La ley de Libertad Sexual aumenta la división feminista sobre género y trans

| 5 marzo, 2020

El feminismo de la igualdad dice que la norma “pone en peligro a las mujeres”

CRISTINA SEN. LA VANGUARDIA.- La polémica en el seno del fe­minismo ha acabado de estallar con la presentación del anteproyecto de ley de Libertad Sexual y en puertas del 8-M. El enfren­tamiento se ha ido larvando en los últimos meses entre el fe­minismo clásico y los colectivos que defienden el derecho de las mujeres trans a la identidad y la autodeterminación de género. El debate es complejo, muy enco­nado, y ayer feministas agrupadas en la Alianza contra el Borrado de las Mujeres denunciaron que la ley presentada por Irene Montero es utilizada para introducir “en el ordenamiento jurí­dico conceptos que ponen en peligro a las mujeres”.

¿Qué significa esto? Desde el feminismo de la igualdad se indica que el género es una cate­goría sociocultural por la que se establecen roles en función del sexo sobre los que el patriarcado asienta la subordinación de las mujeres. La lucha por la igualdad significa por lo tanto abolir estos roles de subordinación impuestos por el hecho de haber nacido con el sexo mujer. Si, por el contrario y tal como defienden los colectivos más cercanos a la teoría queer , se defiende la identidad de género como un derecho –que cada cual pueda decidir libremente si se define como hombre o como mujer– el principio de la lucha feminista se debilita. Por ello, ayer alzaron la voz en contra de la inclusión en el an­teproyecto de varias referencias a la “identidad de género”, y se subraya que su inclusión en
un texto legal “atenta gravemente contra los derechos de las ­mujeres”.

Colectivos consideran que la norma abre la puerta a que cada persona pueda elegir su género y sexo

Se reclama así que se retire de la ley expresiones que niegan la realidad del sexo biológico, y se denuncia que el anteproyecto intenta “borrar” la realidad incontestable de la diferencia sexual. El anteproyecto ha eliminado algunos de los aspectos más polémicos de su borrador, pero desde la asociación se indica que incluir referencia a la “identidad de género” en varios artículos del texto abre la puerta a que esta corriente se vaya consolidando.

Desde el feminismo que da apoyo a las reivindicaciones de las personas transexuales y desde estos colectivos se entiende, en cambio, que el género es una vivencia interna, personal e intransferible que hacen a una persona ser hombre o mujer independientemente del sexo asig­nado al nacer. Reivindican que se amplíe el concepto mujer. El debate es complejo pero ha enconado al feminismo con duras descalificaciones durante los últimos meses provocando una fractura.

Hay acusaciones de transfobia hacia el feminismo clásico, mientras que desde este femi­nismo se pide que no se mezcle la lucha por los derechos de las personas trans con el de la igualdad de las mujeres, porque son cuestiones diferentes y afectan a una población de tamaños muy diferentes.

Gemma Altell, fundadora de la consultora G360, analiza la polémica evitando extremismos. La principal desigualdad la sufren las mujeres, todas, por el hecho de serlo y los ámbitos sociales vinculados a la feminidad.

El movimiento trans está cogiendo fuerza, indica, y puede que dentro de muchos años el ­género sea fluido, pero ahora aún no estamos en esta situación. Por ello, indica que la lucha de los colectivos LGTBI no debe eclipsar la de las mujeres, porque existe una desigualdad estructural.

El debate tiene un importante trasfondo político porque en torno al PSOE se aglutina el de­nominado feminismo de la igualdad, y en Podemos –con posiciones más diversas– se defiende el derecho a la identidad de género. Y en estos momentos la titular del Ministerio de Igualdad es Irene Montero. Hay también una lucha de poder político y social.

La división del feminismo entorno a esta cuestión se suma a la que ya hace años que se vive en torno al debate sobre la prostitución entre quienes defienden su abolición, al entender que es una forma de esclavitud de las mujeres que emerge de la sociedad patriarcal, y quienes consideran que las prostitutas son trabajadoras sexuales a
las que se debe dar derechos laborales. El feminismo radical considera que legalizar el “trabajo sexual” es dar alas a los proxenetas y carta de naturaleza a una forma brutal de opresión patriarcal.

En este contexto se acerca un 8-M donde el ministerio de Irene Montero está tomando un protagonismo que no había tenido años anteriores. La iniciativa se ­había dejado a la sociedad civil, es decir, a todas las or­ganizaciones feministas, y el Ejecutivo se había mantenido en un segundo plano.

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