«A Brenda la mataron de forma brutal. Quiero justicia para ella, que se sepa quién la mató de esta manera, que este hecho no quede impune, que las autoridades ayuden en esto, por favor». Fueron las palabras desesperadas de Gloria Vallejos, madre de Brenda, asesinada cerca de su casa el lunes pasado en Valparaíso, en la zona central de Chile
MERITXELL FREIXAS. PÚBLICO.- «A Brenda la mataron de forma brutal. Quiero justicia para ella, que se sepa quién la mató de esta manera, que este hecho no quede impune, que las autoridades ayuden en esto, por favor». Fueron las palabras desesperadas de Gloria Vallejos, madre de Brenda, asesinada cerca de su casa el lunes pasado en Valparaíso, en la zona central de Chile.
Brenda Plaza tenía 41 años y era una mujer trans que vivía en Iquique, al norte del país, pero aterrizó hacía dos meses al litoral para visitar a su madre. Hasta ahora no se han encontrado los responsables del crimen, pero familiares y activistas criticaron que la policía hablara de ella como «una persona de sexo masculino vestida de mujer». «Hasta el último momento trataron a Brenda como hombre. Así que no podemos esperar que los malos dejen de matarnos, ni mucho menos podemos esperar respeto de los demás, si la misma policía no nos respeta», espetó la concejala trans de la ciudad porteña, Zuliana Araya.
El asesinato de Brenda se suma a una larga lista de agresiones y ataques que se han registrado en el país suramericano en el último tiempo. Según el XVII Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género, elaborado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), en 2018, en Chile se denunciaron 698 casos de violencias y abusos basados en la orientación sexual o la identidad de género de las personas. En comparación a 2017, se registró un aumento de un 44%, la cifra más alta que se ha registrado en los últimos 17 años. El documento también revela que por tercera vez en este período, la población trans acumuló el mayor número de vulneraciones, con el 39% del total, correspondiente a 273 casos, el más alto conocido hasta ahora.
Hasta el 15 de marzo, se registraron en el país sudamericano 13 casos de violencia física por diversidad sexual, un 85% más que el promedio de años anteriores entre enero y marzo. En este recuento no se consideró el homicidio de Brenda ni tampoco la agresión que sufrieron un grupo de mujeres trabajadoras sexuales trans, que fueron apuñaladas a finales del mes pasado.
Entre los últimos casos que han conmocionado la
sociedad chilena hay la «violación correctiva» de un hombre a su
hijastra por ser lesbiana; o el ataque a la joven Carolina Torres, que
quedó herida con riesgo vital tras ser golpeada con un palo por dos hombres mientras paseaba de la mano de su novia y otra amiga.
Precisamente,
este jueves, después de dos meses de búsqueda, los presuntos agresores
de Carolina fueron detenidos y, tras pasar a disposición del juez,
quedaron en prisión preventiva mientras dure la investigación. El
magistrado consideró que existe riesgo de fuga y que representan un
peligro para la víctima y para la sociedad. No tuvieron la misma suerte
las familias de María Pía Castro y Nicole Saavedra, asesinadas en 2008 y
2016 respectivamente, por ser lesbianas. Ambas muertes siguen impunes
hasta el día de hoy.
«Efecto rebote» y ultraderecha
Érika Montecinos, directora de la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, vincula la ola de agresiones de los últimos meses a la irrupción de los discursos de odio de los sectores «fundamentalistas y ultraconservadores» que han aparecido en todos los medios y la sociedad en general. «Es un acoso que nosotres vivenciamos diariamente, sobre todo aquellas personas que tienen una expresión o identidad de género diversa, como las lesbianas camionas o las personas trans», explica.
Coincide con ella el encargado de legislación y políticas públicas de Organizando Trans Diversidades (OTD), Franco Fuica, que apunta que los logros de la comunidad LGBTI se convierten en «razones para ser más odiados» por parte de los sectores más reaccionarios. «Hay un efecto rebote», afirma.
De hecho, los avances en la tramitación de la Ley de Identidad de Género, que se promulgó el noviembre pasado, y el triunfo de la película Una Mujer Fantástica en los Oscar de 2018 provocaron la ira y el rechazo homo-transfóbico de varios grupos y personas que se movilizaron para boicotear la norma o para ofender a la protagonista del film, Daniela Vega. Concretamente, del total de casos de discriminación del 2018, 15 fueron dirigidos contra la actriz y 218 para boicotear la ley, según el Informe Anual.
Para Montecinos no se puede pasar por alto las consecuencias que tienen hasta hoy las dictaduras que en los 70 acecharon los países de América del Sur. Según ella, los grupos vinculados a los asesinatos y desapariciones no han desaparecido totalmente y resurgen ahora «con discursos neofascistas». Opina que en los gobiernos de derecha «no hay mano dura ni políticas efectivas» que condenen los discursos de odio que incitan a la violencia. Y añade: «Se normalizan y relativizan detrás de una errada interpretación de la libertad de expresión».
Fuica considera que lo que ocurre en Chile tiene relación directa con el auge de la extrema derecha a nivel global y el «mal manejo de los gobiernos socialistas». Según él, los partidos conservadores «han empoderado a estos grupos que habían estado en la sombra y ahora aparecen sin temor, vergüenza ni pudor».
Políticas a debate
Chile tiene varios pendientes en materia de políticas antidiscriminatorias. En 2012 se promulgó la Ley Antidiscriminación, más conocida como Ley Zamudio, en homenaje al joven Daniel Zamudio, víctima mortal de una agresión homofóbica perpetrada por un grupo neonazi. Sin embargo, las organizaciones LGBTI reclaman una revisión de la normativa porque la consideran insuficiente. «No tiene sanciones contra quien discrimina, excepto una multa que además tiene un beneficio fiscal; y hay que cambiar la carga de la prueba: no debería ser la víctima quien demuestre la discriminación, sino que tendría que ser el agresor quien debiera probar que no lo hizo», lamenta Franco Fuica.
El gobierno de Sebastián Piñera anunció para marzo la convocatoria de una consulta ciudadana
para evaluar la efectividad de la ley, pero de momento no ha habido
avances al respecto y el anuncio quedó en meras palabras al viento.
Ante
el aumento de la violencia y desprotección, el Ejecutivo también
decidió establecer una mesa de trabajo abierta a las organizaciones
sociales. Sin embargo, algunas de las entidades fueron excluidas de la
convocatoria y quedaron sin representatividad. La ministra de la Mujer y
Equidad de Género, Isabel Plá, indicó que el incremento de
agresiones contra mujeres lesbianas y trans, requiere «un trabajo
especializado» y «una protección especial» porque la violencia que
afecta a estos grupos de mujeres «tiene unas características
especiales». Sin embargo, tampoco en eso ha habido avances.
Érika Montecinos considera que hasta ahora las políticas públicas dirigidas a la comunidad LGBTI «han sido débiles» y no han abordado la «violencia estructural que niega derechos, por ejemplo, a las familias diversas, o que impide el matrimonio igualitario». Por eso, desde su organización reclaman leyes «más severas que sirvan para combatir la incitación y crímenes de odio». Como mujeres lesbianas y trans, exigen que se las incluya en las leyes integrales de violencia contra la mujer: «Queremos que se considere la violencia a las mujeres por su orientación sexual e identidad de género, que se busque una mirada más amplia y no heteronormativa», sostiene.
Desde OTD, Fuica redunda esa mirada y añade la
importancia de transformar desde la educación: «Es el pilar fundamental
para el cambio social hacia la igualdad verdadera», concluye.
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