La magistrada suspende la tramitación de la causa relacionada con la firma del manifiesto y la traslada al alto tribunal por la condición de aforada de Noemí Llauradó, quien ya no es diputada en el Parlament
FRANCESC GRASS. DIARI DE TARRAGONA.– La magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de Reus ha acordado enviar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la causa por presunto delito de odio en la firma del manifiesto del 3-O de 2017 que llevaron a cabo el alcalde Carles Pellicer y cuatro concejales. Entre otras cuestiones, en él se pedía la retirada de los agentes de la Policía Nacional de la ciudad que se encontraban hospedados en el Hotel Gaudí.
Según el auto al que ha tenido acceso el Diari, la jueza traslada la causa al alto tribunal por la condición de aforada de Noemí Llauradó, que entonces era diputada en el Parlament de Catalunya. De hecho, la interlocutoria responde a los recursos presentados el pasado mes de diciembre de 2018 por los cinco investigados que pedían “archivar la causa” y derivar el caso al TSJC por el aforamiento de una de las implicadas. En la actualidad, se da la circunstancia de que Llauradó ya no está aforada tras dejar su escaño de diputada.
En la parte dispositiva del auto, la magistrada también decreta suspender la tramitación del caso que concierne al resto de investigados hasta que no se resuelva la vía del TSJC. Los otros investigados son el alcalde de Reus, Carles Pellicer, y los concejales Montserrat Vilella, Mariona Quadrada y Jordi Cervera. Estos dos últimos ya no ostentan ningún cargo público en el Ayuntamiento de Reus.
En el recurso que presentaron los implicados, y que es la base del auto conocido este miércoles, se hacían hincapié en que no existía delito de odio y que el manifiesto se circunscribía dentro de la libertad de expresión. En la causa original también estaban investigados los propietarios de un gimnasio de la ciudad y seis miembros del cuerpo de Bombers de la Generalitat.
