El acto de campaña de la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, frente a un centro de menores migrantes de la Junta en Sevilla divide al Gobierno de PP y Ciudadanos. La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz (Cs), responde que «el discurso del odio no tiene cabida en Andalucía», y el titular de Presidencia (PP), Elías Bendodo, dice que no se mete en cómo hacen campaña otros partidos
DANIEL CELA. ELDIARIO.ES.- El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos ha descartado presentar una querella por delito de odio ante la Fiscalía contra la presidenta de Vox Madrid, Rocío Monasterio, por el acto de campaña electoral que protagonizó el lunes a las puertas de un centro de menores extranjeros no acompañados (‘menas’) tutelados por la Junta. «No vamos a entrar en cómo tiene que hacer la campaña electoral ningún partido», ha zanjado el portavoz de la Junta y consejero de Presidencia, Elías Bendodo.
Monasterio viajó de Madrid a Sevilla y convocó a los medios de comunicación a las puertas de un centro de acogida para menores migrantes del distrito Macarena, que fue objeto de protestas de tinte xenófobo por parte de algunos vecinos, concejales y diputados de Vox. La líder de la extrema derecha, acompañada por el presidente del grupo en Andalucía, Francisco Serrano, acusó a los menores migrantes de causar un problema grave de seguridad ciudadana, protagonizar «agresiones» y «heridas», e impedir «que las mujeres puedan andar solas por las calles». «Hay manadas de ‘menas'», llegó a decir, en alusión a la violación en grupo de cinco jóvenes sevillanos a una menor en los Sanfermines de 2016. Ni el Ayuntamiento ni la Policía han registrado denuncias vecinales contra los jóvenes de este centro, pese a lo anunciado por la dirigente madrileña.
El acto electoral de Monasterio ha sido duramente criticado por la pata del Gobierno andaluz que representa Ciudadanos y que ostenta la Consejería de Igualdad, responsable de los centros tutelados para menores inmigrantes. La consejera del ramo, Rocío Ruiz, ha escrito en su cuenta de Twitter que «el discurso del odio no tiene cabida en Andalucía». «No entendemos este acto. En ese centro no hay ningún problema de convivencia, hay 15 niños estudiando y formándose y el barrio los ha aceptado perfectamente», advierte Ruiz. Más condescendiente con el acto de Vox ha sido el consejero de Presidencia (PP), negando con la cabeza cuando se le ha preguntado si ve en la acción de Monasterio un posible delito de odio. «Sobre las consecuencias de las decisiones de cada partido sobre dónde hacer un acto de campaña, este Gobierno no tiene nada que decir», subraya Bendodo.
Quien sí ha encontrado razones para querellarse contra Monasterio y contra Vox ante la Fiscalía y ante el Defensor del Pueblo Andaluz es la coordinadora regional de Podemos y líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, que ha tildado las declaraciones de Monasterio de «racistas y xenófobas». Rodríguez también acusa a la Junta de no haber impulsado «ninguna actuación» para «evitar el acto y garantizar los derechos de dichos menores». Unidas Podemos ha denunciado el acto de campaña de la líder de Vox en Madrid ante la Junta Electoral Central, instando también la Fiscalía a que actúe contra una iniciativa que «fomenta el odio y la xenofobia».
Vetos a la prensa
El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos se sustenta en el apoyo de los 12 diputados de Vox, con quien han negociado dos presupuestos autonómicos. En las cuentas de 2019 y 2020, la formación de extrema derecha ha exigido a la Junta aumentar el gasto para seguridad en centros de menores inmigrantes, pese a que los datos oficiales de delincuencia asociado a este colectivo es del 0,54%, según la propia Consejería de Presidencia.
La iniciativas y el lenguaje que esgrime la extrema derecha ha puesto en más de un aprieto a los socios de Gobierno -PP y Ciudadanos- que tratan de mantener las distancias con sus aliados, sin perjudicar su acuerdo de gobernabilidad. En este sentido, Vox ha negado la entrada a determinados medios de comunicación en sus mítines de campaña electoral: a este mismo periódico en el acto de Santiago Abascal en Dos Hermanas, o los periodistas de la Cadena Ser en Jaén y en Huelva, que tampoco han sido acreditados «por orden de la dirección nacional».
El veto de esta formación a ciertos medios ha motivado una denuncia por parte de la Asociación de la Prensa de Sevilla. Preguntado al respecto por una periodista de Onda Cero, el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejando Hernández, aseguró desconocer si la decisión fue del comité provincial o nacional, y se remitió a ellos para más explicaciones. Hernández sí justificó que el partido actúe en este sentido si los periodistas «traspasan ciertos límites de respeto»
Al ser preguntado sobre si condena este tipo de vetos, el portavoz de la Junta de Andalucía ha respondido: «No soy el portavoz de Vox, no puedo hablar de las decisiones de comunicación que tome otro partido. Cada partido toma sus propias decisiones y le corresponde a cada partido explicarlas».
