Por ser constitucionalista, a Inma Alcolea le abrieron dos expedientes disciplinarios, uno de ellos por llamar «Genestapo» a la Generalitat. Hasta ahora no ha perdido ninguno. También la persiguieron por decir ‘Viva España’ o porque su madre llamó capullo a Puigdemont.»Quiero sacar a mi familia de Cataluña», dice
JAVIER NEGRE. EL MUNDO.- Miércoles de la pasada semana. En una concurrida cafetería de la localidad de Hospitalet de Llobregat aparece una mujer rubia de 50 años con el rostro compungido. Inma Alcoleacarga una carpeta repleta de documentación judicial y recortes de periódico que acreditan tanto el calvario que ha sufrido estos años como su victoria contra aquellos mandos de los mossos que la «persiguieron por ser constitucionalista y hablar en castellano en Gerona», cuna del ex president Puigdemont. Una victoria en los tribunales contra los expedientes de castigo impuestos por la División de Asuntos Internos de la Policía autonómica«dirigida por un político del PdCat» y controlada por «la Genestapo», como ella se refiere a la Generalitat.
Estos triunfos en los tribunales no han conseguido aliviarle su dolor por haber sido víctima de una cacería. «De un calvario procedimental», apunta la agente. Es tal su malestar que rechaza para Crónica posar con cualquier atuendo atribuible a un cuerpo del que se avergüenza, insiste ella. «Estoy de baja por depresión y no deseo volver al cuerpo», cuenta la barcelonesa.
El camino de espinas de Inma Alcolea, cabo de los Mossos d’Escuadra, comenzó hace dos años y medio. Licenciada en Derecho, llevaba hasta entonces «21 años con total normalidad» en un cuerpo al que había llegado porque se le atragantó el examen oral de las oposiciones al cuerpo jurídico militar. Se adaptó bien al trabajo de una Policía autonómica donde entonces ningún mosso era perseguido por su ideología y los mandos no estaban al servicio del procés.
Alcolea llevaba una vida tranquila en Gerona hasta que una mañana de enero de 2017 vio cómo su hijo menor de edad aparecía sin pixelar en un artículo de prensa «donde se aseguraba que se buscaba a una mossa que había insultado a Puigdemont en su Facebook». Empezaba la cacería.
RETIRADA DE ARMA
El 13 de enero le suspenden cautelarmente de empleo y sueldo y se le prohíbe pisar una comisaría. Le retiran la placa y el arma dos meses. Según ella, su madre había escrito en su Facebook la siguiente retahíla de improperios contra el ex president Puigdemont: «Eres un hombre sin oficio ni beneficio. Te puedes morir de hambre. Capullo».
La mosso presentó pruebas que, según ella, acreditaban que ese comentario fue escrito por su progenitora que incluso hizo una declaración jurada ante notario reconociendo su autoría. No fueron tomadas en cuenta. «Posteriormente gracias a un nefasto abogado del sindicato SAP me trasladan desde marzo hasta septiembre de 2017 a 140 kilómetros de distancia de mi domicilio. El 21 de junio se me informa que tengo una propuesta de sanción de siete meses sin empleo ni sueldo», indica.
La mujer se quedó «destrozada» porque la sanción suponía 15.000 euros menos de sueldo. Una cantidad considerable para cualquier economía modesta como la suya. Invadida por la tristeza, se fue en moto a su casa y se topó con una patrulla de mossos. Tenía tanta rabia contra ese cuerpo con mandos politizados que les dijo a tumba abierta «Viva España».Uno de los agentes bajó la ventanilla y respondió: «¿Qué dice señora?». Y Alcolea repitió: «Digo que viva España». Los agentes la identificaron y aquella frase, salida del alma, le costaría «carísima».
El 5 de septiembre le informan desde Asuntos Internos que el plazo para investigar su expediente [por faltar al respeto a Puigdemont] había caducado y que lo reabrían de nuevo aplicándole una tercera medida cautelar: su traslado coactivo a la cárcel de Figueras, a 120 kilómetros de su domicilio, para que «no tuviese contacto con la población civil». El cuerpo de letrados de la Generalitat dictaminó que Alcolea había roto una de las normas del cuerpo: la neutralidad política. Una norma que, a su juicio, sólo aplican a los mossos constitucionalistas y no a los independentistas como Albert Donaire, partidarios de la vía unilateral y de romper la legalidad vigente y que forman parte de la ANC. Mossos que insultan al juez Llarena en las redes sociales o a líderes como Inés Arrimadas. O que, como Donaire, desvelaron los datos personales de Alcolea en las redes poniéndola en la diana separatista. Un hecho por el que Alcolea se ha querellado contra el mosso separatista.
«Hay agravios comparativos. Los mossos independentistas tienen barra libre y gozan de protección para dar sus ideas políticas, no se les abren expedientes, y a los constitucionalistas se nos persigue. En el 1-O en una comisaría de Gerona hubo un inspector que gritó Visca Cataluña. No se le sancionó por falta de neutralidad. Parece ser que decir viva España sí implica falta de neutralidad política cuando yo estaba fuera de servicio y de vacaciones y este señor estaba uniformado», señala la agente.
EXPEDIENTES ILEGALES
En febrero de 2018, Alcolea en una reunión de Sociedad Civil Catalana en Gerona explica al entonces delegado del Gobierno,Enric Millo, las ilegalidades que está cometiendo Asuntos Internos. «Los expedientes que me estaban aplicando eran desproporcionados, arbitrarios e ilegales por la falta de motivación, de temporalidad y de excepcionalidad de las medidas cautelares aplicadas y la imposibilidad de acudir a la vía judicial tras 14 meses metida en un expediente sin que ellos lo resolvieran. Acabé diciendo que en la Generalidad había un golpe de Estado desde dentro de las instituciones catalanas y que se había convertido en una Genestapo porque «era un gobierno violento, castigador, ilegal. Mis jefes en ese momento están procesados y yo digo que son golpistas».
Tampoco esos comentarios le saldrán gratis. «Me sancionan con cinco meses de suspensión de empleo y sueldo cuando a los mossos independentistas no les dicen nada si llaman a los guardias civiles criminales, a Llarena fascista y a Rajoy hijo de puta. Contra mí o contra el mosso Octavi que dijo «La República no existe» sí que actúan», dice.
Tres meses después, Alcolea recibía un nuevo varapalo. El expediente que le abrieron por el insulto a Puigdemont quedó resuelto: siete meses de suspensión de empleo y sueldo y pérdida de plaza fija en Gerona. Para Alcolea fue un mazazo, pero decidió recurrir ante la Justicia los dos expedientes disciplinarios abiertos contra ella. Consigue ganar su batalla en los tribunales que declaran ilegales los 16 meses que le tuvieron inmersa en tres tipos de medidas cautelares. En el caso de la sanción impuesta por llamar a la Generalitat «Genestapo» la jueza delJuzgado Contencioso número siete de Barcelona decidió suspender cautelarmente la ejecución de la sanción a la espera del juicio. «Hasta la fecha, lo he ganado todo», dice la mosso.
-¿Con estas victorias judiciales tiene pensado volver a los mossos?
-No es mi deseo, no me identifico con ese cuerpo, pero si tengo que volver a los mozos para alimentar a mis hijos, lo haré. Quiero irme de Cataluña y sacar a mi familia de aquí.Sólo deseo que desarrollen la Ley de pasarela y nos permitan a los mossos constitucionalistas irnos a la Policía Nacional.
Ahora Asuntos Internos ha decidido expedientar a su pareja «por el hecho de seguir atacándome», manifiesta Alcolea. «Se han basado en una declaración falsa de su superior al que le hemos presentado una querella por falsedad documental», explica la mosso, que seguirá su incansable lucha contra la «Genestapo». «No me voy a rendir».
