El Periódico.- El Congreso finaliza este jueves la tramitación de una norma que invierte la carga de la prueba para atajar mejor los comportamientos discriminatorios.
Casi 15 años después de que el Partido Socialista propusiese por primera vez aprobar en España una ley antidiscriminación, el Congreso dará definitivamente luz verde este jueves a la ley de igualdad de trato, más conocida como ‘ley Zerolo’, en referencia al fallecido diputado socialista, que fue uno de sus impulsores. Han sido necesarios cuatro intentos legislativos frustrados y más de un año de negociaciones entre partidos y de tramitación parlamentaria para que la proposición de ley socialista registrada en la Cámara baja en enero de 2021 vea la luz.
La ley llegó al Congreso en medio de la polémica puesto que Unidas Podemos se quejó de que el PSOE presentase por su cuenta, como una proposición de ley que orilló al Consejo de Ministros, una norma que forma parte del acuerdo de coalición y que los morados aspiraban a negociar conjuntamente. Aún así, es previsible que este jueves todos los grupos apoyen la norma salvo Vox y PP, que ya votaron en contra en la Comisión de Igualdad del Congreso y en el Senado.
La ley pretende actuar como paraguas normativo común en contra de cualquier discriminación, combinando un enfoque preventivo con otro reparador, y abarca los motivos recogidos en el artículo 14 de la Constitución y en las leyes comunitarias, es decir, discriminación por sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, religión o creencias y orientación sexual, a los que se añaden enfermedad, identidad sexual y situación socioeconómica. Y los principales ámbitos que regula son el laboral, el educativo, el sanitario y el de la vivienda.
Código Penal
En un inicio la norma contemplaba exclusivamente sanciones administrativas -de entre 300 euros a un millón- ante los diversos tipos de discriminaciones, pero en el Congreso se acordó incluir una disposición para reformar también el Código Penal con el fin de tipificar como delito el antigitanismo y la aporofobia, el odio contra el pobre. Cuando la ley entre en vigor, al día siguiente de su publicación en el BOE, «quienes promuevan o inciten al odio, discriminación o a la violencia contra los gitanos y gitanas; quienes elaboren o posean, con la finalidad de distribuir a terceras personas, escritos o cualquier otra clase de material que por su contenido incite o fomente al odio, serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años».
Asimismo, en el Senado se incluyó un artículo que obliga a páginas web y aplicaciones informáticas a ser accesibles para personas con discapacidad y mayores. Y, por otro lado, se aprobó incluir una enmienda transaccional que refuerza la lucha contra la segregación escolar, ya sea por motivos socioeconómicos, de sexo, raza o enfermedad.
Carga de la prueba
Además, una de las principales novedades de la ‘ley Zerolo’ es que invierte la carga de la prueba, de forma que tiene que ser el acusado el que acredite que no ha discriminado. Y crea la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato, que dará asistencia a las víctimas, podrá iniciar de oficio o a instancias de terceros investigaciones y reabrir causas judiciales archivadas.
En definitiva, la portavoz socialista en la materia, Beatriz Carrillo, considera que la ley «marcará un horizonte» y un cambio de paradigma similar «al de la ley de igualdad, la ley contra la violencia de género o el matrimonio gay», al ser integral y contemplar «estrategias y campañas» para prevenir cualquier tipo de acto discriminatorio, además de las acciones de castigo y reparadoras.
