La Vanguardia/Begoña Corzo Suárez.- La Fiscalía recurre una sentencia de la Audiencia Nacional que evitaba compensar a un niño por no garantizar su dignidad y desoía al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas
«Ha sido un camino tortuoso y el daño sufrido ya es irreparable», explica Alejandro Calleja en conversación telefónica. Pero, sin embargo, cree que ha valido la pena. Hoy él y su familia celebran que la Fiscalía les apoye en su reclamación de que se compense a su hijo Rubén, con síndrome de Down, por no garantizar su dignidad y su derecho a una educación inclusiva.
El camino tortuoso al que se refiere Alejandro Calleja ya dura 11 años y ha llegado hasta el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Este organismo dictaminó en septiembre del 2020 que España violó los derechos de Rubén Calleja. Cuando tenía 11 años fue obligado, en contra del parecer de su familia, a abandonar la escuela pública ordinaria de León en la que estudiaba primaria y a matricularse en un centro de educación especial.
«Ya más que por Rubén, que ahora tiene 23 años, esta lucha tan larga tiene que servir a toda la sociedad. Igual que los ciudadanos cumplimos con las leyes, el Estado no puede cumplir sólo con lo que le da la gana, eso va en contra de la Constitución y de los acuerdos internacionales firmados libre y voluntariamente», explica este padre coraje.
Alejandro Calleja rememora el momento en que la vida de Rubén y la de toda la familia cambió. «Queríamos que tuviese los mismos derechos que su hermano. Estuvo ocho años perfectamente escolarizado e integrado en un colegio público, el González de Lama de León. Hasta que un nuevo tutor decidió que no lo quería en el aula. Deshumanizó al niño y llegó a calificarle de peligroso y agresivo. Lo maltrataba, le amenazó con tirarlo por una ventana, quiso lanzarle una silla pero se interpusieron los compañeros de Rubén…»
«Un centro especial era condenarlo a una muerte educativa»
Los padres denunciaron ante la fiscalía esos supuestos malos tratos en el colegio, pero el asunto fue archivado. Paralelamente, decidieron que llevar al niño al centro de educación especial que la Junta de Castilla y León les había asignado era «condenarlo a una muerte educativa». Decidieron que estudiara en casa con apoyo externo. La Fiscalía de Menores de León los denunció por abandono familiar, el delito con el que se persigue el absentismo escolar. Esta denuncia acabó en nada, después de que un juzgado de León no apreciara delito en el 2015. Aquel proceso, afirma Calleja, supuso “un coste tremendo, económico pero sobre todo emocional”.
Tanto los tribunales nacionales como la Fiscalía de la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción constitucional y la europea desestimaron las pretensiones de esta familia, así que llevaron el caso a la ONU en el 2017. Pedían que se eliminase «la exclusión sistémica de los niños más vulnerables del sistema educativo ordinario» y denunciaron los “malos tratos físicos y morales”.
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El comité de las Naciones Unidas declaró la vulneración de los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. También que la denuncia de malos tratos contra el niño formulada por los padres no fue suficientemente investigada, e instaba a España a hacerlo. Además exigía al Estado que “vigile que no se pueda perseguir penalmente a los padres de alumnos con discapacidad por el delito de abandono familiar por exigir el derecho de sus hijos a una educación inclusiva en igualdad de condiciones”.
El organismo internacional también pedía “la reparación efectiva, incluido el reembolso de las costas judiciales, junto con una indemnización” y exigía que el menor fuera incluido en un programa de formación profesional inclusiva.
Recurso de casación ante el Supremo
El Estado español hizo oídos sordos y la Audiencia Nacional negó el derecho de Rubén a ser compensado. Ahora la Fiscalía se pone del lado del chico y presentará recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra esta última sentencia.
El fiscal Manuel Campoy Miñarro fundamenta que «se han vulnerado los derechos fundamentales a la educación, igualdad e integridad física y moral, de un menor de edad con discapacidad y con necesidades educativas especiales; por haber sufrido discriminación reiterada durante años, así como por infracción de la normativa estatal e internacional sobre cumplimiento del dictamen del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas».
Los padres reclamaban al Ministerio de Justicia una indemnización de 350.000 euros, más la inclusión del menor en programas de formación profesional inclusivos, investigar los malos tratos y vejaciones, reconocimiento público de la violación de los derechos a una educación inclusiva y a una vida libre de violencia y discriminación, así como la violación de los derechos de sus padres al haber sido acusados de manera indebida por el delito de abandono del menor y, por último, acordar la publicación del dictamen del comité de la ONU.
Obligación internacional vinculante
En ese sentido, el Ministerio Público indica que “no se trata de revisar sentencias firmes ni de dejar sin efecto el valor de la cosa juzgada. Se trata de dar cumplimiento por los diferentes poderes públicos a través de un cauce procesal adecuado e idóneo a una obligación internacional, vinculante y asumida por España.
Rubén aún «se acuerda de cosas, pero lo sobrelleva», estudió FP básica de servicios administrativos -aunque en un centro especial- y trabaja en una empresa ordinaria «que está encantada con él», explica su padre. Alejandro Calleja reconoce que aun con lo tortuoso, doloroso y largo que está resultando este proceso judicial, «volveríamos a hacerlo, porque se trata de reclamar los derechos fundamentales de las personas más vulnerables».
