La Oficina de Derechos Civiles no tiene en cuenta, entre otros, el escrache contra Cayetana Álvarez de Toledo ni contra la entidad S’Ha Acabat en el campus de la Autónoma de Barcelona
ÁLVARO MEDINA. VOZ PÓPULI.– Colgar lazos amarillos en instituciones, invadir el espacio público con esteladas, agresiones y amenazas a constitucionalistas no aparecen en la geolocalización del nuevo mapa difundido por la Generalitat de Quim Torra, a través de la Oficina de Derechos Civiles y Políticos. Tampoco registra ataques a políticos en Cataluña cuando los afectados son de los considerados constitucionalistas, o los minimiza sin mostrar los motivos ideológicos de los mismos.
El organismo dirigido por Adam Majó, exdirigente de la CUP y del MDT, el considerado brazo político del grupo terrorista Terra Lliure, no ha tenido en cuenta hasta 55 casos de violencia política, al asegurar que se han registrado 134 ataques de esta índole en Cataluña durante los primeros meses de 2019 y pese a incluir el informe de Impulso Ciudadano, que había contabilizado un total de 189 casos entre amenazas, escraches y balas en buzones.
Para el director de la Oficina, el vandalismo puede llegar a ser simbólico, pese a que la palabra en sí se utiliza en los casos de destrozos y daños, «generalmente de carácter simbólico para quien recibe el efecto, con el objetivo de impedir el derecho a la libertad de expresión«, como son los ataques a sedes de asociaciones, edificios públicos, los murales, las banderas, monumentos, esculturas, placas conmemorativas o en las sedes de los partidos políticos.
Para los de Majó, en Torroella de Montgrí, la única agresión existente se basa en las pintadas en la casa familiar de Dolors Bassa. Ni una mención a las agresiones de independentistas durante una visita de Ciudadanos al municipio, donde varios de los separatistas limpiaron el suelo con lejía tras el paso de la comitiva naranja. Tampoco recoge las amenazas vertidas en Twitter del concejal de la CUP Carles Ventura, quien instó a la Policía Nacional a «mirar debajo del coche». «Vamos, que sois los imbéciles de siempre, pero repitiendo siglo XXI cada dos por tres para parecer nuevos o más modernos. Hala, a mirar debajo del coche«, escribió.
Nueva perversión del lenguaje
En su habitual perversión del lenguaje, para la Generalitat hay distintos grados de violencia, como un supuesto «vandalismo simbólico», como el saludo nazi en el escrache a Cayetana Álvarez de Toledo. No se menciona nada más sobre la conferencia organizada por S’Ha Acabat en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde la portavoz ‘popular’ en el Congreso fue protagonista de la foto del 11 de abril. Para esta oficina, la agresión se produjo por el otro bando debido a un presunto saludo fascista junto a «la candidata del PP por Barcelona». El afectado por ese gesto es «el pueblo catalán» por vulneración al derecho al «honor y daños a su propia imagen».
«Ataques contra la integridad física», como agresiones; «intimidaciones, insultos y amenazas», como los actos de producir miedo, intención de hacer daño, o ultrajes, de los cuales solo se han recogido los que son, a su juicio, «graves y peligrosos». La mayoría de los afectados, según la Generalitat, son independentistas, pese a que el informe de Impulso Ciudadano muestra hasta 73 ataques a partidos constitucionalistas en los nueve primeros meses del año, de los 134 que recoge la propia oficina en ese mismo tiempo.
Del escrache, en el que tuvieron que emplearse a fondo los Mossos de Esquadra para disuadir a los independentistas, ni una mención, como tampoco aparecen los ataques perpetrados contra la asociación constitucionalista en diversas ocasiones en ese mismo campus, como el ocurrido el pasado 9 de abril, pese a ver vídeos al respecto.
Agresiones contra independentistas
Para esta oficina, todas las agresiones ocurridas en Barcelona son contra independentistas. Como el atropello ocurrido el 21-F en Meridiana, el ataque con balines a una carpa de JxCat, los dos detenidos por agredir a un grupo de independentistas el 12-F. Por contra, el informe recoge los seis detenidos por agredir a participantes de un mitin de Vox. Este delito se define como «ataque a personas», sin que se recoja en ningún momento los motivos por los cuales se han producido. En el mapa difundido por la Generalitat, la agresión se ha producido en el mar, en vez de Plaza de España.
También habla de «intolerancia política», pese a la premisa del estudio: detectar toda vulneración, ataque o restricción a derechos básicos como la participación política, asociación, reunión, manifestación o libertad de expresión.
602 ataques en dos años
Según el propio informe, se habrían detectado hasta un total de 602 casos desde el 1-O hasta ahora, que han sido cartografiados en base a las denuncias recibidas directamente por la oficina, las comunicadas por ComuniCats, MediaCat, Impulso Ciudadano y diversos partidos políticos. Según el estudio, se han registrado 150 casos de ataques contra la integridad física, 99 ataques de «vandalismo contra particulares», 91 casos de intimidaciones, insultos y amenazas, 255 casos contra sedes de partidos políticos y entidades y siete de «vandalismo simbólico» en los últimos dos años.
Quitar lazos o esteladas de sitios públicos forman parte de estas denuncias registradas, donde el afectado es «el pueblo catalán» o «agresiones fascistas» a personas, la inmensa mayoría de «ultras» de extrema derecha. El informe califica de «vandalismo a personas particulares» lanzar pintura a un dirigente de Ciudadanos, pese a que atenta contra la «vida, integridad física y la libertad de expresión».
Quitar pancartas de los Ayuntamientos y de la Generalitat es «vandalismo contra entidades» al atentar contra el derecho al «honor y la propia imagen». En cambio, cuando se atacan sedes de partidos políticos, como las del PSC, PP, Ciudadanos, CUP, ERC, JxCat, PDeCat o Podemos es atentar contra el derecho de «la pluralidad política», pero atacar edificios ocupados, como la casa de Cádiz, se atenta contra la «libertad de expresión», igual que si se ataca a la sede de Crida Nacional.
