EFE. LA VANGUARDIA.- El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó hoy una resolución por la que se investigarán los abusos cometidos en la guerra civil libia desde comienzos del año 2016.
La resolución, presentada por Burkina Faso en representación de los Estados africanos y aprobada hoy por consenso, sin necesidad de votación, demanda que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, dirigida por la alta comisionada Michelle Bachelet, establezca una misión de investigación formada por dos expertos.
Esta misión, establecida para un periodo de un año, deberá «documentar presuntas violaciones de derechos humanos y abusos» cometidos por las diferentes partes de la guerra civil libia, que comenzó en 2014, tres años después de la caída del régimen dictatorial de Muamar al Gadafi.
El conflicto libio enfrenta al Gobierno del Acuerdo Nacional (GNA), reconocido por la ONU y con sede en Trípoli, y las milicias encabezadas por el mariscal Jalifa Hafter, que controlan buena parte del territorio nacional y cercan a las fuerzas progubernamentales atrincheradas en la capital desde abril del año pasado.
Organizaciones de derechos humanos y expertos de Naciones Unidas han denunciado repetidamente violaciones y abusos en el actual conflicto, por ejemplo en materia de ataques armados a migrantes en centros de detención.
En enero, un informe de la oficina dirigida por Bachelet señaló que un bombardeo de un centro de detención en la ciudad libia de Tajura, que causó la muerte de 53 migrantes en julio del pasado año, fue probablemente perpetrado por aviación perteneciente a otro Estado aliado de Hafter.
El mariscal cuenta con el respaldo de Rusia, Arabia Saudí, Egipto y Emiratos Árabes Unidos, y ha llegado a recibir respaldo político de Francia y EEUU, mientras que el GNA está apoyado política y financieramente por la Unión Europea, Naciones Unidas, Italia y Catar, además de recibir ayuda militar de Turquía.
La resolución aprobada hoy pide al GNA que colabore con la misión de investigación que va a ser creada y garantice la persecución de aquellos responsables de violaciones de derechos humanos que sean señalados por ella.
La decisión del Consejo de Derechos Humanos fue celebrada por organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch, que en un comunicado la consideró «un aviso a los señores de la guerra y grupos armados, que ahora saben que pueden ser responsabilizados de graves crímenes».
