Las víctimas eran grabadas en vídeo y se la amenazaba con difundirlos si huían
J.M ZULUOAGA. LA RAZÓN.– Las víctimas no dudaron en calificar ante los agentes de la Guardia Civil como “casa de los horrores” un local ubicado en la localidad toledana de Seseña Nuevo, en el que se les obligaba a practicar la prostitución. Los delincuentes han obtenido un beneficio de cinco millones de euros en los últimos años.
La Benemérita, en el marco de la operación Maracanal, ha desarticulado una organización dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual de mujeres de diversas nacionalidades, la mayoría de Sudamérica.
En la operación han sido liberadas ocho mujeres de edades comprendidas entre los 19 y 34 años; detenidas dos personas, un hombre y una mujer, ambos de nacionalidad española, e investigadas otras siete, a quienes se les imputan los supuestos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, pertenencia a organización criminal, delito contra la salud pública y blanqueo de capitales.
También se han practicado cuatro registros domiciliarios, dos en la provincia de Toledo y dos en la de Madrid, de los que han sido liberadas las víctimas, que vivían en condiciones de hacinamiento en los mismos lugares donde eran explotadas sexualmente.
La investigación se inició a finales del año 2018, cuando se recibió una denuncia de una de las víctimas captadas por este grupo criminal, a la que se le dio la condición detestigo protegido. La denuncia, debido a que esta víctima habría permanecido detenida ilegalmente durante cinco años, permitió identificar y localizar tres lugares de explotación sexual en las localidades de Seseña Nuevo (Toledo), Fuenlabrada (Madrid) y Madrid capital.
El grupo criminal ahora desarticulado captaba a las víctimas mediante engaño y falsas expectativas de actividades remuneradas ajenas a toda relación con la explotación sexual, todo ello a través de personas que se dedicaban a controlar explotaciones agrarias donde trabajaban ciudadanos extranjeros que se encontraban irregularmente en España y en condiciones de vida bastante precarias, lo que las convertía en víctimas vulnerables.
Otra de las formas de captación de los tratantes era a través de internet mediante la publicación de anuncios de ofertas de trabajo, donde se aportaban datos que posteriormente resultaban ser totalmente falsos.
Una vez en los lugares de explotación, a las víctimas se les retiraban sus documentaciones personales; se les amenazaba con que, si se intentaban escapar, serían denunciadas y expulsadas del país. Se han dado casos de uso de violencia física sobre ellas.
Paralelamente, los investigados habían confeccionado un entramado empresarial con el objetivo de canalizar los beneficios obtenidos y blanquear estas ganancias; adquirieron propiedades en la provincia de Madrid, así como varios vehículos de alta gama.
La fase de investigación económica en esta operación se ha extendido a lo largo de varios meses tras la desarticulación del grupo criminal; se cifra en unos 5.000.000 de euros los beneficios obtenidos en los últimos cuatro años.
Entre las distintas tipologías delictivas cometidas por este grupo, destaca la utilización de grabaciones en vídeo realizadas a las víctimas sin su conocimiento mientras eran explotadas sexualmente, pudiendo haber sido estas imágenes utilizadas tanto para controlar la ejecución de los servicios sexuales, como para coaccionar y extorsionar posteriormente a los clientes de este tipo de servicios.
Han sido tomadas numerosas manifestaciones a víctimas, teniendo varias de ellas en común la calificación del lugar de explotación como un infierno, una “casa de los horrores”. Más de un testimonio ha coincidido en que una de las mujeres habría sido incluso obligada a abortar en contra de su voluntad.
Algunas víctimas eran obligadas a realizar servicios sexuales totalmente deplorables y rechazables por las víctimas; en algunos casos, no se les pagaba.
En los diferentes registros realizados fueron intervenidas, además de armas, distintas sustancias estupefacientes; más de un kilo de metanfetamina y medio kilo de cocaína, así como 190.000 euros en efectivo, que se encontraban ocultos en distintos paquetes envasados al vacío.
Las sustancias estupefacientes eran utilizadas por la organización no sólo para su distribución a los clientes, por parte de las víctimas explotadas, sino también para que las propias víctimas se engancharan a estas sustancias y de esta forma acrecentaran sus supuestas deudas con la organización.
La operación ha desarrollada por la Sección de Trata de Seres Humanos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con el apoyo de otras Unidades del Cuerpo y de ONG,s especializadas en el contacto con las víctimas del delito de trata de seres humanos.
