Un documento de la Consejería de Sanidad de finales de marzo al que ha tenido acceso eldiario.es precisaba que no se los sacase de los centros, aunque el criterio cambió el 16 de abril, cuando habían fallecido más de 2.000
La Junta de Castilla y León ordenó a finales del mes de marzo que los ancianos de las residencias enfermos de COVID-19 no fuesen trasladados a los hospitales y cambió de criterio el 16 de abril, cuando el peor pico de la pandemia había pasado. Así lo demuestran los documentos firmados por las gerencias de Salud y Servicios Sociales a los que ha tenido acceso eldiario.es.
Según el documento ‘Medidas generales para contener el impacto de la crisis del COVID-19 en las residencias de carácter social’, encabezado con los membretes de la Junta de Castilla y León, Servicios Sociales (dependiente de de la Consejería de Familia, en manos del PP) y la Gerencia de Salud (dependiente de la Consejería de Sanidad y en manos de Ciudadanos) que la atención sanitaria en estos centros se gestionaría mediante un «equipo multidisciplinar» con un equipo asistencial formado por «los profesionales de las residencias junto con los profesionales de los equipos de Atención Primaria de referencia (médicos y de familia y enfermeros), profesionales del Hospital de referencia (Medicina Interna, UCA, Hospitalización a Domicilio), trabajador social de referencia, voluntarios etc…». Era este equipo el encargado de realizar una «valoración e identificación de las personas especialmente vulnerables (pacientes crónicos o pluripatológicos complejos, frágiles, dependientes, etcétera».
«Ni movilizarlos ni derivarlos»
Pero además, entre esas medidas se determinó que se atendería a los residentes «sin necesidad de movilizarlos ni derivarlos al Hospital», frase que destacaron en negrita. Para ello, dice el documento, «se pondrán en marcha todas las medidas necesarias y de soporte para garantizar la atención sanitaria: personal de apoyo de cuidados paliativos, prescripción de oxigenoterapia, control de nutrición, tratamiento antibiótico intravenoso» y en cada Área de Salud se dictarían instrucciones para garantizar el suministro de medicamentos de uso hospitalario. Este documento, que aparece sin fecha, aunque según fuentes de la Junta es del 23 de marzo, está firmado por el director gerente de la Gerencia Regional de Salud, Manuel Mitadiel y por el gerente de Servicios Sociales de Castilla y León, Carlos Raúl de Pablos y se hizo llegar a todos los hospitales de la Comunidad.
En un segundo documento ampliatorio, que se firmó tan sólo unos días después según las mismas fuentes, se destacaba que «en ningún caso» se derivarían pacientes a centros hospitalarios.
Tan sólo tres días antes, la consejera de Sanidad, Verónica Casado había anunciado la creación de los equipos Covid Residencias, para evitar «movilizar» a los ancianos, pero se anunció como una medida que trataba de facilitar el tratamiento y no de evitar que llegasen a los hospitales. Cuando empezó la crisis del COVID-19, los 1.214 centros sanitarios de Castilla y León contaban con algo más de 47.000 residentes y un sistema sanitario al borde del colapso.
«Trataron a mi padre con paracetamol y morfina»
Este diario ha contactado con el familiar de un anciano que falleció a finales de marzo, después de tres días enfermo, en una residencia de la provincia de Valladolid. «Me dijeron que mi padre era un posible caso de COVID-19 y cuando pregunté si no lo llevaban al hospital me dijeron que no les dejaba Sanidad. También quise saber qué tratamiento le estaban dando, y me contestaron que paracetamol y morfina. Cuando empezó a respirar mal lo colocaron boca abajo y le pusieron oxígeno, oí como respiraba agónicamente. Murió al día siguiente». Además desde una residencia que prefiere no se citada por razones obvias, afirman que en la fecha en que ese documento estaba vigente, hubo días en que no consiguieron que ningún médico acudiese a tratar a los ancianos con síntomas claros de coronavirus.
El criterio de Sanidad cambió el 16 de abril, en esa fecha, y según los datos que facilita la Junta de Castilla y León, habían fallecido ya 2.451 usuarios de residencias y viviendas tuteladas por COVID19 confirmado o con síntomas compatibles con este virus. Es en ese momento cuando ambas gerencias, Salud y Servicios Sociales, firman una ‘Actualización de las medidas generales a adoptar contener el impacto de la crisis del COVID-19 en las residencias de carácter social’ que es muy similar al anterior excepto en el punto de Atención Sanitaria, que básicamente mantiene los mismos puntos que en el anterior.
Pero hacen una pequeña modificación al añadir que «preferentemente» se atendería a los residentes «sin necesidad de movilizarlos» (no dice que al hospital), para lo cual se pondrían en marcha «todas las medidas necesarias y de soporte que garanticen la atención sanitaria en las residencias: personal de apoyo de cuidados paliativos y de hospitalización a domicilio, prescripción de oxigenoterapia, control de nutrición, suministro de medicamentos de uso hospitalario, tratamiento intravenoso…». Pero además, indicaba que en el caso de que precisasen «cuidados continuados de mediana o alta intensidad» que no pudieran ser prestados en la residencia como la «necesidad de apoyo sanitario continuado o cuidados críticos» se derivaría al residente al hospital o al recurso intermedio medicalizado que se determine en cada caso. Además se incluía un anexo de recursos intermedios de transición y de hospitalización en cada provincia.
El 28 de abril, en su comparecencia en las Cortes, tras un sentido recuerdo a los profesionales sanitarios fallecidos por COVID-19, la consejera Verónica Casado, afirmaba que había que abordar un «cambio en el modelo residencial». «Esto no puede volver a ocurrir, hay que plantearse seriamente el modelo sociosanitario que ahora no está bien planteado para dar respuesta», asumió. «No pueden morir en las residencias», dijo. Obvió entonces que fue su propia Consejería quien prohibió trasladarlos a los hospitales.
