El juzgado exculpa a los 16 guardias civiles imputados por la muerte de 15 personas al ser repelidas en la frontera. El auto descarta el valor de las imágenes y señala a la responsabilidad de las víctimas: «Los inmigrantes asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en territorio español por el mar a nado, en avalancha y haciendo caso omiso a las actuaciones disuasorias tanto de las fuerzas marroquíes y de la Guardia Civil». La acusación popular recurrirá la decisión judicial a la Audiencia Provincial
GABRIELA SÁNCHEZ. ELDIARIO.ES.- Archivada la causa de las muertes del Tarajal. La jueza, María del Carmen Serván, ha decretado el sobreseimiento del caso contra 16 guardias civiles por un delito de homicidio y lesiones, tras la muerte de 15 personas el 6 de febrero de 2014 en aguas fronterizas de Ceuta en un intento de entrada repelido por el Instituto Armado con pelotas de goma y botes de humo, según el auto al que ha tenido acceso eldiario.es. La acusación popular recurrirá la decisión ante la Audiencia Provincial.
La magistrada concluye que los agentes de la Guardia Civil emplearon el material antidisturbios «con efecto disuasorio» y afirma que «no existe ningún indicio que permita afirmar que los agentes imputados hicieron un uso inadecuado del material». Además, la jueza deja entreabierta la posibilidad de que los cuerpos recuperados en Ceuta durante los días posteriores al suceso no correspondiesen a aquellos que murieron el pasado 6 de febrero en sus aguas fronterizas.
«Por la data de las muertes y de las fechas en las que fueron apareciendo los cadávares no se puede afirmar que los fallecimientos se produjesen el día 6 de febrero de 2014 con motivo del intento masivo de entrar en territorio ceuí, ni si quiera el primer cadáver», expone la jueza Serván.
El juzgado de instrucción número 6 de Ceuta refuerza su discurso exculpatorio bajo el argumento de que ninguna normativa contempla el uso de pelotas de goma en el agua, un hecho que para la acusación popular era precisamente un indicio de su uso incorrecto. «Máxime si no existe un protocolo que regule su utilización en el medio acuático», añade la magistrada. Una instrucción interna de la Guardia Civil prohibió expresamente el uso de este elemento en el agua tras las muertes producidas el 6 de febrero de 2014.
No fueron auxilados porque «asumieron el riesgo»
María del Carmen Serván echa por tierra también las denuncias esgrimidas por la acusación popular acerca de la falta de auxilio a los inmigrantes que se encontraban «acumulados» y «formando un embudo» en las aguas fronterizas. Aquella mañana la Guardia Civil no se lanzó al mar para socorrer a los subsaharianos ni llamó a Cruz Roja ni a Salvamento Marítimo, como suele hacer en estos casos. Para la magistrada, estas personas no tienen por qué ser auxiliadas.
«Los inmigrantes no eran personas en peligro en el mar que precisasen ayuda en el sentido referido en el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humadna en el Mar (SOLAS) y la Convención Internacional sobre SAR Marítimo», reza en su auto.
«Los inmigrantes asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en territorio español por el mar a nado, en avalancha, aprovechando la noche, vistiendo gran cantidad de ropa y haciendo caso omiso a las actuaciones disuasorias tanto de las fuerzas marroquíes como de la Guardia Civil», señala la jueza.
La jueza también apunta a Marruecos
A pesar de que un análisis detallado de las imágenes de las cámaras fronterizas muestran los lanzamientos de pelotas de goma y botes de humo cerca de los inmigrantes, la magistrada considera «limitado» su valor por la «escasa calidad de las imágenes y por los ángulos de visión». Según concluye, del examen de las imágenes «no se infiere ningún indicio incriminatorio».
«De las imágenes no se puede extraer la forma en que fue lanzado el material antidisturbios por todos y cada uno de los agentes intervinientes, la distancia en la que impactó en el agua o si impactó sobre algún inmigrante. Es decir, de las imágenes no se deduce ningún atisbo de un uso imprudente del material antidisturbio», concluye Serván. En este sentido, descarta la posibilidad de que las imágenes fuesen manipuladas. «Las dudas sobre la manipulación de estas grabaciones han sido disipadas por el informe pericial elaborado por la Policía Nacional obrante a los folios 2807 y siguientes de las actuaciones», indica la magistrada.
Sin embargo, el auto deja entrever la posible responsabilidad de Marruecos. «Se observa que el tumulto o apelotonamiento se produce en todo momento en el lado marroquí», destaca. » Posteriormente, se ve a la embarcación navegando entre la propia masa de inmigrantes, con el consiguiente riesgo», indica la magistrada quien afirma que la Guardia Civil llegó después y vio a los agentes marroquíes «maniobrando» para bloquear su entrada.
Por otro lado, maría del Carmen Serván cuestiona las conclusiones del informe de la ONG Ca-minando Fronteras, en el que acumuló los tetsimonios de los supervivientes y los partes médicos de los heridos durante el intento de entrada. «No se encuentran corroboradas ni por los informes de los lesionados ni por los informes de autopsia de los cinco cadáveres hallados en España, informes periciales ratificados a presencia judicial», reza el auto.
Además, la magistrada decreta el «sobreseimiento libre de causa» por un delito de prevaricación, al considerar que nunca observó indicios de delito en cuanto a la ejecución de 23 devoluciones en caliente por parte de la Guardia Civil.
El Juzgado de instrucción número 6 de Ceuta imputó a 16 agentes de la Guardia Civil, entre ellos un capitán, un teniente y un sargento, en servicio el pasado 6 de febrero que utilizaron material antidisturbios para repeler el intento de entrada a Ceuta en el que murieron 15 personas. La magistrada ceutí investigaba la posible relación causa y efecto entre el uso de botes de humo y pelotas de goma hacia el agua y el posterior fallecimiento de los inmigrantes.
Dos autos exculpatorios en menos de 72 horas
El juzgado de instrucción número tres de Arrecife archivó este martes el caso de la patrullera de la Guardia Civil que arrolló a una patera en diciembre de 2012 en Lanzarote. El choque provocó la muerte de un chico marroquí y la desaparición de otros seis jóvenes. Tres años después, el magistrado dio carpetazo a la causa y considera que nunca apreció indicios de delito, según se extrae del auto adelantado por la Cadena Ser.
« No alcanzamos a comprender , si no es de la óptica del oportunismo político y mediático, como se puede sostener una postura acusatoria y de imputación de la tripulación de la patrullera Cabaleiro”, zanja el juez encargado del caso. Aunque en un principio el Gobierno no informó de los detalles del suceso, el golpe entre la patrullera del Instituto Armado y la patera quedó registrado en las grabaciones de las cámaras de seguridad fronterizas.
