Antonio Rodríguez, el hombre que aparece en el vídeo con una camiseta de Franco, defiende que puso la bandera de la dictadura retando al joven: «Pues ahora te vas a comer esta»
TENERIFE AHORA / ELDIARIO.ES.- Según su versión, el joven se asomó en varias ocasiones e increpó al grupo por utilizar “banderas constitucionales” en una terraza de La Laguna. Hasta que uno de los miembros, Antonio Miguel Rodríguez, decide sacar de su mochila una camiseta de Franco y la bandera de la dictadura para hacerle frente. “¿No te gustan las banderas constitucionales? A ver si te gusta esta”, advierte Hernández. Y agrega: “El tipo vuelve otra vez a bajar. Grabando a menores, a señoras mayores, increpando a todo el mundo. Y es ahí cuando yo me levanto y le hago frente. No lo agredí. Simplemente logré mi objetivo que era espantarlo de allí como a una cucaracha”.
Hernández trabajó en la extinta empresa Seguridad Integral de Canarias. Es profesor de cursos de seguridad habilitado por el Ministerio del Interior y ejerce como inspector en Farobri Seguridad, cuyo director ejecutivo es su compañero Antonio Miguel Rodríguez. Esta organización también cuenta con planes de desocupación.
“Si yo voy caminando por una avenida, y hay un grupo de personas que tienen banderas republicanas, camisetas del Che, y están bebiendo vino mezclado con cerveza, yo sigo de largo, yo no me meto con nadie, voy a lo mío. No soy ni fascista, ni peligroso, ni violento. Todo aquel que me conoce sabe que soy todo lo contrario”, prosigue Hernández en el audio.
Otro de los protagonistas en el vídeo, Antonio Miguel Rodríguez, también ha respondido. “Voy a venir más veces con los símbolos que yo considere oportuno”, garantiza en un vídeo en su perfil de Facebook. Así explica el incidente:
“Estábamos en La Laguna y llega un indigente, cobrador de pagas. Tiene unos 35 años y no ha cotizado en su vida. Pasa por la calle hasta en cinco ocasiones, increpándonos e insultándonos, etc. Harto, un compañero se levanta y sale corriendo. Estábamos con banderas normales, pero se me inflaron los huevos y cogimos las otras y las pusimos allí en plan pues ahora te vas a comer estas”, argüye.
Rodríguez es vigilante. Ocupa el cargo de director ejecutivo en la empresa Farobri Seguridad, que se dedica principalmente al sector privado, aunque también ha prestado servicios a la administración pública, como en algunos ayuntamientos de Tenerife y La Palma para la protección de eventos multitudinarios. En otras ocasiones se ha encargado de la seguridad en los eventos que VOX ha organizado en Tenerife. Según mensajes a los que ha tenido acceso este periódico, Farobri reclutaba a voluntarios para “vigilar que no se colara ningún energúmeno” al acto. Les daba un “distintivo del partido: camiseta, chaleco…” y no les pagaba.
Rodríguez también entró en las listas de VOX. Fue candidato para el Senado por la isla de Tenerife en los comicios nacionales de abril de 2019 y representante del partido en aquellas elecciones. En esta foto se le ve junto a Francisco Hernández e Iván Espinosa de los Monteros, vicesecretario de Relaciones Internacionales de VOX.
Rodríguez trabajó como vigilante en Seguridad Integral Canaria. Formó parte del equipo del centro de menores extranjeros no acompañados de La Esperanza, en Tenerife, que cerró hace más de diez años después de que, entre otros motivos, la asociación Humans Right Watch denunciara abusos y malos tratos en el hogar, donde se suicidó un menor en 2004.
Otro dispositivo parecido donde Rodríguez ejerció como vigilante fue el de Valle Tabares, en Tenerife. En 2005, el centro denunció a tres personas, entre ellos al propio Rodríguez, por un delito de torturas graves sobre un menor. En el escrito de acusación se indica que un joven de 16 años del Módulo 4 de régimen semiabierto fue sometido en dos ocasiones a un castigo con correas de contención. Según recoge la Fiscalía, el menor estuvo inmovilizado 11 horas, sin acceso al baño ni con posibilidad de ingerir alimentos. La situación se repitió varios días después durante cuatro horas más. Tanto Rodríguez como los otros dos acusados fueron absueltos en 2018 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por falta de pruebas.
