El Gobierno del Principado aprobó ayer el proyecto con el que confía en poner freno a la agresividad, especialmente en el fútbol
O.SUÁREZ / E. ALONSOLa violencia es uno de los grandes problemas que, junto al fraude de los resultados y el dopaje, perturban y manchan al deporte. Ante estas serias amenazas que se ciernen sobre la seguridad en los espectáculos deportivos y la integridad de las competiciones, el Consejo de Gobierno del Principado aprobó ayer el proyecto de Ley de Deportes y Actividad Física con el que confía poner freno a la violencia, especialmente en el mundo del fútbol.
Más concretamente, el texto recoge el endurecimiento de las sanciones en cuestiones de dopaje y en prácticas que atenten contra el juego limpio, para lo que tipifica las malas prácticas, y apunta al incremento de las medidas de prevención, control y represión de la violencia, el racismo, la discriminación por razón de sexo o la xenofobia.
La nueva Ley de Deportes y Actividad Física, que sustituirá la actual, que data de 1994 y que ha quedado «obsoleta», en palabras del consejero de Educación, Genaro Alonso, actualiza una necesidad presente y real y plantea «otra manera de entender el deporte», tras las importantes transformaciones de todo tipo que se han producido en los últimos años.
Entre las medidas que propone la nueva Ley del Deporte del Principado está la aprobación y ejecución de planes y medidas dirigidas a prevenir la violencia, contemplando determinaciones adecuadas en los aspectos social y educativo y el desarrollo de un régimen sancionador administrativo en el que se tipificarán las infracciones y sanciones.
Constituirán infracciones en materia deportiva las acciones u omisiones de los distintos sujetos responsables en materia del cumplimiento del orden. Está tipificada como sanción muy grave, por ejemplo, el incumplimiento de los requerimientos de las autoridades y órganos administrativos competentes en materia deportiva. Las sanciones podrán ascender hasta los 60.000 euros de multa dependiendo de la infracción.
Respecto a organización y competencias, plantea la creación de una conferencia intersectorial como órgano colegiado que reunirá a los distintos departamentos del Principado cuyas políticas incidan en la actividad física y el deporte. Asimismo, recoge las competencias de órganos ya existentes, como el Consejo Asesor de Actividad Física y Deporte y la Comisión de Equilibrio de Género en el Deporte -integrada en el anterior-, y constituye el Comité Asturiano de Justicia Deportiva como órgano único e independiente con capacidad para resolver cuestiones controvertidas.
La normativa prevé, asimismo, la creación de la Federación Polideportiva del Principado, un organismo que agrupará aquellas modalidades que no pueden funcionar con autonomía ni siquiera en forma de agrupación deportiva, de modo que compartan con otras los gastos de sede o servicios administrativos. También otorga mayor protagonismo a las federaciones en la tramitación de las licencias deportivas, para conseguir una regulación más exhaustiva, y somete a estas entidades a un código de buen gobierno.
