión, que involucra a Maduro, a su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, al ministro Tareck El Aissami, al diputado Diosdado Cabello, y a los jefes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López, y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Iván Hernández Dala.
El documento supone un duro golpe al régimen de Maduro, que había logrado en los últimos meses una imagen de normalización del país, y hacía presión para suspender la actividad de la misión de la ONU, mientras las oenegés independientes de derechos humanos intentaban que esta fuera renovada en unas cruciales elecciones que se realizarán en el Consejo de Derechos Humanos a principios de octubre.
Ali Daniel, director de Acceso a la Justicia, una oenegé local de derechos humanos, señaló que tras la contundencia del informe sería muy difícil que la mayoría de los 47 países que componen ese organismo no voten a favor de la renovación.
Testimonios
Daniel indicó que la importancia de los informes radica en su minuciosidad. Para el informe de derechos humanos se recabaron 246 testimonios directos: 122 de víctimas de torturas, y el resto, de familiares y exfuncionarios de seguridad del Estado venezolano.
«El rigor investigativo es el establecido por el Estatuto de Roma a fin de determinar la responsabilidad individual de los involucrados […] Explica las políticas que permiten que estos actos sean una parte organizada de la actuación estatal en el país […] y configuran crímenes de lesa humanidad», indicó el experto a La Voz.
La misión también consignó un informe sobre la situación de derechos humanos en el denominado Arco Minero del Orinoco, uno de los principales sostenes económicos del régimen, considerado por varias organizaciones ambientalistas el ecocidio más grande en marcha en Sudamérica.
En esa vasta área de la Amazonia, de 110.000 kilómetros cuadrados (el 12 % del territorio venezolano), la misión denunció muertes arbitrarias, desapariciones, extorsiones, castigos corporales, violencia sexual y de género y ataques a poblaciones indígenas.
