Igualdad planea incluir como agravantes la violación en pareja o el uso de fármacos para anular la voluntad de la víctima y estudia cómo castigar el acoso callejero
PILAR ÁLVAREZ. EL PAÍS.- Es la primera gran medida del Ministerio de Igualdad y uno de los compromisos que anunció el presidente del Gobierno: una ley sobre la libertad sexual que prevé cambios transversales que van desde la formación de quienes atienden a las víctimas, a la educación, la prevención o la respuesta institucional. La propuesta, que el ministerio que encabeza Irene Montero ultima en estas semanas porque quiere presentar el texto en fechas cercanas al 8 de Marzo, planea eliminar del Código Penal el concepto de abuso y reducir las penas por agresión. Además, contempla añadir como agravantes tanto las violaciones dentro de la pareja como aquellas que se producen cuando la víctima tiene anulada su voluntad por haber ingerido fármacos o drogas.
La nueva norma se basa principalmente en la proposición de ley que Unidas Podemos presentó en julio de 2018 —que se denominó Ley de protección integral de la libertad sexual y para la erradicación de las violencias sexuales, aunque ese no será el nombre definitivo— y, en menor medida, en las recomendaciones que un grupo de especialistas (la llamada comisión general de codificación) envió al anterior Gobierno del PSOE después de la conmoción social que produjo el caso de La Manada, la violación de una joven en Pamplona en 2016 por cinco hombres.
La iniciativa, en fase de borrador, puede sufrir modificaciones desde ahora a su entrada en el Consejo de Ministros. Y también en la posterior fase de tramitación en el Congreso, donde la coalición PSOE-Unidas Podemos está en minoría.
El consentimiento
En el eje de la nueva ley estará el consentimiento de las mujeres, un consentimiento “libre, revocable y para unas prácticas concretas” en las que prima el mutuo acuerdo y el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, como recogía la proposición de 2018 y recomienda el convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, el llamado Convenio de Estambul que España ratificó en 2014.
La futura ley planea eliminar el concepto de abuso y considerar todos los casos como agresiones sexuales, una idea que se ha mantenido desde que se empezó a plantear la revisión del Código Penal con el escándalo de La Manada. Ese cambio de filosofía, no obstante, no conlleva penas más altas. De hecho, los castigos que se barajan se reducen respecto a los que prevé el Código Penal.
La pena mínima por agresión sexual en la nueva propuesta, según fuentes de la negociación, es de uno a cuatro años frente a la horquilla de uno a cinco años que recoge el Código Penal en su artículo 178. La agresión con penetración o asimilados (vía vaginal, anal o bucal o introducción de objetos) irá de cuatro a 10 años frente a los seis a 12 que contempla el Código en el artículo 179.
La intención, según explican desde el equipo de trabajo, es desterrar la idea de que se pedían cambios “punitivistas”. Argumentan que el movimiento feminista, las mujeres que protestaron en las calles contra las dos primeras sentencias de La Manada que condenaron por abuso y no por violación, no se movilizó por los años de condena o para que los castigos fueran más altos. Pedían que no se cuestione a las víctimas y defendían que si cinco hombres acorralan y violan a una mujer en un portal de dimensiones reducidas sí que existe violencia e intimidación, como finalmente reconoció el Tribunal Supremo en ese caso.
El debate sobre las penas también se planteó en la comisión de expertos previa. Los juristas barajaron que la violación no superase la pena máxima de los homicidios, que suponen 15 años de cárcel, salvo en delitos acumulados. Así quedan otros aspectos:
Agresiones en grupo. El plan es recoger las agresiones en grupo como un nuevo agravante y no como un tipo específico como salía en la propuesta de Unidas Podemos de 2018. El Supremo señaló un camino en la sentencia de La Manada que se puede aplicar sin necesidad de cambios: no fue una sola violación y todos los implicados actuaron como “cooperadores necesarios” del resto, lo que podría haber multiplicado exponencialmente las penas. Es lo que ocurrió el pasado diciembre con la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos a tres exfutbolistas de la Arandina por agresión sexual a una adolescente de 15 años. La pena para cada uno de ellos, aún no firme, es de 38 años de cárcel —14 por su agresión y 24 como cooperadores necesarios—.
Si viola la pareja. Cuando la víctima es o ha sido esposa o novia de su agresor sexual se considerará un agravante, aunque no hubieran tenido convivencia. Igual que pasa con el consentimiento, es un cambio que responde a lo dictado por el citado acuerdo europeo, el Convenio de Estambul y que supone incluir la perspectiva de género en la normativa. Es una modificación que también recogía la propuesta de la comisión de codificación.
Víctimas drogadas. Otro de los agravantes que se añadirán es el relacionado con que el agresor anule la voluntad de la víctima suministrándole fármacos, drogas o cualquier otra sustancia que sirva para ello.
Acoso callejero. Es uno de los aspectos que ha generado más debate y cuya inclusión aún se está ultimando. La propuesta inicial de Unidas Podemos recoge castigar con multas o trabajo a la comunidad para quien dirija en la vía pública a una persona “proposiciones, comportamientos o presiones de carácter sexual o sexista” que supongan una situación intimidatoria. Ese apartado está en revisión, explican fuentes del Ejecutivo, y se está reajustando porque ha habido jurisprudencia desde que se presentó la proposición de ley de Unidas Podemos hasta hoy.
“SE TRATA DE CONVERTIR EL ‘YO SÍ TE CREO’ EN POLÍTICA PÚBLICA”
La propuesta de ley con la que trabaja el Gobierno, la que presentó Unidas Podemos en 2018, va mucho más allá de cambiar el Código Penal. Considera la violencia sexual como una vulneración de los derechos humanos y prevé combatirla con medidas transversales que ayuden a prevenir los casos.
La nueva normativa recogerá entre sus aspectos esenciales la formación de todos los profesionales implicados en el proceso de prevención de los casos y de atención a las víctimas cuando las agresiones se produzcan. Eso supone revisar, por ejemplo, la formación de sanitarios que atienden a una mujer, para que puedan detectar, asistir y ayudar a rehabilitar a las víctimas. O la de las fuerzas de seguridad del Estado que recogen su denuncia, a los que también se instruirá en temas con perspectiva de género y en medidas de protección integral contra la violencia sexual, igual que en la judicatura. “Se trata de convertir el ‘yo sí te creo’ en una política pública”, resumen fuentes del Gobierno. Entre otras razones, para evitar la revictimización de quienes, en muchos casos, sufren primero por la agresión y, en segundo lugar, porque quienes las atienden no están preparados para ello.
El proyecto prevé ampliar las competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer y de la Fiscalía especializada para que también traten causas relacionadas con violencia sexual. E incluir la prevención y la sensibilización en el ámbito educativo, con la implantación de contenidos sobre educación sexual para el alumnado en todos los niveles a partir de primaria. Todos estos aspectos requieren fondos económicos específicos que deberán incluirse en la memoria de impacto presupuestario.
