Los criterios impuestos por el ‘brexit’ impedirá seguir o entrar en el país a muchos extranjeros empleados en hospitales y residencias de ancianos. La nueva ley, aprobada por el Parlamento, entrará en vigor el 1 de enero del año próximo y afecta a multitud de empleos que suelen ser ocupados por no británicos
BEGOÑA ARCE. EL PERIÓDICO.- Boris Johnson se viene uniendo a los británicos cada jueves para aplaudir a los trabajadores ‘esenciales’ que luchan contra el coronavirus. Un gesto de agradecimiento para la galería. El Gobierno tramita la nueva Ley de Inmigración que cierra el paso a los mismos trabajadores extranjeros que combaten la epidemia en hospitales y residencias de ancianos. A esos a los que aplaude Johnson. Los llamamientos a adecuar las reglas con la nueva realidad han caído en saco roto. La ideología del ’brexit’ a cualquier precio no entiende de agradecimientos ni necesidades.
‘Incapacitados’
El nuevo sistema de inmigración por puntos que regirá en el Reino Unido a partir del próximo 1 de enero recibió el lunes la luz verde inicial en la Cámara de los Comunes. La normativa ‘post-brexit’ se aprobó (315 a favor, 252 en contra), sin tener en cuenta la enorme contribución de quienes están arriesgando su vida, y perdiéndola a veces, durante la epidemia. La ministra del Interior, Priti Patel, rechazó los argumentos de la oposición que pedía mayor flexibilidad a la hora de reclutar en el extranjero un personal excluido oficialmente como “no cualificado”, del que se nutre el sector de centros para personas mayores.
“Todos esos que aplauden los jueves (a los cuidadores)”, afirmó el responsable laborista de Interior, Nick Thomas-Symonds, dirigiéndose a los diputados, “están encantados de votar una ley que va a mandar el mensaje rotundo a esa misma gente de que este Gobierno no les considera trabajadores capacitados”. Thomas-Symonds preguntó a Patel si considera ‘incapacitados’ a los que están en primera fila del servicio público durante la epidemia, como “los dependientes en las tiendas, los que recogen la basura, los empleados locales del Gobierno, el personal de la NHS (la sanidad pública) o los trabajadores en las residencias”.
Cambio opinión pública
Incluso algunos parlamentarios conservadores temen una situación caótica en el sector más afectado por la actual crisis, las residencias, donde se han producido miles de muertos. La diputada ‘tory’, Carolina Nokes, ha pedido que se aplique la nueva ley con “compasión y comprensión” y se dejen atrás los conceptos de ‘capacitado’ y ‘no capacitado’. “Sinceramente no tienen sentido y además son muy peyorativos para unas personas de las que hemos sido tan dependientes, no sólo las últimas ocho semanas sino por mucho, mucho tiempo en este país”, declaró a la BBC.
Otros subrayaban el cambio de la opinión pública. Un sondeo de YouGov sugiere que el 54% de los británicos es ahora partidario de controles de inmigración más suaves para los trabajadores considerados esenciales durante la pandemia.
Más de 130 empleados muertos
La nueva ley impone que los futuros inmigrantes alcancen un determinado nivel de puntos, a base de ciertas calificaciones educativas, conocimiento del inglés y un salario mínimo anual de 25.600 libras (28.600 euros). La subida del listón supone de hecho el cierre del mercado laboral para multitud de empleos, incluidas para los que trabajan en las residencias. En la lista de trabajadores esenciales elaborada por el Gobierno durante la crisis figuran empleados en el procesamiento de alimentos, repartidores y los trabajadores de los supermercados. Ninguno de ellos alcanza el salario mínimo fijado por la nueva normativa.
Una cuarta parte del total de las muertes por coronavirus en el Reino Unido se ha producido en las residencias de ancianos y entre los fallecidos hay al menos 130 empleados. Antes de la epidemia, el sector de asistencia social tenía más de 120.000 vacantes. ¿Los cubrirán los británicos?
