La Fiscalía recibe una denuncia que acusa a un reformatorio de Almería de obligar a los internos a trabajar como albañiles
PATRICIA ORTEGA DOLZ. EL PAÍS.- La denuncia recibida el pasado enero en la Fiscalía de Almería, habla de “explotación de menores sin mesura”. El texto está firmado por “los trabajadores del Centro de Internamiento de Menores Infractores El Molino en Almería”, pero ninguno aporta su nombre y apellido. Allí viven 65 jóvenes que cumplen penas de privación de libertad. La denuncia señala que los menores fueron obligados a “realizar trabajos de albañilería con el agravante de llevarlos a cabo sin medidas de seguridad” y aporta fotografías y vídeos, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, en los que puede verse a los internos trabajando.
Según lo expuesto en el texto, y en las múltiples denuncias enviadas a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía desde 2016, los menores habrían sido los encargados de construir y remodelar todo el centro desde 2012. Según los trabajadores de El Molino en lugar de “contratar a una entidad adjudicataria con mano de obra cualificada y medios de seguridad precisos para el mantenimiento de las instalaciones”, como exige el pliego de licitación de la Junta, fueron los menores quienes, bajo la “excusa” de estar realizando “talleres” habrían llevado a cabo desde la construcción de módulos nuevos, hasta los baños, pasando por las ventanas y sus propias camas. La denuncia detalla las herramientas usadas por los menores para este fin: radiales, compresores, maquinaria para soldaduras, andamios, hormigoneras, taladros, perforadoras…
La Consejería de Justicia considera que “podrían ser talleres”, aunque asegura que recientemente han puesto el asunto en manos de la Fiscalía, que aún no se ha pronunciado al respecto. Los responsables del recinto, la Asociación Adis Meridianos, que gestiona ese centro —entre otros— desde 2001, se limitan a negar los hechos, y rechazan justificar las obras.
Respecto a esos trabajos en El Molino, el Defensor del Pueblo Andaluz recibió una carta de una de las internas, esta vez sí que estaba firmada. En la misiva, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, la joven detalla cómo un educador, que tenía cinco menores a su cargo, asume los trabajos de remodelación de los comedores que inicialmente había comenzado una empresa externa. “Y si quiere usted comprobarlo, consulte las denuncias en los juzgados de Almería”, remacha la carta de la joven, en libertad vigilada. Era el segundo escrito que dirigía a esa institución, que el pasado mes de septiembre le respondió: “Seguimos sin obtener respuesta de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación”.
La denuncia contra El Molino se suma a otras que tienen a los centros de internamiento para menores infractores en el punto de mira. La última conocida expuso la muerte hace un año del joven Ilias Tahiri en el centro de Oria, también en Almería, cuando seis vigilantes lo ataban a una cama. El proceso por la muerte del joven está pendiente de resolución después de que la Fiscalía solicitara el pasado mes de junio la reapertura del caso, archivado por la juez de Purchena como “muerte accidental”. Según fuentes judiciales, la juez (sustituta) ordenó el martes pasado la suspensión de ese “protocolo de contención” en ese centro, una petición que hace un mes reclamaron el fiscal y el Defensor del Pueblo, después de que EL PAÍS publicara el vídeo de la muerte del joven.
Presupuesto de millones de euros
La gestión de los centros de menores infractores cambió desde que, a raíz de la ley del menor que entró en vigor en 2001, se permitió a las comunidades autónomas dejar en manos de asociaciones sin ánimo de lucro —liberadas de impuestos y con posibilidad de recibir subvenciones— el control de los centros de menores condenados a privación de libertad. En la última licitación de 2015, la Junta de Andalucía prevé un presupuesto de 178,5 millones de euros para los ocho centros de este tipo que hay en su territorio, según el Boletín Oficial (BOJA). Los contratos de las entidades gestoras son por cuatro años (ampliables a dos más).
En ese último concurso, le correspondió a la Asociación para la Gestión de la Integración Social (Ginso) un total de 75,5 millones. Esta asociación gestiona dos de esos centros de internamiento (aparte de otro de “inserción laboral” de jóvenes) en Andalucía, y uno en Madrid (Teresa de Calcuta), donde murió en 2011 el joven Ramón Barrios en idénticas circunstancias a las de Ilias Tahiri. Al centro Oria, donde viven 130 internos y falleció Ilias, le correspondieron poco más de 40,5 millones de euros de ese presupuesto. Para el de La Marchenilla (Algeciras), por el que también pasó el joven, el contrato asciende a casi 35 millones.
Ginso, dirigida desde Madrid por el empresario de la construcción Alfredo Santos y el funcionario de prisiones Enrique Tuñón, arrancó tras recibir del entonces Gobierno de Esperanza Aguirre 157 millones euros en 2001 para construir y gestionar su centro de Madrid (Brea de Tajo). La entidad cuenta con un equipo de abogados y, ninguna de las denuncias que acumula de organizaciones de Derechos Humanos y del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa desde 2016, se ha traducido en condena alguna. En la actualidad mantiene un contencioso con varios de sus trabajadores de Almería por presuntamente atentar contra la intimidad de los menores al filtrar vídeos del trato recibido en el centro de Oria, cuyo director presentó su dimisión recientemente.
Por su parte, la asociación Adis Meridianos, objeto de la denuncia anónima por supuesta explotación de menores, gestiona —entre otros— dos centros en Andalucía. Según el BOJA, recibió 33,5 millones, de los que 19,3 son para el centro de El Molino. La entidad la coordina desde Sevilla el psicólogo Diego Vargas Vargas. En la Consejería de Justicia aseguran que recientemente se les concedió a ambas entidades la prórroga de dos años, aunque no será publicada hasta octubre.
En la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, dependiente de la consejería, reconocen tener conocimiento de las quejas y denuncias desde 2016 (en el Defensor del Menor, en la Delegación del Gobierno, en la Oficina del Gobierno local, y en la propia dirección general de Justicia), y afirman no haber traslado el asunto a la Fiscalía hasta el pasado mes de febrero, cuando tuvieron constancia de que la denuncia había llegado de hecho al ministerio fiscal. “Son escritos y mensajes anónimos, las imágenes no las tenemos”, justifican en la consejería.
De la reforma de los jardines a la construcción de baños
Según lo expuesto por los trabajadores en esa denuncia, los menores han acometido desde 2012 la rehabilitación del centro para seguir renovando contratos de licitación. La lista de obras que enumeran es larga: “edificación del taller de diseño, obra del taller de pintura y del vestuario y baño de los educadores, colocación del parqué de la dirección, aulas y salas de educadores, construcción de la sala de educadores y el office, cuarto de baño de la dirección, todos los trabajos de pintura del centro (y fachada exterior), reforma de los jardines (y estanque), cuarto de baño de menores, construcción del aula de convivencia, del taller de imagen 3-D, el de peluquería y el de carpintería metálica, fabricación de todas las camas en el taller de carpintería…”.
La consejería asegura que habló con la entidad y solicitó un informe y añade que “la Fiscalía de menores realiza visitas trimestrales a los centros y no ha manifestado irregularidad alguna”. Sí reconoce que “esas obras se deben hacer con empresas externas” y que el centro tiene que entregar ahora los contratos de obra. “Le hemos pasado todo a la delegación local de Justicia para que lo envíe a Fiscalía, desde el 3 de marzo tienen allí todos los documentos, pero estamos en las diligencias informativas, no hay decisión judicial de ningún tipo, tampoco en el caso de Oria”, argumentan.
La dirección de El Molino responde a las llamadas de este diario con un breve comunicado: “El centro fue visitado por Fiscalía el 12 de febrero de 2020 y, a requerimiento de la misma, Meridianos informó con fecha 25 de febrero a la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación con un informe detallado negando los hechos relatados en dicha denuncia anónima. Adis Meridianos, a fecha de hoy, no tiene constancia de ningún procedimiento judicial abierto”. Ni la Junta de Andalucía ni la entidad han facilitado ese informe ni datos del mismo: “La organización no va a informar sobre una denuncia anónima de hechos que se han negado y que ponían en entredicho la profesionalidad y honorabilidad de los trabajadores del Centro”, zanjó su portavoz.
