El desalojo del segundo mayor centro de acogida de migrantes de Italia es la primera medida del decreto de seguridad en el que el viceprimer ministro de basará su política migratoria
DANIEL VERDÚ. EL PAÍS.- El senegalés Ansue Cisse juega con el 11 en la espalda, es rápido y cae siempre a la banda izquierda para hacer más daño. Con 19 años, acelera como Mbappé y gambetea como Neymar con el balón, pero en el pueblo le conocen como Pogba, su ídolo del Manchester United. Llegó a Italia hace dos años después de cruzar media África y atravesar el Mediterráneo en una barca de goma desde Libia hasta Lampedusa. En el centro de acogida de Castelnuovo di Porto, un pequeño pueblo de 9.000 habitantes a 33 kilómetros de Roma, aprendió italiano y se convirtió en la estrella de un equipo semiprofesional que ya no sabe si podrá seguir contando con él. El miércoles tuvo que empaquetar sus cosas, subió a un autobús y se lo llevaron a un lugar cuyo nombre apenas sabe pronunciar. Los otros 534 inmigrantes del lugar corrieron la misma suerte. Es la primera medida palpable del decreto Salvini, una macro ley de seguridad que, entre otras cosas, prevé cerrar los mayores centros de acogida de Italia y condenará a miles de extranjeros con permiso de residencia a vagar por las calles.
El desalojo del segundo mayor centro de inmigrantes del país, que concluyó el viernes tras una dramática semana, es la cristalización definitiva de la doctrina del viceprimer ministro y responsable de Interior, Matteo Salvini. Unas 12.000 personas, todos aquellos en Italia con un permiso humanitario, perderán el derecho a la acogida y deberán salir adelante sin ningún tipo de ayuda. “Se acabó la buena vida”, desafía el líder de la Liga, que alega motivos de seguridad y económicos para la clausura de este tipo de infraestructuras.
La propaganda se transforma en ley en el momento de mayor caída de las llegadas a Italia por mar en ocho años: 23.371 en 2018, el 80% menos que en 2017. Principalmente debido a la política del anterior ministro del Interior, Marco Minniti. En Italia hay cerca de cuatro millones de inmigrantes extracomunitarios, sumados a unos 600.000 que son irregulares, según el Instituto Cattaneo. Representan el 6,7% de la población, un número inferior a otros países europeos: Austria (9,9%), Francia (8,5%), 11,6% en Suecia, 8% en Alemania. Lo mismo sucede con las peticiones de asilo político y protección humanitaria. Pero la percepción ciudadana es muy distinta. Castelnuovo di Porto, sin embargo, se ha convertido en otro ejemplo de una comunidad que no quiere ver partir a los inmigrantes que acoge. Hay motivos sociales, laborales y económicos. Pero es un síntoma también de los movimientos ciudadanos que crecen al calor de los Ayuntamientos en Italia y que llevan meses oponiéndose a la política de Salvini: de Palermo a Milán, pasando por Nápoles.
El aviso llegó esta vez 24 horas antes a través de un circular por correo electrónico. El CARA (centro de acogida para solicitantes de asilo, por las siglas en italiano) de Castelnuovo, un ejemplo de integración que hasta el papa Francisco había visitado en marzo de 2016, tenía que cerrar y trasladar a sus 535 inquilinos a otros lugares de Italia. La infraestructura existía desde hacía 10 años y había visto pasar a 8.000 migrantes, de los cuales la mitad fueron recolocados e integrados en la sociedad. Cuando llegó la noticia, algunos llevaban ahí más de un año, realizaban trabajos para el municipio como jardineros, fotógrafos o encargados de la decoración urbana. “Estaban perfectamente integrados. Y creaban empleo… No lo entiendo”, señala Stefania en el bar de la plaza del Ayuntamiento. Esa es la otra parte: los 120 trabajadores que se quedaron en la calle de un día para otro son solo un anticipo de los 12.000 que lo perderán, según los cálculos de las asociaciones, cuando el decreto Salvini esté pleno funcionamiento.
El desalojo y cierre de este centro es solo el comienzo de un cambio de paradigma: por tierra y mar (este fin de semana no había ninguna ONG en el Mediterráneo central). Los migrantes que dispongan de un permiso humanitario, como sucedió con 17 de los afectados aquí, se tienen que buscar ahora la vida. El decreto, entre otras cosas, destruye las medidas de integración creadas por los municipios, impide prestar servicios, tramitar permisos de residencia y pretende acelerar las expulsiones con una partida de 1,5 millones destinada a ese fin. Un brindis al sol, porque repatriar -pese al incremento de ayudas económicas y logísticas de Bruselas- es mucho más caro y no hay acuerdos con la mayoría de países de procedencia. Pero Salvini lo ha convertido en un eslogan clave para su eterna campaña electoral. «Castelnuovo era el segundo centro más grande de inmigrantes, ha llegado a acoger a más de 1.000 personas. El Estado pagaba un millón de euros de alquiler al año, más cinco millones por la gestión. Quien no tiene derecho a estar en Italia debe irse», lanzó en una rueda de prensa en Roma.
El alcalde del pueblo, Riccardo Travaglini, un dique contra las embestidas del Ministerio del Interior, activó un plan de emergencia y ha coordinado una red de municipios de la región de Lazio para prestar asistencia. “Los echaron a la calle. Cuando salieron los dos primeros, hicimos una ordenanza de protección civil con los servicios asistenciales. Creamos una task force hecha de psicólogos, médicos… Algunos ciudadanos nos pidieron acoger a esas personas. Nos llegaron 100 peticiones de acogida, también de otros sitios de Europa. Finalmente, la prefectura les ha acogido temporalmente, pero terminarán en la calle. De modo que hemos puesto al servicio de esta gente un plan con un grupo de alcaldes de la región”.
De los 17 migrantes que se encontraban en esa situación en Castelnuovo, algunos se marcharon. Pero una joven somalí fue acogida primero por el alcalde, y luego por una vecina del pueblo. La historia de Muna Ali, de 25 años, resume la crisis humanitaria que ha vivido Italia en los últimos años. Llegó el 21 de mayo de 2017 a Sicilia. Dejó en Somalia a sus dos hijos, y pasó un año y medio en Libia trabajando para reunir el dinero que le pedían los traficantes para subirla en una barquita de goma con la que cruzó el Mediterráneo con otras 50 personas. El 21 de marzo de 2017, todavía se acuerda, hacía un frío pelón en Sicilia, donde desembarcó para comenzar su periplo en Italia. Está estudiando en una escuela comercial, explica sentada en el Ayuntamiento de Castelnuovo, y tiene la intención de convertirse en mediadora cultural.
El año que llegó Muna, desembarcaron en las costas del país 119.310 migrantes procedentes de África. Hubo una ligera bajada respecto a 2016, pero la alarma social ya se había disparado y algunos políticos azuzaron el fuego emocional pensando en las elecciones de 2018. Salvini cabalgó como nadie ese malestar hasta el 4 de marzo, cuando los italianos le dieron un apoyo insólito para su partido. Pero el miedo sigue siendo rentable en Italia. Hoy la Liga, aferrada a la misma estrategia y a una comunicación martilleante, lidera todas las encuestas con un 34% de estimación de voto, por encima ya del Movimiento 5 Estrellas, su socio de gobierno. Es la ley de Salvini.
