Una investigación sugiere que la ley que en 2012 excluyó de la sanidad pública a personas indocumentadas ha tenido «un gran efecto» en la salud de los más vulnerables
LOLA HIERRO. EL PAÍS.- La mortalidad entre la población sin papeles aumentó una media de un 15% entre 2012 y 2015, los tres años posteriores a la aplicación de la ley sobre la reforma sanitaria implementada en España en septiembre de 2012 a través del Real Decreto 16/2012, que deja sin cobertura a personas en situación administrativa irregular. Así lo afirma una reciente investigación, la primera de este tipo, del Instituto de Economía de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra. Se titula The deadly effects of losing health insurance (Los efectos letales de perder la cobertura sanitaria) y ha sido presentada el 13 de abril en la Escuela Nacional de Sanidad de Madrid.
En términos absolutos, se corresponde con un incremento de 70 muertes anuales, y el porcentaje aumenta con el tiempo: en el tercer año de estudio, el 2015, la mortalidad ascendió un 22,6%. Estos resultados sugieren que la modificación de la cobertura sanitaria ha tenido «un gran efecto» en el estado de salud de poblaciones vulnerables con pocas alternativas de acceso a la atención médica.
Los investigadores han estimado el efecto del Real Decreto en la tasa de mortalidad de inmigrantes indocumentados al comparar el patrón de mortalidad entre el grupo de población por cuya nacionalidad tienen más probabilidades de ser irregulares y el de la población española que no ha sido afectada por la reforma. Para ello, se han servido de información pública obtenida del Instituto Nacional de Estadística (INE), que registra todas las muertes acaecidas en España: son datos individuales de los fallecidos de nacionalidades con una mayor proporción de sin papeles entre 2009 y 2015. Desde 2009 hasta 2012, la mortalidad en ambos grupos se mantiene o incluso decrece. En 2012 hay un punto de inflexión y comienza a aumentar la de los inmigrantes, según ha explicado a EL PAÍS Judit Vall, coautora del informe e investigadora del Instituto de Economía de Barcelona (IEB) y del Centre de Recerca en Economia y Salut (CRES-UPF).
La científica advierte que los resultados obtenidos son una estimación mínima de una realidad que sospechan mayor porque en el primer grupo de referencia, el de los migrantes en situación irregular, se han incluido los fallecidos que sí tenían papeles. «Sabemos que este grupo incluye personas que no se vieron afectadas; no los podemos distinguir porque los registros de mortalidad no proporcionan información sobre el estado administrativo», detalla Vall. «Y aún así, encontramos ese aumento del 15%, con lo cual estimamos que el impacto que hemos hallado es lo mínimo que en realidad debe haber».
El estudio presenta los resultados diferenciados por tres grupos de edad: de 0 a 19 años, de 20 a 39 y de 40 a 64. Los mayores de 65 no se han incluido porque hay muy pocas personas en situación irregular que rebasen esa edad. Gracias a las excepciones marcadas por el Real Decreto, que son las embarazadas, la atención de emergencia en caso de enfermedad grave o accidente y los menores, se ha observado que no hay ningún efecto de la reforma en estos últimos. En el grupo de edad de 20 a 39 años ha aumentado la tasa de mortalidad mensual en un 16,49%. El efecto para el grupo de 40-64 años es del 19,89%. Por continente de origen, la reforma aumenta la tasa de los africanos en un 16,69% con respecto al nivel anterior a la reforma, en un 23,42% para los centro-sudamericanos y en un 30,40% para los asiáticos.
Los resultados también muestran que los efectos de las restricciones en la cobertura sanitaria son más altos en el caso de muertes acaecidas por causas evitables si se cuenta con acceso rápido al sistema de salud público: la falta de detección de enfermedades mortíferas y la interrupción de tratamientos en caso de enfermos crónicos. El impacto más fuerte, según Vall, es en las muertes por cáncer. «En algunos tumores la detección precoz es muy importante y sabemos que el cáncer, muchas veces, no da signos de alerta», explica. La experta recuerda que, si se pierde la tarjeta sanitaria, también se pierde el acceso a toda medicación subvencionada y a tratamientos como la quimioterapia. «Y en el caso del cáncer, es carísima», incide. En el caso de otras dolencias que requieren medicación crónica como VIH, o en enfermedades contagiosas como tuberculosis, sí que se ha hallado un coeficiente positivo, pero no significativo.
Es difícil obtener una cifra precisa del número de personas que han tenido acceso restringido al sistema de salud como resultado de la reforma. «Ha sido complicado encontrar datos porque la población inmigrante en situación irregular no está muy bien identificada», afirma Vall, que advierte que, hasta el momento, solo se disponen de algunos informes de organizaciones no gubernamentales como los de Red Acoge o Médicos del Mundo cuyas estimaciones se sustentan, más bien, en casos particulares. No obstante, sí sabe que en 2016 las autoridades españolas detectaron a 37.295 inmigrantes viviendo de manera irregular. Además, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó en el Congreso de los Diputados el 20 de febrero de 2013 haber retirado 873.000tarjetas sanitarias. Este último número representa un 13,87% de la población inmigrante en España en 2012 y un 1,86% de la población total.
El RD 16/2012 fue justificado por el Gobierno como la manera de evitar el fraude en la obtención de la tarjeta de salud española (el turismo sanitario) y ahorrar unos 500 millones de euros. Ha sido muy polémico desde su aprobación porque restringe el acceso al sistema de salud pública a la población inmigrante indocumentada, que hasta entonces solo necesitaba el padrón para obtener la tarjeta sanitaria. La reforma estableció que debían estar en posesión de un permiso de residencia oficial y para obtenerlo, tenían que demostrar que estaban trabajando regularmente o que tenían recursos suficientes para cubrir los gastos de subsistencia durante su estadía en el país. Diversas comunidades autónomas han introducido leyes autonómicas que permiten el acceso al sistema de atención médica para inmigrantes indocumentados. Aragón, Valencia, Cantabria, Baleares o la Comunidad de Madrid son algunos ejemplos.
Aunque el impacto es mayor en las Comunidades Autónomas que lo aplican a rajatabla, el estudio no ha hallado diferencias significativas entre ellas, algo que Vall se explica porque la mayoría de decretos regionales se introdujeron después del Real Decreto, y para entonces este colectivo ya era reacio a hacer uso de los servicios de atención médica por el temor a revelar su situación irregular. «Se ven como perseguidos y señalados, y convencerles que de van a poder acceder al sistema de salud ya no es tan fácil porque ya tienen miedo a ser deportados o denunciados», explica la investigadora.
