El Ministerio público tiene dificultad para detectarlos y muchos no se denuncian – Los casos más habituales están relacionados con insultos homófobos o racistas – La Fiscalía registró en un año una decena de delitos «graves» contra colectivos vulnerables
TANIA SUÁREZ. LA OPINIÓN DE A CORUÑA.- Una transexual que camina por la calle y, sin más, comienzan a insultarla desde una cafetería; un chico que vende rosas al que apalean por ser de color; una joven a la que su vecino le espeta «lesbiana de mierda» cada vez que se la cruza; un camarero al que humillan y agreden por ser gay; un negro al que le niegan la entrada en una discoteca; un chico amenazado de muerte por el padre de su novio cuando descubre que es homosexual… Son algunas de las víctimas de delitos de odio cuyos casos llegaron a la Fiscalía provincial de A Coruña especializada en perseguirlos desde hace dos años.
Desde el Ministerio público advierten de que la mayoría de los agresores que se ensañan con el colectivo LGTB, inmigrantes y mendigos son menores de 40 años, por lo que insisten en la importancia de la prevención a través de la educación en la tolerancia y el respeto. En un año la Fiscalía provincial registró una decena de procedimientos «graves», entre los que no se contabilizan los insultos homófobos o racistas, que son los casos más habituales. «Es solo la punta del iceberg», aseguran las mismas fuentes, quienes subrayan que la principal dificultad es detectarlos porque pueden estar detrás de cualquier otro delito. Una agresión, por ejemplo, está tipificada como un delito de lesiones y, a veces, es difícil percibir que la verdadera motivación sea homófoba o racista. Lo mismo sucede con las injurias.
A los tribunales, según indican desde la Fiscalía, llega la mínima parte de los delitos de odio: muchas víctimas no denuncian. Sin techo o inmigrantes sin papeles no suelen acudir a la policía ni solicitar asistencia médica cuando son golpeados o vejados. Por ello, desde la acusación pública insisten en la importancia de la labor que desarrollan las asociaciones LGTB o contra el racismo porque los afectados tienden a pensar que si denuncian por su cuenta volverán a ser humillados y no los tendrán en consideración.
El 90% de los condenados por este tipo de delitos evitan ingresar en prisión porque carecen de antecedentes y las penas son inferiores a dos años de cárcel. Aunque la mayoría de los casos se resuelven con multas y condenas de prisión simbólicas, desde el Ministerio público subrayan la importancia de denunciar para que la sociedad tome conciencia de que ese tipo de conductas tienen sus consecuencias. «La mayoría de los agresores no reinciden porque se ven sometidos a un juicio y la amenaza de poder ir a prisión ya les sirve para que no lo vuelvan a hacer», apuntan fuentes de la Fiscalía provincial coruñesa.
Además de las dificultades a las que debe hacer frente la Justicia a la hora de detectar este tipo delitos, las víctimas se encuentran con impedimentos cuando las denuncias son sobre hechos considerados leves, como los insultos. En ese caso, deben recurrir a la jurisdicción civil a interponer una demanda, por lo que necesitan abogado y procurador. Cuando hay «algo más» que un insulto, el Ministerio público suele llevar el caso por vía penal como delito de coacciones. La Policía Nacional cuenta en A Coruña con un agente especializado en detectar este tipo de conductas que acude a colegios para concienciar a los jóvenes y el Concello se ha adherido a una red (PIPE) para tratar de establecer unos protocolos dentro de la Policía Local. La Justicia precisa de mayor especialización para hacer frente a estos casos, al igual que se hizo con los delitos de violencia de género o los informáticos.
