CONFILEGAL.- A pesar de que la mayoría de los grupos parlamentarios se habían comprometido a reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, y a pesar de que el Congreso de los Diputados aprobó impulsar en noviembre de 2016 y enero de 2017 dos propuestas de reforma, la normativa sigue intacta.
Cuando se cumplen cinco años de su entrada en vigor, más de 200 organizaciones de defensa de derechos y libertades fundamentales se han sumado al manifiesto impulsado por Amnistía Internacional, No Somos Delito, Defender a Quien Defiende, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), la Coordinadora de ONG de Desarrollo de España y Greenpeace exigiendo “de una vez por todas la modificación urgente de la Ley de Seguridad Ciudadana”.
Entre las entidades firmantes se encuentran UGT, la Federación de Asociaciones de Periodistas (FAPE), Hay Derecho, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Comisión Legal Sol, Caravana Abriendo Fronteras y Yayoflautas Madrid.
Otras organizaciones participantes del manifiesto son Desarma Madrid , BDS Madrid, Mujeres de Negro contra la Guerra, Madrid, CP San Carlos Borromeo, Confederación de Federaciones de Asociaciones Cannábicas (ConFAC), Espacio Común 15M, Xnet, Access Info o la organización internacional ARTICLE 19.
En su comparecencia en el Congreso del 23 de abril, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, reiteró el compromiso del Gobierno de derogar la Ley Mordaza, aunque advirtió de que “hay artículos que siempre tendrán que estar en la próxima ley”, en referencia, precisamente, al artículo 36.6, que permite sancionar por falta grave las desobediencias a las fuerzas de seguridad.
Sin embargo, por el momento, los hechos han sido otros. En este 2020, marcado por la crisis pandemia de coronavirus, y desde que se decretara en marzo el estado de alarma, se han impuesto más de 1 millón de propuestas de sanción en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana.
Durante los 75 días que ha durado el estado de alarma, el gobierno ha emitido 1,1 millones de sanciones. Un 42% más que en los tres primeros años y medio de la norma.
Desde que se decretase el estado de alarma y hasta el 31 de mayo, Andalucía se ha convertido en la comunidad autónoma con más número de sanciones por incumplimiento de las normas, con más de 187.000.
Seguida de Madrid con 175.863 y la Comunidad Valenciana con 161.294. Por el contrario, las menos multadas son Melilla con más de 4.000 sanciones, seguida de Ceuta con 8.542 y La Rioja con 10.057.
En este contexto las organizaciones sociales han venido denunciando que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado podrían haber interpuesto de manera arbitraria sanciones contra personas que supuestamente desobedecían el estado de alarma.
Destacan que no han observado los criterios de necesidad y proporcionalidad que indican los estándares internacionales y esto bajo la aplicación de la conocida como Ley Mordaza.
Junto a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana cabe recordar que entró en vigor la reforma del Código Penal igualmente con un impacto preocupante en el derecho a la libertad de expresión, a juicio de las organizaciones.
Desde entonces periodistas, profesionales del derecho, artistas y usuarios de redes sociales han sido procesados en virtud del artículo 578 del Código Penal, que prohíbe el “enaltecimiento” del terrorismo y la “humillación de las víctimas de los delitos terroristas”. La imprecisa redacción de ese tipo de delitos también restringe la libertad de expresión.
PSOE y Unidas Podemos anunciaron su derogación
De hecho, cuando PSOE y Unidas Podemos presentaron su documento de gobierno como coalición acordaron sustituir la Ley de Seguridad Ciudadana, a la que se refieren como Ley Mordaza, por una nueva norma que “garantice el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica”.
Estas son dos de las medidas incluidas en el pacto para un Ejecutivo de coalición “progresista” que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, presentaron en el Congreso de los Diputados.
En el apartado ‘Nuevos derechos y memoria democrática’, el PSOE y Unidas Podemos se comprometían a aprobar “a la mayor brevedad” una nueva ley de seguridad ciudadana que sustituya a actual y que se basara en “una concepción progresista de la seguridad ciudadana” y que priorizase “la garantía de derechos y la protección de la ciudadanía”.
En particular, la futura norma regularía el derecho de reunión, la identificación y registro corporal y la identificación de los agentes policiales, según precisan.
Además, derogaría el artículo 315.3 del Código Penal, que prevé multas o penas de prisión de hasta tres años para quienes, de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga. Sin embargo, hasta la fecha no se ha producido ningún cambio normativo.
Hay pendiente un pronunciamiento del Tribunal Constitucional porque los partidos en la oposición, con el PSOE a la cabeza, presentaron un recurso contra numerosos preceptos de la ley en línea con la contestación social que generó por el recorte en los derechos fundamentales que suponía.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado, entre otros motivos por las dificultades de alcanzar un acuerdo para un fallo por unanimidad en los puntos más polémicos de la norma.
La Ley Mordaza sigue operativa
“Tras 5 años desde su entrada en vigor, la Ley Mordaza sigue campando a sus anchas. Los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica, información y manifestación, han sufrido un claro retroceso desde su aprobación”, se denuncia en el manifiesto.
Desde Amnistía Internacional se explica a Confilegal que la celebración de ese quinto aniversario llega en un contexto de pandemia en el que desde las organizaciones de la sociedad civil se ha manifestado la preocupación ante casos de arbitrariedad policial en la imposición de multas durante el estado de alarma.
Greenpeace califica la Ley Mordaza “como el mayor recorte de libertades de la historia democrática de nuestro país”, ya que considera la protesta pacífica “como una amenaza”.
En los años anteriores ésta y otras organizaciones denunciaron el uso excesivo de la fuerza y malos tratos por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado en el contexto de manifestaciones, la imposición creciente de multas por la mera asistencia a movilizaciones.
Al mismo tiempo fueron comentadas actuaciones abusivas y arbitrarias contra periodistas y fotógrafos que documentaban la labor policial, sin que estos abusos fuesen investigados de forma adecuada.
También recuerdan que a pesar de que la Ley Mordaza contara con la oposición del resto de los grupos parlamentarios, a pesar de las advertencias por expertos de Naciones Unidas sobre la vulneración de derechos humanos que implicaría su aplicación, y de las persistentes movilizaciones de la sociedad civil para frenarla, en marzo de 2015 se aprobó y el 1 de julio del mismo año entró en vigor.
Para Esteban Ibarra, fundador del Movimiento contra la Intolerancia, que no ha suscrito dicho manifiesto, hay que hacer un debate más profundo y menos político del tema. “No creo que sea lógico que esta norma tenga el apelativo de Mordaza, aunque es posible que como todas las leyes es bastante mejorable. La aplicación de esta ley en las sanciones de la pandemia ha sido excesiva”.
A su juicio “hay que reclamar mesura, proporcionalidad, mejorar la legislación para que esté conforme con el título 1 de la Constitución de la protección de los derechos fundamentales. Y que en su aplicación se evite cualquier situación de indefensión. Es fundamental garantizar la protección de esos derechos”.
Para este experto, “los partidos políticos deben promover debates profundos y racionales, que realmente sirvan para armonizar mejor la convivencia”. La ley ha tenido una serie de contradicciones, se apoya de una forma y en un contexto, “pero tienen que adaptarse a la realidad para que no sea desmesurada su aplicación”.
Dos millones de multas desde el 2015
Desde la aplicación de esta norma, se han impuesto más de dos millones de multas. Solo durante el estado de alarma se han tramitado más de un millón de propuestas de sanción en aplicación de esta la ley.
Durante el primer año hubo alrededor de 34.000 sanciones relacionadas con conductas que podrían estar amparadas por el derecho de reunión, expresión e información. Más de 12.000 sanciones fueron por desobediencia o resistencia a la autoridad y casi 20.000 por falta de respeto o de consideración a las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Según expertos consultados por esta publicación en sus cinco años de historia, la Ley Mordaza ha tenido dos momentos álgidos: las movilizaciones que siguieron al referéndum del 1 de octubre en Cataluña y el estado de alarma provocado por la crisis del covid-19. Entre el 1 de julio de 2015 y el 31 de diciembre de 2018, los diferentes cuerpos policiales han abierto 765.416 expedientes sancionadores, con los que el Estado recaudaba 415,5 millones de euros.
Entre los artículos que han generado más sanciones se encuentran los de “desobediencia o la resistencia a la autoridad” (art. 36.6) o “faltas de respeto o consideración” (art. 37.4)”, que no se encuentran entre los recurridos ante el Tribunal Constitucional, cuya decisión sobre la legalidad de parte de esta norma está a punto de producirse.
