La actual legislación viola los derechos humanos, según la sentencia el Tribunal Superior de Belfast
BEGOÑA ARCE. EL PERIÓDICO.- Sarah Ewart decidió abortar en el año 2013. No fue una decisión fácil, como ella misma ha reconocido, pero los médicos no le dieron esperanza alguna. El feto se estaba desarrollando fuera del útero y moriría en su vientre, o si llegaba al parto, el recién nacido no sobreviviría ni unas horas. Ewart, que ahora tiene 29 años, decidió someterse a un aborto terapéutico, pero la operación es ilegal en Irlanda del Norte, donde vive. La única solución que le quedó, fue desplazarse a una clínica en Londres. Al trauma y el dolor se sumó el gasto económico del viaje.
Tras la ingrata experiencia decidió que ninguna otra mujer debía pasar por algo así. Este jueves, después de seis años de batalla, el Tribunal Superior de Belfast declaró que la ley actual sobre la interrupción del embarazo viola los derechos humanos. La demandante no pudo «recibir tratamiento en Irlanda del Norte por el riesgo a ser procesada», señaló la juez. «Ha sido un gigantesco estrés emocional para mi familia durante seis años», declaró Sarah. «La sentencia es un paso decisivo en nuestra campaña contra las leyes caducas, que prohíben abortar en Irlanda del Norte. Nunca debíamos haber llegado a este punto».
El aborto se liberalizó en Inglaterra, Escocia y Gales en 1967, pero la legislación nunca se extendió a Irlanda del Norte, una sociedad ultraconservadora donde el tema sigue despertando una gran controversia. Miembros de grupos antiabortistas como Precious Life, protestaron a las puertas del tribunal. «Es un día muy triste porque la justicia ha negado el derecho a la vida de los niños no nacidos», señaló la portavoz del grupo, Bernie Smyth.
Días contados
Según la legislación actual, el aborto solo es posible en Irlanda del Norte si la vida de la mujer está en peligro o corre el riesgo de sufrir daños mentales o físicos permanentes. Ni siquiera es admisible en caso de violación, incesto o anormalidades mortales en el feto. Pero la normativa puede tener los días contados. La decisión judicial coincide con una iniciativa impulsada desde el Parlamento de Westminster. Si la Asamblea de Irlanda del Norte, cerrada desde hace más de dos años por querellas internas de los dos partidos gobernantes, no queda restaurada para el 21 de octubre, el Gobierno británico extenderá a la provincia la legislación sobre la liberalización del aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo que ya rige en el resto del Reino Unido. Sarah espera ese momento. «La gente que no quiere seguir adelante con su embarazo debe tener esa opción», señaló.
